La actual gestión de gobierno insiste en repetir sus estrategias de años anteriores en la elaboración de un presupuesto cuya discusión parlamentaria carece de todo tipo de relevancia. Esto es así por dos hechos fundamentales: a) la existencia de amplias facultades delegadas en el jefe de Gabinete de Ministros, que puede modificar completamente la distribución de partidas aprobada por el Legislativo; y b) la subestimación de las metas macroeconómicas y de ingresos públicos, lo que deriva en la existencia de un excedente de superávit fiscal de libre asignación por parte del Poder Ejecutivo.

Con esto presente, este análisis del presupuesto permite realizar algunas observaciones sobre la orientación de política económica y la estrategia de gestión del actual gobierno. Algunas de las cuestiones revisadas son las siguientes:

• La confianza del gobierno en las bondades de una macroeconomía ordenada como sostén del crecimiento económico, y la vigencia de la teoría de derrame de este crecimiento como modo de resolver los problemas sociales.

• La confirmación, en este sentido, del establecimiento de una meta de superávit fiscal como primera prioridad y el ajuste posterior de los ingresos y los gastos de acuerdo con lo que la observancia de esta meta permite.

• La estrategia de subestimación del crecimiento del PBI y con ello de las metas presupuestarias de ingresos y gastos. Con la consecuencia de que esto obtura los mecanismos para que el Poder Legislativo decida su asignación.

• El sostenimiento de una regresiva estructura tributaria y el abandono de toda pretensión transformadora, como podría ser el establecimiento de un ámbito institucional para la evaluación de las políticas de ingresos tributarios actuales y la promoción de cambios.

• La persistencia de gastos tributarios de cuestionable impacto. Los beneficios generados por esta política se concentran en sectores de altos ingresos personales y grandes empresas.

• La expansión decreciente del gasto público total, con una fuerte concentración de esta expansión en la función Previsión Social.

• En relación con los programas asistenciales no hay modificaciones en las lógicas centrales de su funcionamiento, simplemente traspaso de beneficiarios entre programas y jurisdicciones. Esto implica una pérdida del valor real de los beneficios distribuidos, y la consolidación de prácticas focalizadas y clientelares.

• En cuanto al gasto en educación, ciencia y técnica, se debe reconocer la prioridad dada a esta función por parte del gobierno. Sin embargo, la ecuación educativa está fuertemente determinada por lo que suceda al nivel de los gastos provinciales.

• En la inversión pública, los recursos asignados a esta función se proyectan en un nivel relativamente estable en términos nominales, lo que implica una reducción en términos reales, quebrando por tanto la tendencia de recuperación de los años anteriores.

• Existe una gran desprolijidad en la confección de la nómina de proyectos de inversión, en particular en lo referente a proyectos con inicio teórico en el 2007, pero que comprometen recursos para ejercicios futuros.

Finalmente, el presupuesto 2007 vuelve a abusar del uso de fondos de manejo discrecional. Tal es el caso de los Fondos Fiduciarios y las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Estas partidas, si bien se incluyen sus montos globales en el presupuesto, tienen una asignación imprecisa e incierta, con normativas de control poco claras y en la mayoría de los casos incumplidas, dotando de esta manera de un alto nivel de arbitrariedad a su manejo.

* Investigadores del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp).