Miguel Bein, director de Bein & Asociados

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Asegurar el mantenimiento del superávit fiscal primario de la Nación en 3,6 por ciento del PIB. No pido más superávit para frenar a la economía sino para que el Tesoro pueda comprar los dólares que no compró en 2006 y que son necesarios para sostener un tipo de cambio competitivo, porque los únicos pesos gratis para comprar dólares son los que provienen del superávit fiscal.

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Asegurar la coordinación de una política de ingresos que permita un aumento del 4 por ciento en el salario real promedio durante 2007. Esto supone continuar con la política de algunos precios administrados y negociar un paraguas salarial nominal que no supere el 15 por ciento.

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Empezar con algunas políticas sectoriales específicas de aliento a la inversión y a la posibilidad de provocar shocks de aumento de productividad. La intención es que el país pueda tener un marco regulatorio de incentivos sectoriales que evite la discrecionalidad o el hecho de tener que tomar decisiones proyecto por proyecto. Para ello es necesario tratar de establecer un marco regulatorio que, por ejemplo, aliente la inversión en biodiésel en el largo plazo.

Claudio Lozano, de IDEF-CTA

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Reemplazar el actual sistema de asignaciones familiares, que sólo beneficia a los que trabajan en blanco, por una asignación universal por hijo de 70 pesos, financiable con el excedente de recaudación disponible para el año 2007. Esta medida permitiría impulsar una estrategia de redistribución del ingreso.

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Recuperar el manejo soberano de los recursos naturales, fijando como prioridad para lograrlo la reinstauración del papel rector del Estado en el manejo de los hidrocarburos a partir de la eliminación de la libre disponibilidad del crudo que mantienen las empresas. Esta medida permitiría cambiar el marco regulatorio, pues el Estado se reubicaría en su papel de definidor de precios, administración y uso de los recursos naturales. El objetivo es recuperar los 9 mil millones de dólares de renta petrolera para garantizar el desarrollo de la infraestructura, inversiones en el área energética y posibilidades para un nuevo proyecto productivo.

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Fortalecer la participación popular en la toma de decisiones, teniendo como prioridad garantizar la libertad y la democracia sindical para favorecer la organización autónoma y libre de los trabajadores. Esta medida les permitiría tener mejor y mayor capacidad para discutir el reparto de las riquezas y las rentas en nuestro país.

Pablo Rojo, consultor financiero

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Adoptar una tarifa social en el servicio eléctrico que congele los valores para los menores consumos domiciliarios y dejar que por arriba de ese nivel el consumo refleje el verdadero costo de generar y distribuir nueva energía. Para implementar esta medida es necesario diseñar un esquema de transición gradual, pero se debe empezar cuanto antes a estimular la producción energética porque, si no, se desembocará en una crisis extremadamente costosa.

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El Gobierno debe establecer con precisión cuál va a ser el nivel de retenciones a las exportaciones en el sector agropecuario y asumir el compromiso de mantener ese nivel. Esto es fundamental para que el agro pueda aprovechar las excelentes condiciones internacionales y no quede sujeto a la arbitrariedad que supone modificar las retenciones de un producto cada vez que su precio aumenta o disminuye. Además se deben suprimir todas las restricciones cuantitativas a las exportaciones.

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Estimular la inversión. Un problema actual es el aumento de la presión impositiva sobre la inversión debido al no ajuste de los balances. Las empresas que invirtieron mucho en los ’90 están amortizando sobre la base nominal de los valores de las inversiones, con lo cual están amortizando una tercera parte de lo que realmente invirtieron. De este modo, el fisco no sólo avanza sobre las ganancias empresarias sino también sobre el capital. Para modificar esta situación se debe acortar el plazo de amortización de las nuevas inversiones.

Eduardo Curia, economista

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En la negociación salarial, el Gobierno tiene que fijar una pauta de referencia vinculada con la inflación proyectada para todo el año más uno o dos puntos. Ese porcentaje se ubica en el margen de lo posible y le permitiría a la mayoría de las empresas otorgar el aumento sin trasladarlo a precios. Ahora bien, si se sobrepasa esa pauta, como piden los gremios, se estaría tensionando la negociación más de la cuenta y se producirían desbordes que podrían poner en riesgo los acuerdos de precios.

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Se debe mejorar el diseño de la matriz monetaria, porque el tipo de cambio se está apreciando más de la cuenta. El año pasado se revaluó entre 5 y 6 por ciento en términos reales y en el Presupuesto se asume que la apreciación es producto de la búsqueda de una cotización de equilibrio, visión que no comparto. Se debe mejorar el control de capitales y la Tesorería tendría que estar apareciendo en el mercado de cambios por lo menos en los porcentajes de 2005.

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Controlar las cuentas fiscales para evitar que no haya excesivos desbordes a nivel provincial. La Tesorería nacional debe defender la performance que ha tenido en los dos últimos años sin introducir grandes modificaciones y que sirva de demostración para las provincias.

Mercedes Marcó del Pont, de FIDE

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Se debe plantear una sintonía más fina en la institucionalidad de las políticas de intervención estatal en los mercados, no sólo negociando con los principales formadores de precios sino empezando a visualizar qué pasa en las distintas cadenas sectoriales para ver quién se queda con el grueso del excedente. Lo que se tiene que evitar es que una política de negociación de precios termine promoviendo una mayor concentración y dañando a las pequeñas y medianas empresas.

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La implantación de las retenciones a las exportaciones y el aumento de ganancias delineó un perfil tributario más progresivo, pero para darle un carácter estructural al cambio es necesario comenzar a discutir, por ejemplo, las exenciones que tiene actualmente el impuesto a las Ganancias.

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También es importante debatir la viabilidad del sistema previsional. Como primer paso se debería habilitar el pasaje del régimen de capitalización a reparto. Las AFJP fracasaron porque no dieron respuesta al problema previsional de la Argentina. El Estado ha hecho esfuerzos para ir incorporando a los que han quedado afuera, pero la cuestión de fondo consiste en garantizar la viabilidad del sistema a mediano y largo plazo.

Rubén Lo Vuolo, del Ciepp

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En el área social, para mejorar el bajo impacto redistributivo: i) cambiar el programa de asignaciones familiares por otro de alcance universal para toda la infancia; ii) cambiar el programa previsional por otro que contemple una jubilación universal no contributiva y un sistema de reparto financieramente equilibrado y organizado en cuentas nocionales; iii) universalización efectiva de la salud y la educación pública, con aumento de la inversión vinculada con cambios en la coparticipación federal de impuestos y la reprogramación de la deuda provincial con la Nación.

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En el área productiva, para mejorar la fuerte concentración y extranjerización económica, así como también la dependencia de la matriz extractiva de recursos naturales: i) reformulación de programas de incentivos fiscales por un programa federal de apoyo a las pymes vinculado con la eliminación del empleo no registrado; ii) reorientación de la política crediticia; iii) creación de fondos de inversión regionales orientados a proyectos de inversión en sectores específicos.

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En el área tributaria, para mejorar su carácter regresivo y volátil: i) en impuesto a las Ganancias, la eliminación de exenciones a las rentas financieras y ganancias de capital, junto con unificación e incremento de mínimos no imponibles; ii) en IVA, reducción de tasa general y supresión o devolución por compras con tarjeta; iii) En Bienes Personales, incremento del piso deducible y aumento alícuota para grandes patrimonios.

Juan J. Llach, de IAE-Universidad Austral

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Combatir más genuinamente la inflación. Los acuerdos de precios irán perdiendo eficacia y, cuanto antes mejor, hay que ir reemplazándolos por políticas fiscales y monetarias contracíclicas, con más superávit fiscal y menos compra de reservas por el BCRA.

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Mejorar la distribución del ingreso. Además de moderar la inflación, eliminar muchas de las exenciones impositivas, que serán nada menos que 15 mil millones de pesos en 2007 y benefician principalmente a los más ricos. Así se podría rebajar al 10,5 por ciento el IVA para todos los alimentos y financiar mejor la educación, la salud y la promoción social. También, aumentar las tarifas domiciliarias de servicios públicos para los altos consumos, moderando de paso problemas futuros.

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Reducir el sesgo antiexportador. Pese a la recuperación de 2006, el crecimiento de las exportaciones en cantidades desde la devaluación dista de ser brillante. Para aprovechar la gran oportunidad que ofrecen Asia y otras regiones, implantar mecanismos que aseguren el consumo interno de alimentos a precios accesibles sin limitar las exportaciones de carnes, lácteos, trigo, maíz.

Lamentablemente, es muy poco probable que se tomen medidas de este tipo, por ser 2007 un año electoral y porque prevalece en el Gobierno y en la sociedad un triunfalismo narcisista análogo al de los ’90.

Miguel Braun, del Cippec

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Mantener el superávit fiscal primario y la política de desendeudamiento. Para ello es necesario, en lo que refiere a los ingresos, implementar algunas reformas en el sistema tributario, por ejemplo, en la base imponible de Ganancias para incorporar rentas financieras. Con relación al gasto, es necesario mejorar su calidad y controlar las demandas de aumento que van a surgir en un año electoral.

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Aprovechar el buen momento de la economía para discutir la estrategia de desarrollo del país y empezar a definir qué sectores van a ser prioritarios. Creo que la Argentina debe agregarles valor a sus ventajas comparativas naturales en materia agrícola e impulsar el desarrollo de aquellas actividades que requieren mano de obra calificada como, por ejemplo, el diseño. No obstante, lo importante es que las prioridades surjan de un comité de planeamiento estratégico que incorpore el aporte de académicos, empresarios, funcionarios del Gobierno y políticos de la oposición.

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Garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo que prevé un aumento del gasto, tanto del gobierno nacional como de las provincias, y el cumplimiento de una serie de objetivos para mejorar la calidad y la equidad en el sistema. La única manera de terminar en el largo plazo con la división entre incluidos y excluidos es a través de una fuerte inversión educativa, sobre todo para la gente con menos recursos.

Ricardo Delgado, de Ecolatina

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Anunciar un cronograma de desmantelamiento de los acuerdos de precios y de actualización de precios rezagados, como las tarifas residenciales de servicios públicos y el transporte. Negociar, no más allá de marzo, una pauta de ajuste salarial nominal inferior a 14 por ciento anual, escalonada, basándose en el crecimiento nominal esperado de la economía para 2007. Estos anuncios despejarían el horizonte de incertidumbre que existe en las empresas y le daría mayor previsibilidad al proceso de inversión.

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Optimizar el uso de los instrumentos de política fiscal y monetaria. Hacer explícito el fondo fiscal anticíclico, sus usos y mecanismos de funcionamiento. Se observa una dinámica –todavía no explosiva– de aumento de la deuda del BCRA y muy poca presencia del Tesoro en el mercado de cambios para sostener al dólar. No se esperan problemas para 2007, pero sí complicaciones crecientes en adelante si no aumentan los niveles de ahorro público. No descartar la profundización de los controles existentes a los flujos financieros de capitales si, como se prevé, la liquidez internacional se incrementa durante el primer semestre.

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Más y mejores políticas públicas en el mercado laboral. La tasa de desempleo sigue elevada y las empresas no consiguen personal con las calificaciones buscadas. Un 40 por ciento de los desocupados no tiene calificación suficiente. Comienzan a observarse programas específicos de capacitación laboral –desde las empresas y también de esferas del gobierno local–, pero no aparece la articulación ni los recursos necesarios a nivel nacional.

Leonardo Bleger, del Banco Credicoop

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Aplicación de un programa de políticas de ingreso de carácter universal para atender la situación de los sectores sociales más vulnerables: desocupados (seguro de empleo y formación), menores pobres (subsidio vinculado con el sistema escolar y de salud) y ancianos sin ingreso previsional. Esta medida permitiría disminuir drásticamente la indigencia y mejorar la distribución del ingreso.

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Reforma impositiva de carácter progresivo. Aumentar la tributación –y combatir la evasión– sobre las grandes ganancias y patrimonios (impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, impuesto a la herencia). Revisar el régimen de retenciones (aumentar en ciertos rubros de hidrocarburos, minería y commodities industriales), anular ciertas exenciones –gastos tributarios– que benefician a sectores de altos ingresos y diferenciar la tributación sobre el consumo, beneficiando a los bienes de consumo popular frente a los suntuarios.

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Programa integral de apoyo a las pymes y cooperativas para alentar el crecimiento de la inversión y la generación de más puestos de trabajo. Así se avanzaría en democratizar la economía (hoy concentrada y extranjerizada). Incluye profundizar lo que se está haciendo en materia de mayor acceso al crédito, medidas tributarias como la aprobación del proyecto de ley para desgravar las ganancias pyme reinvertidas y normas que faciliten el blanqueo de la fuerza laboral.