El máximo organismo de planificación de China, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, dispuso el congelamiento de todos los precios de la economía hasta fin de año. El diario independiente South China Morning Post informó que el objetivo del gobierno es mantener la estabilidad y controlar la inflación. Esa drástica medida fue impulsada por el salto que describió el índice de precios, que en agosto se situó en niveles del 6,5 por ciento. Esa suba estuvo motorizada, según describe el periódico, por el crecimiento de los precios de los alimentos. La Comisión emitió un comunicado enérgico: “Cualquier aumento de precios no autorizado está estrictamente prohibido”, y además recomendó a los gobiernos locales supervisar especialmente los de alimentos, electricidad y medicinas. En el diario se analizó que el objetivo de esa decisión apunta a tener un mercado estable para ayudar a crear un “ambiente pacífico” para la celebración de XVII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, previsto para fines de octubre.

Ese encuentro máximo de las autoridades chinas coincide en la fecha con un evento que en Argentina tiene la misma relevancia que esa cita de jerarcas del Partido Comunista: las elecciones presidenciales. Esa misma obsesión por transitar un evento político relevante con “estabilidad social”, según interpretaron analistas chinos la orden de prohibir la suba de precios, tiene el gobierno de Néstor Kirchner con el índice de precios al consumidor. La diferencia es que los chinos atacaron directamente sobre el frente de los precios, mientras que aquí se abandonó como objetivo principal esa tarea, concentrando la avanzada sobre el instituto público que hace el relevamiento y difunde posteriormente la inflación.

La intensa gestión de Kirchner será motivo de acalorados debates, por las muchas cosas buenas que realizó, por las también varias que no hizo y por cuestiones que quedarán en polémicas eternas. Pero ese balance tendrá una mancha que no podrá borrar, que le quedará como marca de agua. Y esta se ubica en un nivel especial, que no es ni por las buenas acciones, ni por las malas y ni por las que se puedan ubicar en una situación indefinida, sino que, a esta altura, ha adquirido una categoría diferente: la del escándalo, la torpeza, el comportamiento infantil, la de una política autodestructiva. Todo eso y más constituye la intervención bochornosa del Indec. Hasta aliados firmes del Gobierno, como las Madres de Plaza de Mayo de Hebe Bonafini repudiaron el matonismo y la violencia que ejercen delegados del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, sobre trabajadores del Instituto. También el titular de la CGT, Hugo Moyano, afirmó públicamente que “nadie les cree a los números del Indec”.

La persistencia en la manipulación grosera de las estadísticas es de una necedad asombrosa, no sólo por sus efectos perversos sobre las expectativas económicas, sino como lógica de construcción de consenso político. En cada uno de los meses, en lo que va del año, el Gobierno informó un Indice de Precios al Consumidor retocado en forma burda, exponiendo una actitud autista frente a la realidad. Así, con cada nuevo comunicado del IPC, ha ido profundizando la crisis, hasta contaminar la interpretación de evolución de ciertas variables que han sido positivas a lo largo de su gestión, como la caída de la pobreza y la indigencia. Respecto a este último indicador, parece una estrategia preparada por el enemigo: si bien a un ritmo bastante más lento que la intensidad del crecimiento supondría, las variables sociales han registrado una sustancial mejora teniendo en cuenta desde el pozo en que se encontraban. Incluso si se ajustaba el indicador de pobreza e indigencia por los aumentos estimados por el IPC Nacional o por los relevados por las consultoras privadas, dada el alza de los salarios en todos lo segmentos laborales, el aumento del empleo y la caída del trabajo en negro, se puede suponer que igual hubiera descendido, pero no a las cifras informadas el jueves por el Indec. O sea, una noticia algo favorable quedó envuelta en otro escándalo, que no tiene nada que ver con la existencia también de cuestionamientos metodológicos por la utilización de una encuesta de gastos de hace veinte años, que subestima la cantidad de pobres.

Una pelea política, un griterío en una sesión en el Congreso o uno de los tantos espectáculos lamentables que ofrece la clase dirigente quedan en el olvido porque son tapados por otro nuevo escándalo. En cambio, resulta obvio que la manipulación de estadísticas no puede ser ocultado porque se repite mes a mes, lo que amplifica el desastre. Sólo un negador puede evaluar que ese comportamiento no ha de terminar en una crisis de proporciones. En esta misma columna, el pasado 4 de febrero, apenas se difundió el índice de precios de enero, en el primer número que puso la mano Moreno, ya se advertía sobre las consecuencias de esa intervención, con un título premonitorio: “Boomerang”.

En ese artículo se rescataba un documento de los economistas del Plan Fénix, cuando el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, cuestionaba al Indec por la medición de la pobreza. Ese trabajo hoy adquiere otra vez urgente actualidad. Ese grupo de economistas de la UBA destacaba que “el papel del Indec es muy importante, especialmente, en una sociedad democrática que quiere construir un futuro de prosperidad y equidad”. Explicaban que la información estadística es un bien público y, en consecuencia, su provisión es una obligación ineludible del Estado. Insistían con que el activo principal de un organismo de estadísticas es su credibilidad, señalando que “ésta se apoya sobre la aplicación de criterios metodológicos estrictamente técnicos y sostenidos en el tiempo para asegurar la comparabilidad de la serie de datos”. Resaltaban que las metodologías no pueden modificarse en función de las conveniencias políticas percibidas en cada momento ya que ello tiende a destruir la reputación del organismo de estadísticas.

La tarea de reconstrucción del Indec no será fácil. El desplazamiento de la delegada personal de Moreno, Beatriz Paglieri, constituye una señal política pero apenas un primer paso simbólico tras ese objetivo. La seriedad y responsabilidad de todos los protagonistas, del Gobierno y la oposición, de los técnicos, economistas y ex funcionarios vinculados al Instituto, deberán prevalecer frente a las miserias, frustraciones y prepotencia que dejará esta triste experiencia de intervención violenta del Indec.

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