Con respecto a las prepagas, valen algunas aclaraciones:

1. No se debe generalizar, en especial si se mencionan aspectos negativos. En nuestra Cooperativa Comi cuando fallece el titular, el cónyuge o quien le siga en orden automáticamente pasa a ser titular, excepto que se trate de menores de edad no emancipados, en cuyo caso deben tener autorización judicial.

2. No es cierto que no existan registros. Nosotros estamos inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud y en un registro especial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3. No es cierto que no existan controles. Tres veces por año debemos informar acerca de variaciones en los planes y en los costos de los mismos. Además como cooperativa estamos sujetos al control del INAES.

4. Los sanatorios no son de goma y si tienen 100 camas, por ejemplo, no pueden internar a 101 pacientes, y hoy en día hay gran carencia de camas disponibles, así que muchas veces hay que internar donde se consigue cama, tratando en lo posible de ubicar a los pacientes en sanatorios de características similares a las ofrecidas en los respectivos planes.

5. El famoso programa médico obligatorio (PMO) no es un programa de prestaciones mínimas, sino como se jactó algún funcionario es uno de los más amplios y abarcadores que existen en el mundo. Lo que este programa no prevé en el caso de las entidades privadas (sean o no entidades de lucro) es de dónde proviene el financiamiento de las cada vez más costosas y altamente complejas prestaciones que lo incluyen y las que permanentemente se agregan, e inevitablemente el costo debe salir del bolsillo de los usuarios. Pregunto: ¿no sería más justo que dicho financiamiento saliera del presupuesto del Estado utilizando los cuantiosos superávit que se consiguen año tras año?

6. Hace aproximadamente unos tres meses se publicaron en Página/12 dos artículos con serias denuncias en cuanto al manejo cuasi ilícito en la utilización de medicamentos y prótesis de altísimo costo y la gran incidencia que esta circunstancia tenía sobre los gastos (casi siempre no necesarios) de todo el sistema de salud (público, privado y de la seguridad social). Sugiero su relectura, ya que allí se mencionaban nombres, apellidos y se identificaban empresas participantes de estos hechos. Las denuncias, presentadas ante la Cámara de Diputados, fueron hechas por los agentes de propaganda médica.

Quiero aclararle que soy un convencido de que la salud es un derecho humano esencial, junto con otros, y como tal debe estar asegurado por el Estado.

Por último, quedo a su disposición si considera que puedo aportar algún dato más para tratar estos temas con la mayor ecuanimidad. Reciba un cordial saludo.

Jaime Krawechik
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