La Argentina está a punto de elegir su nuevo modelo de televisión abierta, y la presencia de las empresas de telecomunicaciones en la oferta de contenidos audiovisuales es lo que está acelerando la migración hacia la televisión digital, un nuevo sistema de transmisión que trae aparejado nada más ni nada menos que el paradigma de la convergencia, esa metáfora que sirve para señalar que los modelos de negocios de los radiodifusores y las empresas de telecomunicaciones ya no serán iguales. Internet borró los límites que había entre ellos. La infraestructura de comunicaciones tiende a ser una sola, los contenidos se mezclan; la posibilidad de que las personas puedan elegir lo que quieren ver trastrocó los modelos comerciales y, con ello, los consumos culturales. La elección de una tecnología no es una operación neutral, más bien todo lo contrario, obedece a un entramado político que en el caso de Latinoamérica se repite en varios de sus países. La Argentina fue uno de los primeros en elegir una norma para realizar pruebas de TV digital. En 1998, el gobierno de Carlos Menem firmó la resolución 2357/98, suscribiendo a la norma estadounidense.

Los sectores económicos norteamericanos como los europeos están presionando para que los países de la región se definan nuevamente. Entre diciembre del 2005 y febrero de este año, tanto los representantes del Foro ATSC como del DVB, defensor de la norma europea, se reunieron con empresarios locales y con el ahora ex secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, quien también firmó una carta de entendimiento con Brasil para que ambos países trabajen en la adopción de una norma común. Pero todo cambió cuando el gobierno de Lula da Silva manifestó estar a favor de la norma japonesa (ISDB-T), cuyo principal promotor es la cadena O Globo. Brasil se vería beneficiado con la financiación de las nuevas licencias y la producción de receptores para un parque potencial de 53 millones de equipos. Moreno tiene en sus manos las propuestas económicas de los tres consorcios; antes de fin de mes daría su veredicto.

Según explica Juan Carlos Guidobono, ex gerente corporativo de Tecnologías Audiovisuales de Grupo Clarín entre 1999 y 2001, el estándar promovido por el consorcio ATSC (EE.UU.) favorece principalmente a los canales de aire, que quieren seguir con su modelo de negocio tradicional: mayor público, por ende mayor rating y publicidad. En cambio, el consorcio DVB (Europa) favorecería a las empresas de telecomunicaciones que encontrarían en esta alternativa una forma de competir contra los operadores de cable. Su modelo de negocio sería pagar para ver. Y por último, la norma del consorcio japonés ISDB-T está diseñada para transmitir una señal fija y otra móvil en simultáneo.

Tanto los defensores del estándar estadounidense como los del europeo opinan que la Argentina puede convertirse en un país manufacturero de los equipos conversores de las señales analógicas a las digitales (set top boxes). Si toda la región latinoamericana adoptase la norma de EE.UU., sus defensores aseguran que podría alcanzarse la venta de 40 millones de unidades para el 2009, fecha en la que el país de George Bush apagará todos los equipos analógicos. En 1998, según datos brindados por Robert Graves, presidente del Foro ATSC, los conversores costaban 5 mil dólares; en el 2003 estaban alrededor de los 500 dólares. Y recién para el 2008 calculan que valdrán 50 dólares. Para alcanzar el precio deseado, la administración Bush ya asignó 1500 millones de dólares para subsidiar las compras de los conversores y asegurarse la venta masiva.

Pero en la Argentina, la primera inversión deberá correr por parte de los canales de televisión. Para generar programas en HDTV, los canales deberán adquirir cámaras, conmutadores, generadores de efectos y editores que soporten esta calidad. Telefé y Canal 13 ya hacen pruebas en los canales adyacentes, el 10 y el 12, respectivamente. Según indicó Guidobono, “Artear invirtió más o menos el millón de dólares desde 1998 hasta lafecha”. Para armar 5 estudios completos, se deberían invertir aproximadamente 1.800.000 dólares en equipos.

El diputado kirchnerista Osvaldo Nemirovsci reconoció que en charlas informales con los representantes de los canales de televisión aparece la posibilidad de que el Estado intervenga en sostener los costos de la migración. Por su parte, el senador oficialista Guillermo Jenefes, presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, fue más directo: “Creo que no deberían recibir ayuda financiera por parte del Estado; ésta es una actividad privada. De crearse un fideicomiso, se les pedirá que devuelvan el dinero”. De todas maneras, el Estado ya hizo algo a favor de los canales de televisión, pensando en las futuras inversiones que deberán hacer para el recambio tecnológico. En mayo del 2005, el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 527/05, suspendiendo el cómputo del tiempo de todas las licencias de radiodifusión por 10 años. Uno de los argumentos fue, justamente, “proceder a la incorporación de nuevas tecnologías, como la digital, que impliquen una mejora e innovación en su respectivo rubro”.