La Industria del Software y Servicios Informáticos (SSI) tuvo una tasa neta de creación de empresas del 11 por ciento en cuatro años, pasando de 500 registradas en 2002 a más de 1000 en 2006. El empleo en el sector tuvo un aumento importante en ese período, casi triplicándose, al sumar 47.000 trabajadores en 2007. Mientras, las exportaciones crecieron 400 por ciento. La Ley 25.856, promulgada el 6 de enero de 2004, reconoce que la producción de software como una actividad asimilable a la industrial, pudiendo así acceder a la percepción de beneficios que el gobierno nacional fijase para ese sector.

En agosto de ese mismo año se sancionó la Ley 25.922, creándose un Régimen de Promoción de la Industria del Software con jurisdicción nacional y con vigencia por un período de 10 años. Se dispone que las actividades de creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su documentación técnica asociada, entre otras, serían objeto de determinados beneficios mediante mecanismos impositivos y/o fiscales.

Para los sujetos incorporados al régimen, se estableció la estabilidad fiscal hasta el 17 de septiembre de 2014 y, adicionalmente para quienes acrediten tareas de investigación y desarrollo de software, actividades tendientes a la obtención de una norma de calidad reconocida y a quienes realicen exportaciones, la desgravación del 60 por ciento en el monto total del impuesto a las ganancias. Y también la posibilidad de convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70 por ciento de las contribuciones patronales y utilizarlo para la cancelación de determinados tributos nacionales, como el IVA.

Los instrumentos que coordina y gestiona la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional en el marco del programa de apoyo a la industria del software y servicios informático incluyen la certificación de normas de calidad y asistencia técnica, capacitación en recursos humanos, formación y desarrollo de clusters (actualmente existen en Rosario, Neuquén, el NOA –Tucumán, Salta y Jujuy– y el NEA –Chaco y Corrientes–), promoción de exportaciones, apoyo a la creación de pymes y facilidades de financiamiento.

Uno de los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a los beneficios derivados del régimen es presentar un certificado de calidad de producto o servicio, obligatorio a partir de mayo de 2008 para todas las firmas.

En el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación se administra el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software con el objeto de financiar proyectos de investigación, programas de capacitación, de mejora en la calidad de procesos y de asistencia para la creación de nuevos emprendimientos en el sector. En abril de 2007 se lanzó una línea de crédito para las empresas SSI en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa por 10 millones de pesos.

A pesar de las cifras auspiciosas y de los programas de apoyo anteriormente mencionados, el sector continúa enfrentando grandes dificultades, algunas compartidas por las pymes en general.

Uno de los frentes donde se presentan los mayores problemas es en la escasez de recursos humanos. Consultado por Cash, Alberto Garay, de OyG, afirmó que “la instalación de software factories en el país agrava la competencia por programadores y analistas. El régimen cambiario actual favorece la instalación de este tipo de compañías, que debido a los costos diferenciales pueden ofrecer sueldos más altos que las empresas nacionales y así absorber y atraer la mano de obra capacitada”. Agregó que “el problema es grave, además, porque lo que hacen estas factorías son programas que se exportan y se ensamblan en algún lugar del exterior donde generan valor agregado”.

Garay distingue cuatro grandes dificultades para las empresas locales de SSI:

1. La falta de recursos, tanto humanos como de financiamiento.

2. La pelea contra las software factories.

3. Los obstáculos para acceder al empresariado local, que prefiere los productos extranjeros y no valora la producción nacional.

4. La creciente extranjerización de la economía, donde muchas de las empresas que se venden prefieren traer el software de sus casas matrices, perdiendo así las pymes de esta industria sus actuales y potenciales clientes.

Otro de los problemas que afecta a este sector es el manejo de la propiedad intelectual, regida en la Argentina por una ley de 1933 que establece el régimen general. Según un estudio de Business Software Alliance (BSA) y de International Data Corporation, una reducción del 10 por ciento en el índice de piratería entre 2008 y 2011 –hoy ese indicador se ubica en el 75 por ciento– generaría en la Argentina alrededor de 3900 nuevos puestos de trabajo, además de contribuir con 81 millones de dólares en ingresos fiscales y 630 millones en inversiones adicionales en un lapso de cuatro años.

Antonio Millé, de Millé y Asociados, asesor de BSA, explicó a Cash que el problema de la piratería en la Argentina no es un problema de leyes ni de jueces ni de policía sino que es un problema de moral colectiva y de cambio socioeconómico. “La gran piratería es la que afecta, mucho más que la domiciliaria. En general ni siquiera es una piratería de calaveras y tiras cruzadas sino una piratería de aquel que teniendo el permiso para hacer algo y habiéndolo pagado se toma el triple de lo que había solicitado”, indicó.

Por su parte, Hernán Alberti, gerente de Software Legal Argentina, confirmó a este suplemento que son cada vez más las empresas locales que deciden certificar software legal, superando las 300 desde que se inició el programa en 2003 y concentrándose en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Una de las principales razones por las cuales, principalmente las pymes, no logran certificar un correcto licenciamiento es su desconocimiento acerca del tema y un sublicencimiento continuo, producto muchas veces del mal asesoramiento.

Muchas de las actuales empresas nacionales debieron hacer frente a varias de las crisis económicas que afectaron al país en los últimos años. Esos descalabros dejaron consecuencias que todavía afectan su crecimiento. Una de ellas es el endeudamiento impositivo, cuya cancelación es condición necesaria para acceder a los beneficios del régimen de promoción sectorial.

El papel del Estado en el crecimiento de esta industria es dispar. Existen programas de incentivo y desarrollo, estipulados por ley, pero aún falta su reglamentación en distintas provincias y jurisdicciones. Por otra parte, según Millé la “gran piratería” se realiza muchas veces, además de en las compañías, en las oficinas de gobierno. Para Garay, parte de la solución a ciertos problemas, sobre todo los relacionados con la falta de recursos humanos, pasa por establecer una estrategia nacional. “A nivel político hace falta tener estadistas que proyecten el país en el mediano y largo plazo, no tanto en el corto, y que entiendan la realidad.”