En primer término debemos precisar de qué hablamos cuando nos referimos a “desarrollo sostenible”. Es imposible efectuar cualquier tipo de análisis sin tener en cuenta la crisis en la que se encuentra inmerso el capitalismo mundial. Crisis reconocida ya por los propios países centrales, lo que no es menor, ya que, a diferencia de crisis anteriores, la actual se desarrolla justamente en el centro del sistema. El presidente de Estados Unidos anunció un plan para aminorar las consecuencias de la crisis sobre los deudores hipotecarios. Así, esta crisis eminentemente financiera ya tiene consecuencias en la denominada “economía real”. Y como siempre, principalmente en los trabajadores. Ello hace que estemos hablando ya de crisis económica y no sólo financiera.

En esas circunstancias, lo que se propone como “desarrollo sostenible” es la supervivencia del sistema capitalista en su fase actual, lo que dado el grado de profundidad de la crisis resulta algo por demás utópico. En efecto, no existe desarrollo sostenible del capitalismo en el marco de una crisis financiera de tal magnitud. Si se tiene en cuenta, además, que a diferencia de épocas anteriores, el sistema se encuentra totalmente desregulado fruto de la política exacerbada del libre mercado, en el cual conviven mercados paralelos sin ningún tipo de intervención estatal. Ello hace más probable la acentuación de la crisis que su solución, lo que impide plantear el “desarrollo sostenible” del sistema.

A ello debe sumarse la indiscriminada y también desregulada explotación de los recursos naturales y estratégicos del planeta. La afectación de superficie de la tierra destinada a la producción de alimentos para la producción de biocombustible atenta contra la alimentación de la humanidad, encareciendo el precio de los alimentos.

En este punto debo afirmar que provengo de una central de trabajadores que se define anticapitalista, por lo que no concebimos el concepto de “desarrollo sostenible” como la supervivencia del sistema. Antes bien, nuestro objetivo es justamente la abolición del capitalismo.

Ahora bien, va de suyo que la solución propuesta frente a la actual crisis desde el centro y los gobiernos de la periferia subordinados a aquél recaerá sobre los trabajadores, ya que se trata en su lógica de sostener el capitalismo y los niveles de rentabilidad de sus empresas. Se puede afirmar, además, que la rentabilidad media mundial se afirma sobre los niveles de superexplotación de los trabajadores del Tercer Mundo. El concepto de “trabajo decente” que se plantea en esas circunstancias es el que, fruto del retroceso del Derecho del Trabajo y el avance de la denominada flexibilización laboral, se instauró desde la década del ’80 a partir de los gobiernos de Thatcher y Reagan en el centro, y en el caso de Argentina con Menem.

De ese modo, conceptos tales como “desarrollo sostenible” y “trabajo decente” pretenden “asociar” a los trabajadores a las consecuencias de las crisis. Es decir, cargar sobre sus espaldas el peso de la misma. Frente a ello es que planteamos que el “trabajo decente” no es más que el que en los albores del siglo XX se definiera como trabajo digno. Ello implica la garantía de salarios mínimos vitales de acuerdo con su concepción histórica. En la Argentina, al igual que en la mayoría de los países que lo definieron, salario mínimo vital es aquel que asegure al trabajador alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, transporte, esparcimiento, vacaciones, asistencia sanitaria y previsión.

En cuanto a las condiciones de trabajo, la jornada limitada a ocho horas diarias que fuera bandera inclaudicable de la clase trabajadora mundial, así como la seguridad e higiene en el trabajo, son también premisas básicas del “trabajo decente” en esos términos. De más está señalar que los salarios reales de los trabajadores en Argentina están muy por debajo de aquellos aún definidos por la Constitución Nacional, y que las jornadas de trabajo exceden en mucho aquella histórica conquista de las ocho horas. La desocupación y subocupación generan además que gran parte de la población se encuentre sumida en la pobreza, extremo que es aceptado como consecuencia natural del desarrollo.

Por el contrario, una política de pleno empleo y salarios dignos es la que debe contraponerse al deterioro físico y espiritual de los trabajadores al que el desarrollo del sistema los ha llevado. Afirmamos así que la actual política de salarios de pobreza y desocupación sistémica es la que permite que el capital industrial y el capital financiero compartan con comodidad las ganancias del sistema, a costa de la superexplotación de la clase trabajadora, que progresivamente va disminuyendo su nivel de vida.

Por tanto, el rol de los sindicatos está, ante todo, en la defensa de esos derechos de los trabajadores, en la lucha por su reinstauración en aquellos términos, y por el pleno empleo. Esta lucha, sin embargo, es imprescindible que sea acompañada de un poder de análisis y visión de la situación en su conjunto, de modo de no escindir la necesaria reivindicación económica de la lucha política.

En este sentido es imperativo asegurar la vigencia de la libertad sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva libre. Este último planteo es de vital importancia, ya que sin la herramienta fundamental de los trabajadores organizados, la huelga, y su consecuencia, la negociación colectiva, será imposible dicho objetivo. Es por ello que experiencias europeas conocidas como “diálogo social”, que se pretenden trasladar a Latinoamérica, comienzan por la regulación y limitación del derecho de huelga, para luego avanzar sobre los derechos conquistados, con la finalidad de ratificar el sistema tal cual se encuentra en este momento.

La magnitud y modalidad de la ofensiva nos obligan a pensar, además, en la ampliación del marco constitutivo tradicional de los sindicatos, para incluir en los mismos a los trabajadores desocupados y jubilados, así como la acción conjunta con organizaciones populares, sociales y campesinas.

Asimismo, en el marco de la crisis internacional ya comentada, es imperativo plantearse como rol de los sindicatos del mundo que cualesquiera sean las consecuencias de la crisis, la clase trabajadora internacional se compromete a la defensa de la paz mundial como condición de la defensa de los derechos de los trabajadores, oponiéndose firmemente a las rebajas de salarios, a la ampliación de la jornada de trabajo y, por supuesto, a cualquier aventura bélica, que en el marco de la situación descripta podría desembocar en un conflicto generalizado.

Para enfrentarse a ello se necesitará más que nunca la más amplia libertad de acción y de pensamiento. Esa debe ser sin duda la definición del Foro Internacional sobre Globalización Económica y Sindicatos: la firme y organizada respuesta de los trabajadores del mundo frente a la globalización económica y las consecuencias de la crisis que el propio sistema capitalista engendró.

* Secretario adjunto de la CTA.