El ministro de Economía, Miguel Peirano, en un reportaje publicado en el sitio de Internet Fruticultura Sur, defiende los acuerdos entre privados como marco para resolver los conflictos al interior de los circuitos agroindustriales, aunque remarca la necesidad de que el Estado juegue un rol activo en materia de coordinación. A continuación se transcribe esa entrevista.

Su arribo al Ministerio de Economía fue leído como la llegada de un “hombre de la UIA”. Es inevitable la pregunta sobre qué lugar ocupan las economías regionales y las agroindustrias en su agenda de prioridades.

–También es inevitable que diga que el Gobierno está comprometido con una política para asegurar el desarrollo de todos los sectores productivos. El 43 por ciento de crecimiento registrado entre 2003 y 2007 fue equilibrado sectorialmente. Se recuperaron todos los sectores; la industria, la actividad agropecuaria y los servicios. Ese mismo equilibrio se advierte también en términos regionales.

Para que esto suceda el Gobierno mantuvo una política basada en equilibrios macroeconómicos básicos; con eje en un tipo de cambio competitivo, con superávit fiscal y comercial. A su vez, esta política global debe ser acompañada por políticas específicas que permitan garantizar rentabilidad a todos los sectores y regiones.

–Este es el camino para consolidar un aparato productivo que satisfaga prioritariamente al mercado interno y también al externo. Para ello es necesario profundizar el diálogo con los gobiernos provinciales con el fin de consolidar el trabajo que se ha realizado hasta el momento, para garantizar soluciones a las necesidades que las administraciones locales demandan, así como también para fortalecerlas en la orientación que vienen dando a su desarrollo.

Miguel Peirano: “Intervenir para organizar coordinadamente la producción”. Foto: Gustavo Mujica

En la región los productores primarios se quejan por los bajos precios conseguidos en la primera venta y hablan de la existencia de un oligopsonio. ¿Cuál cree que tiene que ser el rol del Estado frente a estas fallas en general y en la fruticultura en particular?

–El rol del Estado debe ser activo. Debe intervenir para dar las soluciones que permitan organizar coordinadamente la producción. Los sectores de la producción primaria, del empaque, la conservación, el sector comercializador y el sector exportador deben estructurar una coordinación hacia el interior de su actividad, y de esta forma generar un producto de calidad y sanidad que sea competitivo en los mercados internacionales.

En relación con el acuerdo entre privados implícito en los llamados Planes Integrales existe cierto escepticismo en que las asimetrías de poder del mercado se resuelvan voluntariamente. ¿Qué soluciones se esperan de los Planes Integrales?

–Existen permanentemente acciones coordinadas con el sector privado para alcanzar objetivos comunes. En nuestro país encontramos numerosos casos de cooperación empresaria que permitieron mejorar sustancialmente la productividad de diversos sectores o regiones. Ejemplos de esto son la vitivinicultura en Mendoza, los productores metalmecánicos y lácteos en Rafaela, Santa Fe, o los numerosos grupos exportadores que coordinan acciones para bajar costos en ferias internacionales, estudios comerciales u operativos. Es un dato de la realidad que las soluciones a los problemas de coordinación microeconómica deben resolverse a través de la cooperación. Obviamente el papel del Estado es fundamental para dar un marco a estos acuerdos, ya sea como mediador o como proveedor de información.

Un problema que suele estar “por detrás” de los bajos precios es el de las dificultades de reconversión que experimentaron muchos productores. ¿Qué puede esperarse en este plano?

–En materia financiera, desde la política económica, se avanzó a través de programas de subsidio de tasa para mejorar las condiciones de financiamiento de las empresas, y con programas que mejoran la situación en términos de plazo.

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