A la producción primaria le tocó la peor parte en materia de apropiación de los beneficios de la devaluación. Hay que reconocerlo, la parte no es mala, pero entre los sectores empresarios es la peor. A diferencia de sus pares industriales, los “hombres de campo” fueron los más perjudicados por el desdoblamiento del tipo de cambio vía retenciones. Y si bien desde el primer día, en el aciago 2002, quedó claro que ésas eran las nuevas reglas del novel modelo exportador, el sector nunca bajó las banderas de la pelea contra el desdoblamiento cambiario. Pero la mala fortuna no terminó con la disminución de la potencia del tipo de cambio.

Una pieza clave del programa económico consiste en evitar que los ajustes de salarios “se coman el modelo”. Es decir, evitar que se anule el beneficio que los exportadores logran en base a salarios relativamente bajos en dólares.

La lucha es bípeda. Una de sus patas consiste en mantener a raya la suba de salarios nominales. Luego de una larga contención por la vía de los aumentos de suma fija y algunas descompresiones puntuales, en 2006 y en el sector formal, se pactaron subas promedio del 19 por ciento. Para el 2007, empresarios y clase política trabajan en la construcción de un consenso en torno de aumentos salariales del 14 por ciento. Es decir, con un recupero de ingresos de unos pocos puntos por encima de la inflación (pocos puntos reales).

La segunda pata de la lucha se asienta en mantener el poder adquisitivo de esos salarios relativamente contenidos. Si se soltasen sin más las fuerzas del “mercado”, los precios de la canasta erosionarían el poder de compra del salario, quizá hasta niveles incompatibles con la armonía social tan cara al discurso del Gobierno. Conocida es, en este punto, la denodada y detallista batalla cotidiana del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Comercio Interior.

Otra vez aquí al sector agropecuario le toca la peor parte. La industria puede verse compelida a contener los precios de algunos productos, pero lo compensa por una doble vía. Primero, porque consume mucha más mano de obra que el campo y se beneficia con el mantenimiento de salarios bajos. Segundo, porque su oferta es más diversificada y no está obligada a contener los precios de todos sus productos. Para muchos analistas hay por lo menos dos inflaciones. La de la canasta que mide el IPC sería sólo una de ellas. La de la canasta de consumo de una familia de ingresos medios hacia arriba, otra.

Desde esta perspectiva, el sector agropecuario tiene menos opciones. En su ecuación productiva el peso de la mano de obra, en particular en la Pampa Húmeda, es muy inferior al de la industria, por eso sus dirigentes pueden darse un tipo de lujo que “los industriales” jamás osarían: decir, para horror de Héctor Méndez, que “el problema no es que los precios sean altos, sino que los salarios son bajos”. Luego, uno de sus bienes más dependientes del mercado interno, la carne, forma parte de la canasta de consumo que el Gobierno (el modelo) quiere (requiere) mantener bajo control. No es casual que en la contienda actual los ganaderos sean los más enojados. Los productores sojeros no tienen este problema. Si algún día el aumento de la producción y el área sembrada de soja afectan la oferta de cereales y, por lo tanto, el precio de la canasta de bienes salarios, no es un problema de corto plazo. Si la carne sube en Liniers o por afuera de Liniers, como se vio la semana que pasó, eso pega en el IPC de mañana, en las expectativas de inflación para 2007 y en la puja salarial. La contienda, vista desde la lógica del modelo, no parece ofrecer muchas alternativas. Para los ganaderos es una desgracia, más cuando la carne no deja de subir en el mercado internacional.

El lock out –siempre mal llamado “paro”– que unirá a tirios y troyanos –aunque no tanto– esta semana será, en consecuencia, un nuevo catalizador de los justos malos humores sectoriales. Pero poco podrá lograr, primero, porque no es una herramienta que, más allá de su poder de fuego mediático, tenga gran efectividad. Los hombres de campo son, al fin y al cabo, empresarios que saben medir sus pérdidas, actuales y potenciales (hasta el desabastecimiento puede combatirse con importación). Finalmente, porque no incluye toda la verdad decir que el Gobierno no tiene una política agropecuaria. La tiene y muy concreta: privilegiar la lógica salarial del modelo por sobre los reclamo de los ganaderos.

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