François Chesnais es un reconocido economista marxista, profesor emérito de la Universidad de París XIII e integrante del Consejo Científico de Attac Francia. Especializado en los procesos de mundialización del capital vinculados al predominio de la acumulación financiera, Chesnais analiza la fase actual de innovación tecnológica como un momento donde crecen al mismo tiempo la explotación y la desocupación, por lo que la figura del “ejército industrial de reserva” se expande a toda la sociedad. De visita en Buenos Aires invitado por el IADE, Chesnais conversó con Cash sobre la situación actual de Francia, sacudida en los últimos años por manifestaciones contra la precariedad laboral con un fuerte protagonismo, según el economista, de los jóvenes de origen migrante de los suburbios.

Usted viene a hablar de las luchas en Francia. ¿Cuál es su fuerza actual?

–La situación en Francia se caracteriza por una toma de conciencia creciente de lo que significa la llamada “adaptación” a la mundialización o globalización, tanto en el nivel político a partir de la votación en contra del referéndum (a la Constitución Europea), como en luchas directas de los distintos sectores como los empleados del Estado y los jóvenes que buscan su primer empleo. Esto se da a través de múltiples expresiones de repudio contra las reformas de las políticas sociales francesas para promover precisamente esta adaptación a los requerimientos del capital. Pero, al mismo tiempo, hay un grado bastante alto de divorcio entre las respuestas de la política institucional y esas manifestaciones que muestran querer otro horizonte.

¿Por qué?

–Por parte de algunos partidos se debe a que directamente aceptan esa adaptación a la mundialización del capital y otros porque adoptan un fatalismo que dice que las relaciones de fuerza son tales que no permiten otra posibilidad que la que existe. Entonces, luego se discute sólo cómo hacer las cosas más suaves o tibias. Algunas de esas luchas tienen un grado de radicalidad, efectiva o potencial, muy fuerte.

¿Por ejemplo?

–Creo que la más radical fue la lucha de los jóvenes desocupados, en su mayoría hijos de migrantes, que viven en las grandes periferias –las llamadas cités–, que se sucedieron entre noviembre y diciembre de 2005 y que volvieron a manifestarse el año pasado. Esto anunció que hay un sector amplio de jóvenes desocupados o con empleos muy precarios que tienen formas de autoorganización desconocidas para los políticos y para la policía misma. Hay ahí una concentración de revuelta muy importante y si a esos jóvenes no se les da una perspectiva de vida digna, esa rebeldía va a expresarse cada vez más y más. Incluso la lucha de los estudiantes contra el contrato de primer empleo fue un combate llevado a cabo por la capa de esa juventud que es de origen magrebí o sudafricano y que logra entrar en la universidad; son estudiantes que, por origen migrante, tenían lazos con las periferias. En esas protestas también tuvieron participación los jóvenes que acá les llamarían de “clase media baja”, que tampoco vislumbran cuál será su futuro.

¿Cómo caracteriza el tipo de reclamo de estas protestas?

–Coinciden con un momento donde aumentan los flujos de migrantes que intentan entrar a trabajar en los países de la Unión Europea. Algo notable de las revueltas de los suburbios es que se dieron por fuera completamente de cualquier marco religioso; fueron por reivindicaciones sociales y políticas. Incluso se intentó que ciertos líderes de autoridad islámica actuaran como una fuerza de orden para tranquilizar las cosas, pero no funcionó.

¿Qué efectos tiene la mano de obra migrante y clandestina en la reorganización del trabajo?

–La migración clandestina –conocida por la policía y tolerada por el Estado– se concentra en talleres textiles clandestinos y como trabajo ocasional en el agro francés. Y además está contemplada en lo que hacen todas las grandes empresas a nivel europeo que subcontratan a empresas polacas, húngaras, checas, rumanas. Estas subcontratadas trasladan a su personal, por ejemplo, a los astilleros franceses, en condiciones de empleo y salario totalmente ilegales pero que el Estado permite. Muchas veces también los sindicatos franceses se callan.