NOTA DE TAPA
› Por Marcelo Zlotogwiazda
Al compás del extraordinario crecimiento económico bajaron fuertemente el desempleo, la pobreza y la indigencia, pero no así el trabajo en negro, que si bien muestra una leve disminución sigue en niveles altísimos y superiores a los de los años ’90. Son aproximadamente cinco millones de personas que ganan en promedio apenas un poco más que la mitad de los trabajadores en blanco, y que, además, no gozan de cobertura social, no tienen seguro por accidentes de trabajo, ni van a acceder automáticamente a una jubilación digna. Entre esa multitud hay para colmo miles en situación extrema de semiesclavitud, que aún hoy trabajan en talleres textiles como el que se incendió un año atrás en Caballito, pero que también se los encuentra en proveedores de alimentos de grandes cadenas de supermercados, o como obreros indocumentados de las torres más lujosas de Puerto Madero.
El trabajo informal ha sido una de las variables con menos sensibilidad positiva al crecimiento económico, ya que si bien bajó desde un pico que rozó el 50 por ciento de los asalariados en lo peor de la crisis, se ubica ahora en un alarmante 43 por ciento.
El problema es más complejo aún si se tiene en cuenta que en los últimos años el Estado asumió un rol más activo en las tareas de control y en las campañas de blanqueo, si bien es cierto que el punto de partida era de casi total ausencia. Con una tendencia marcadamente creciente y con una dotación de inspectores que pasó de menos de cien a casi mil en la actualidad, el Plan Nacional de Regularización del Trabajo registra un acumulado de casi 400.000 establecimientos inspeccionados desde 2003 hasta la semana pasada, en los que se relevaron 1.143.500 trabajadores. Los resultados muestran que 64 de cada cien empresas no cumplían con las normas laborales, aunque la proporción del empleo no registrado en esos lugares es inferior al 20 por ciento del total. De las fiscalizaciones surge que los sectores con mayor cantidad y porcentaje de empleo en negro son la construcción, el agropecuario, el textil y el calzado.
Además de la identificación sectorial, la otra característica del núcleo duro de este mal endémico es la tercerización o subcontratación laboral, uno de los cambios más profundos que sufrió el mercado de trabajo en los últimos quince años a partir de la generalización de la modalidad de flexibilizar y precarizar el empleo. Según señaló a Cash el subsecretario de Fiscalización del Trabajo, Julio Casavelos, “hay empresas que subcontratan para ganar eficiencia o para sacarse problemas de encima, pero hay muchas otras que lo hacen como forma de disimular empleo no registrado”.
¿Algún ejemplo de cómo se negrea de esa manera? –preguntó este suplemento.
–Es muy común en la construcción, y se da en obras chicas pero también en torres de muy alto valor.
Un caso concreto es el de las torres Renoir, dos edificios gemelos de 50 pisos cada uno que están en plena construcción en Puerto Madero por parte de una sociedad entre Dypsa y una firma de Miami que estiman invertir un total de 50 millones de dólares. A razón de más de 3000 dólares el metro cuadrado como precio de venta, Renoir pinta como para dejar una ganancia significativa, no obstante lo cual en la obra se detectaron trabajadores no registrados y varios inmigrantes indocumentados.
El descargo de las grandes firmas constructoras, o de los dueños de las marcas de ropa fashion como Kosiuko (para donde habrían trabajado los bolivianos fallecidos un año atrás en un taller clandestino de Caballito) o como la recientemente denunciada Soho, es que ellos desconocen y no pueden controlar lo que hacen sus proveedores o contratistas. Casavelos rechaza de plano la excusa. “Nadie puede alegar desconocer lo que hace un subcontratista porque son legal y solidariamente responsables. La mejor demostración es por contraste. Hay empresas grandes que subcontratan y que se preocupan de implementar sistemas de control que garantizan el cumplimiento de las normas por parte de sus proveedores”, señaló.
El funcionario muestra el resultado de una inspección realizada en las torres Palermo Hollywood I y II ubicadas en Humboldt al 1900, un emprendimiento de Design Developer Group que está siendo construido por Techint. A diferencia de la ilegalidad dominante que encontraron en las torres Renoir, en estos doce mil metros cuadrados a todo lujo quince de los dieciséis contratistas tenían a sus 75 obreros en regla, y se les escapó uno con 3 en negro.
El ejemplo de Puerto Madero o el de los confeccionistas de marcas fashion demuestran que la informalidad no es patrimonio del pequeño comercio, del cuentapropismo o de pymes con márgenes de supervivencia impedidas de cumplir la ley. Pero hay muchos botones más. Por caso, la mayor parte de la verdura fina empacada en bandeja que se vendía hasta hace muy poco en Carrefour, Jumbo, Norte y Coto eran elaboradas por las firmas Wanchi y First Food, donde los inspectores hallaron a 36 personas trabajando en condiciones de cama caliente, totalmente en negro, y la mitad de ellos extranjeros indocumentados. Si bien la relación laboral con los hipermercados es indirecta, como ya explicó el funcionario la responsabilidad es también de ellos.
Un prejuicio que sí es cierto es que en el barrio de Once se negrea mucho. Al menos se cumple en el rubro textil. Un mes atrás se realizó un operativo en 73 comercios y talleres donde trabajaban 365 personas, de las cuales el 59 por ciento no estaba registrada, entre las cuales también había indocumentados. En la galería Internacional en Corrientes y Pasteur ingresaron a un local donde cuatro personas no registradas realizaban tareas de terminación (ojal, botones, planchado y embolsado) de ropa para chicos de marca Paula Cahen D’Anvers, que a pocas cuadras, en el shopping Abasto, se venden hasta por 300 pesos la prenda. Contactados por el Ministerio de Trabajo, representantes de los dueños de la conocida marca acusaron al taller de falsificación y convinieron una cita en el lugar para el día siguiente con el fin de confirmar la presunción y formalizar la denuncia. No asistieron al encuentro, y desde ese día el caso es un expediente en estudio.
Lejos de ese barrio, en el parque industrial de Almirante Brown es fácil percibir el buen momento productivo. De las 160 empresas radicadas, hay 34 que están en construcción o en etapa de ampliación y que emplean a 189 personas. Hace un par de semanas recibieron la indeseada visita de los inspectores que encontraron 50 obreros empleados en negro por firmas que gozan de desgravaciones.
El jueves 29 de marzo este diario reveló que en nueve grandes recitales (Shakira, U2, Rolling Stones, Ricky Martin, Santana, Roger Waters, Robbie Williams, Alejandro Sanz y Diego Torres), que tuvieron lugar desde comienzos del año pasado en los estadios de River Plate, Vélez Sarsfield y en el Campo Argentino de Polo, las respectivas inspecciones detectaron sobre un total de 2917 personas relevadas (acomodadores, personal de gastronomía, agentes de seguridad, operarios de montaje) 1503 no registrados, lo que representa en promedio un 51,5 por ciento de negreo. Al día siguiente, la Cámara de Empresas Argentinas de la Cultura (Caece) que nuclea a los organizadores de espectáculos musicales difundió un comunicado señalando que los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo no se corresponden con las infracciones labradas, y atribuyó las irregularidades a los contratistas. En la cartera laboral ratifican la información original, subrayan que los organizadores son también responsables por sus proveedores, y agregan que, además, se aplicaron multas a dos de los organizadores (Ozono Producciones y Compañía de Entretenimientos y Comunicaciones) por tener el día del recital personal en negro (17 y 228, respectivamente) empleados en forma directa.
Pero la mayor informalidad no está entre multitudes sino en el ámbito casero. Pese a los logros de la campaña a favor del blanqueo, pese a que el Estado lo estimula cubriendo el pago de los aportes patronales y en muchos casos el subsidio llega incluso a compensar parte del sueldo, en la Argentina sigue habiendo más de 700.000 empleadas domésticas en negro. Que limpian y planchan la ropa de la familia, que cocinan, tienden la cama, cuidan la casa y crían los chicos.
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El empleo en negro no es un problema exclusivo de la Argentina sino de toda la región, pero las diferentes metodologías utilizadas en cada país para medirlo dificultan las comparaciones. El informe Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, ofrece una serie homogénea que permite comparar la informalidad en el empleo urbano de 17 países. En 2005 el sector informal empleaba en América latina al 48,5 por ciento de los trabajadores. El podio lo ocupan Bolivia (67,1), Paraguay (61,3) y Nicaragua (58,8). Argentina figura en el puesto 13, con un 43,6 por ciento de informalidad, quedando sólo cuatro países con porcentajes menores: México (42,6), Costa Rica (39,9), Panamá (37,6) y Chile (31,9 por ciento). El problema surge cuando se rastrea cuáles son los criterios que se toman en cuenta para definir la informalidad.
La elaboración de estadísticas sobre el sector informal por parte de los distintos países de América latina surgió a partir de la necesidad de contemplar a aquella mano de obra que el sector más moderno de la economía no estaba en condiciones de emplear y que terminaba trabajando en actividades de bajos ingresos, capital y tecnología. Las categorías ocupacionales que se consideran para esa medición son:
Trabajadores por cuenta propia o independientes, con exclusión de los grupos ocupacionales integrados por profesionales y técnicos.
Trabajadores familiares no remunerados.
Empleadores y asalariados del sector privado en establecimientos de cinco o menos ocupados.
Trabajadores del servicio doméstico con un tratamiento separado.
Esta es la definición tradicional que considera la OIT.
Sin embargo, en la XVII Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, efectuada en 2003, se aprobó una nueva definición que considera al empleo informal como “el número total de empleos informales, tanto si están ocupados en empresas del sector formal o informal”. A partir de esta nueva directriz, algunos institutos de estadísticas introdujeron cambios en sus cuestionarios dirigidos a tratar de identificar a aquellos asalariados, tanto en el sector formal como informal, cuya relación de trabajo, sea ésta de hecho o de derecho, no se encuentra cubierta por determinadas prestaciones sociales o reglamentos establecidos en la legislación laboral.
La OIT presenta por primera vez en su último informe estimaciones preliminares a partir de estas nuevas recomendaciones, pero sólo de cinco países cuyas encuestas de hogares permiten obtener esas cifras (Argentina, Colombia, Ecuador, México y Panamá). Allí se observa que el empleo informal en los sectores informal y formal alcanzó en 2005 alrededor de 60 por ciento en promedio, aunque no se ofrecen datos desagregados. “Esta alta tasa puede reflejar el hecho de que las reformas laborales aplicadas en América latina en los años ‘90, en particular aquellas asociadas a las nuevas modalidades de contratación, condujeron a una mayor precariedad laboral, lo que se manifiesta en una alta proporción de empleos informales, tanto en el sector formal como en el informal”, destaca la OIT.
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