El subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, tiene aparición muy frecuente en los medios y, casi siempre, esas noticias están enfocadas a los métodos que emplea, a su llamativo estilo, a sus ruidosas intervenciones, y también a sus deslices y exabruptos, como aquella vez que pretendió meter a sus inspectores en las playas de estacionamiento de los albergues transitorios, o cuando maltrató verbalmente a algún juez que falló a favor de los incumplidores. Pero lo que muy rara vez ocurre es que los medios se ocupen también de los fines.

La excepción fue Clarín del lunes pasado, que en una cobertura sobre el operativo de fiscalización que Montoya emprendió para este fin de semana largo no sólo cuestionó su escaso “recato”, lo criticó por “rozar la ilegalidad”, y lo calificó acertadamente como “sensacionalista” y “marketinero”, sino que además el diario indagó en los resultados, variable nada despreciable para quien es el encargado de recaudar fondos para una provincia. El diario comparó la evolución de la recaudación bonaerense con la de la AFIP desde el fin de la Convertibilidad a esta parte, y tras observar un crecimiento parejo (algo mayor en la Nación) concluyó que “las diferencias de estilo para recaudar impuestos no se reflejan en las cifras”.

Lo primero que se debe señalar es que ese ejercicio equivale a comparar peras con manzanas, algo que como mucho puede servir para extraer conclusiones obvias, como que son frutas de forma, color y gusto diferente. A los efectos de cotejar eficacia, el resultado global de lo que recaudan Alberto Abad y Montoya dice poquísimo. Hay al menos dos motivos de enorme incidencia que invalidan el procedimiento:

• El primero es que una parte nada despreciable del crecimiento en la recaudación de la AFIP se debe a los derechos de exportación, que eran un impuesto inexistente en 2001. En la provincia, en cambio, la estructura tributaria sigue siendo la misma.

• Además de que los derechos de exportación capturaron para la Nación una porción importante del brusco incremento exportador que se produjo por el efecto combinado de la devaluación y del aumento de los precios de la soja y del petróleo (entre otros), el resto de la recaudación de la AFIP está apoyado sobre impuestos procíclicos (es decir que suben automáticamente cuando hay crecimiento económico), como IVA y Ganancias; en la provincia, Ingresos Brutos también tiene esas características y es el que más aporta, pero hay mayor incidencia que en la Nación de impuestos que no están muy correlacionados con la expansión como Inmobiliario y Patentes. Según el polémico Montoya, también habría que considerar su abrumadora desventaja frente a la AFIP en materia de disponibilidad de recursos para llevar adelante campañas de difusión educadas, prolijas y “precisas”. Alguna vez dijo que mientras su colega Abad cuenta con decenas de millones de pesos para publicidad, él se tiene que valer de la repercusión mediática de sus actuaciones y sobreactuaciones marketineras. El argumento es muy poco consistente, porque si él considera insuficiente el presupuesto publicitario es en parte responsable como integrante del gobierno de Felipe Solá, que no asigna los recursos necesarios.

Dejando de lado esto último, plantear el partido AFIP vs. Rentas o Montoya vs. Abad no tiene sentido o conduce a error. Para no equivocarse hay que comparar manzanas con manzanas (o si se prefiere peras con peras), que en este caso sería la recaudación de estados provinciales de condiciones similares. Si se toma la evolución de las cuatro más grandes se observa una amplia ventaja de Buenos Aires, sobre Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, en ese orden. Hay que descender hasta el tamaño de Mendoza, que en materia de ingresos fiscales es menos de una décima parte que Buenos Aires, para encontrar una provincia que la supera en performance, y muy levemente.

Como se ve, además de “efectista” Montoya resulta eficaz. Pero hay otra arista del asunto que los críticos de Montoya suelen omitir, y es que la “persecución” está fundamentalmente apuntada a los incumplidores de alto poder contributivo. Fue el caso de la confiscación de autos, de las inspecciones y clausuras en countries, y de 1200 denuncias presentadas contra empresas grandes o muy grandes, en general por irregularidades en Ingresos Brutos, a las que se les reclaman montos impagos por cerca de 400 millones de pesos.

A no confundir con que el fin justifica los medios. Ya que, a lo sumo, lo controversial de Montoya no son los medios sino la forma en que los usa. Y sobre gustos.... valen los resultados.