Horacio Giberti es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y uno de los mayores especialistas en política agropecuaria. Fue presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a fines de los ’50 y secretario de Agricultura durante el breve gobierno de Héctor Campora. Además, su libro Historia económica de la ganadería argentina se convirtió en un clásico de la materia. A pocos días del fin del lock-out agropecuario más importante de los últimos treinta años, Cash dialogó con él para conocer su opinión sobre la actual situación que atraviesa el campo.

La última vez que el campo realizó un lock-out más extenso que el actual fue en 1975, ¿éste es el peor momento que atraviesan los productores rurales en los últimos 31 años?

–No, ni remotamente. En el 2002 la proporción de créditos morosos respecto de la cartera total agropecuaria era del 54 por ciento y ahora es de apenas el 4 por ciento. El otro indicador que muestra el buen momento del sector es el valor de los campos que actualmente valen dos o tres veces más por hectárea que hace cuatro años.

¿Entonces el paro es por motivos político-ideológicos como denunció el Gobierno?

–Todo paro es político. En este caso lo hacen porque quieren ganar más plata.

Siempre quieren ganar más pero en otros períodos de menor rentabilidad no hicieron un lock-out como el actual.

–Lo que pasa es que ahora los precios internacionales de la carne y los granos son muy altos y como no alcanzan para satisfacer al mercado interno y al internacional, lo que quieren las entidades es que no haya restricciones a las exportaciones ni retenciones para poder gozar plenamente de esas cotizaciones y que el consumo interno deba reducirse por el alto precio.

¿La situación en el campo es igual para todos?

–No se puede hablar del campo como un colectivo homogéneo. No es lo mismo producir hortalizas en el noroeste que trigo en la Pampa Húmeda. Las entidades rurales que impulsaron el lock-out son eminentemente pampeanas. Por lo tanto, sus argumentos se deben juzgar analizando lo que sucede en esa región.

Pero dentro de la Pampa Húmeda el sector tampoco es homogéneo.

–Las explotaciones que arrastran problemas crediticios están en una situación mucho más difícil. Es un grupo muy reducido. Su situación habrá que contemplarla. No pueden definirse esos casos aumentando los precios de todos los productos.

También se observan diferencias en cuanto al acceso a las innovaciones tecnológicas que fue incorporando el campo.

–El progreso técnico provocó una profunda transformación en la estructura de las explotaciones agropecuarias a partir de la década del ’60. El maíz, por ejemplo, era un cultivo que se sembraba con la semilla que se producía el año anterior. Se araba y se sembraba con caballos que se alimentaban con el pasto y los granos que producía la propia chacra. Las necesidades de capital eran muy bajas porque se utilizaban unas pocas máquinas muy sencillas. Además, no se usaban herbicidas ni fertilizantes. El costo fundamental era la cosecha que se pagaba en función de la cantidad producida.

¿Cuándo cambia esta situación?

–El primer cambio grande se genera con la aparición del maíz híbrido, una semilla cara que se les compra a los criaderos. Paralelamente se empiezan a utilizar herbicidas porque cuando se producen pocos kilos no vale la pena combatir un insecto porque puede salir más caro que el daño que produce, pero cuando la producción aumenta es indispensable. Además se incorporan los fertilizantes porque para que el híbrido manifieste toda su potencialidad es necesario darle más alimento. El resultado es un gasto fijo previo a la cosecha mucho mayor. Por lo tanto, para producir, el chacarero tiene que tener una gran cantidad de dinero o endeudarse.

Pero esos cambios permitieron mejorar la eficiencia del campo.

–Desde el punto de vista técnico sin duda es un progreso, pero ese proceso realizado en un contexto donde el Estado fue desapareciendo provocó una enorme concentración de la producción. Las grandes explotaciones contrataron técnicos para aplicar las innovaciones, pero los pequeños necesitaban de un INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que se fue retirando. Además, los créditos pasaron a darse más por el respaldo económico del solicitante que por su capacidad técnica. El crédito de fomento prácticamente desapareció. Otro elemento a tener en cuenta es que con la incorporación de las semillas híbridas se obtiene una mejora promedio en los resultados, pero si se pierde la cosecha por cuestiones climáticas no hay forma de recuperar la inversión. La solución para los pequeños productores que no tienen respaldo económico es un seguro integral, pero como el Estado se retiró no hay seguro.

¿Los fondos de inversión que operan actualmente en el sector agropecuario son una consecuencia de esa transformación?

–Es una consecuencia de ese proceso y también responde a la decisión de (José Alfredo) Martínez de Hoz de modificar la ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales cuando estuvo al frente del Ministerio de Economía. La ley limitaba a una sola vez la posibilidad de contratar arrendamientos para una sola cosecha, pero Martínez de Hoz eliminó esa cláusula. Eso permitió el surgimiento de formas de explotación especulativa, fondos de siembra que hoy se dedican a cultivar maíz y mañana a cualquier otra actividad. Por eso lo que procuran es la menor inversión en capital fijo. Arriendan tierra y alquilan maquinaria. Utilizan poco personal y el comercio del pueblo que atendía las necesidades de esa zona disminuye.

Esos fondos no sólo les alquilan la tierra a los pequeños y medianos chacareros sino también a los grandes.

–Desde luego. Las leyes de arrendamiento estaban concebidas para proteger al arrendatario frente al propietario, que era el que podía establecer las condiciones del arrendamiento a su gusto. Hoy se da la situación diferente porque los grandes fondos de siembra son los que fijan las condiciones y el propietario, aunque sea grande, no tiene mayor peso frente al arrendatario. Si hubiera que modificar la ley habría que defender al propietario en lugar del arrendatario.

¿De qué manera?

–Volviendo al sistema de prohibir el contrato por un año y luego impedir el establecimiento de ciertas cláusulas abusivas. La Ley de Arrendamiento obligaba a un uso racional del suelo, mientras que en el sistema actual se puede trabajar irracionalmente el suelo sin que haya un castigo legal.

¿La dirigencia agropecuaria representa a esos nuevos sectores?

–No, son agentes especulativos de corto plazo que no tienen mayores vínculos con los dirigentes del sector. Hoy una gran proporción de la soja está sembrada por fondos de siembra.

¿La decisión del Gobierno de intervenir en estos mercados le parece correcta?

–El Gobierno tiene una debilidad intrínseca porque carece de un plan de desarrollo nacional. Sin ese plan es muy difícil diseñar una política agropecuaria porque ambas van de la mano. Entonces se actúa con medidas sueltas, casi de contragolpe, que no abarcan el problema en su integralidad y que son vacilantes, como en el caso de la suba y posterior baja del peso mínimo de faena. La intervención del Estado debe apuntar a defender los intereses nacionales y eso implica una fuerte resistencia de intereses minoritarios. Por lo tanto, cuando se toma una medida se debe tener la decisión política de llevarla adelante. Establecer los precios de referencia es quedarse a mitad de camino porque no son obligatorios y además se fijan de manera indefinida ya que las últimas intervenciones ni siquiera llevan la firma oficial. Lo que se debería hacer es recrear la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos.

Los sectores liberales aseguran que la fijación de precios máximos lo único que garantiza es la aparición del mercado negro.

–Surge el mercado negro porque los sectores más perjudicados no participan. Esperan pasivamente que el Gobierno haga cumplir los precios máximos, pero ellos están dispuestos a pagar cualquier precio. Si no se convierte al consumidor en un elemento activo es claro que los precios máximos no van a servir para nada.

La ganadería fue perdiendo terreno frente a la soja, ¿qué puede hacer el Estado para incentivar un aumento de la producción de ganado sin tener que subsidiar a sectores que no lo necesitan?

–Con el precio actual de la soja cualquier chacarero se pone a sembrarla. Es una cuestión lógica, pero si se cultiva fuera de una rotación adecuada a la larga el suelo pierde fertilidad y eso genera pérdidas. Esa situación se puede reencauzar con una activa intervención del Estado. Con un buen servicio de extensión por parte del INTA que les muestre a los productores la conveniencia de una rotación y con un sistema crediticio de fomento que dé crédito para programas de producción diseñados para el largo plazo. Esos son los dos ejes fundamentales para reorientar la producción.

Esas son medidas de mediano y largo plazo. ¿En el corto plazo, con stock estancado y demanda creciente, se pueden esperar restricciones para el consumo de carne, como las antiguas vedas?

–En el corto plazo se debe atender el consumo interno restringiendo las exportaciones como se lo está haciendo, pero ese consumo debe ser limitado y de ser necesario debería volverse a la veda, porque si no la otra regulación es por el precio. Con vedas y precios máximos se puede hacer que la carne llegue a los que tienen recursos limitados.

Los ganaderos afirman que la intervención del Gobierno hasta ahora sólo sirvió para transferir una parte de su renta a otros eslabones de la cadena como frigoríficos y matarifes.

–Es cierto, pero en lugar de denunciar a los frigoríficos critican al Gobierno. Ellos dicen que los frigoríficos se abusan, pero no hacen nada para impedirlo. Deberían participar para ayudar a disciplinarlos. Si los productores aceptan pasivamente los abusos de los intermediarios la situación no se va a revertir. En el caso del trigo, por ejemplo, siempre hubo diferencia entre el precio declarado por los exportadores y lo que efectivamente reciben. La Federación Agraria denunció alguna vez que los precios de pizarra no son transparentes, pero no hicieron nada más, pese a ser un hecho escandaloso. Además, las entidades aceptaron pasivamente, cuando no aplaudieron, la disolución de la Junta Nacional de Granos que era el único instrumento que podía poner en vereda a los exportadores.