En el comienzo de toda negociación, en general, las partes plantean sus posiciones de máxima para alcanzar un término medio en el acuerdo definitivo. Es el tradicional juego donde cada uno de los involucrados mide fuerzas y la capacidad para doblegar las defensas del otro. Esta manera de cerrar un contrato, la compra de un producto, la de un inmueble, o la definición de una pauta salarial forma parte del arte de la negociación, virtud que algunos tienen más desarrollado que otros. Los nervios, la convicción, la audacia y la paciencia se exponen en ese lapso que va desde el momento de sentarse a la mesa hasta la rúbrica del trato. De todos modos, más allá de destrezas y debilidades, un aspecto que resulta fundamental en la determinación de la orientación de esa transacción es en qué condiciones se inicia el intercambio de posiciones. También cuál es el contexto que se predefine como base para lanzar una discusión. Para la negociación salarial, hoy las condiciones objetivas para los trabajadores son mejores que en años anteriores porque el mercado laboral está demandado, las ganancias empresarias siguen siendo elevadas y el crecimiento de la productividad en 2007 ha sido importante. Sin embargo, el contexto subjetivo, en cambio, no es tan favorable porque se ha instalado como idea predominante el riesgo de que un aumento salarial “desmedido” pueda alimentar la hoguera de la inflación. De esa forma, una de las partes de la negociación es puesta a la defensiva y como eventual culpable de un desborde de precios, cuando en realidad no lo puede ser.

Este es el escenario que se ha planteado en la línea de largada de la prolongada e intensa carrera para definir la pauta salarial de este año. Tirado al cesto de las cosas inservibles, el IPC Moreno es utilizado como referencia casi exclusivamente para la indexación de los bonos ajustados por CER. Sería más honesto que, cuando se informe la inflación de cada mes, el Indec precisara en el respectivo comunicado que ese indicador es solamente relevante para los dueños de esos títulos públicos. El resto de los contratos de la economía se mueven en la nebulosa de un porcentaje socialmente aceptado, aproximado y sin respaldo estadístico confiable del 20 por ciento. Los datos relevados por el propio Indec de la evolución salarial de 2007 muestran un acercamiento a esa cifra. Ni el más fanático oficialista se atrevería a defender que el salario ha registrado una mejora en términos reales de más de diez puntos a lo largo del año pasado, si se toma como referencia el IPC manoseado del 8,5 por ciento. No se verifica ni en el bolsillo de los trabajadores ni en los balances de las compañías. En el mejor de los casos, el alza pudo haber alcanzado de dos a tres puntos, lo que refleja un muy lento avance en el poder adquisitivo de los asalariados pese al extraordinario crecimiento de la economía.

La distribución del ingreso y el salario real de los ocupados formales e informales han registrado un resultado positivo desde el pozo de la crisis de 2001. Pretender limitar ese avance en las negociaciones paritarias 2008, teniendo en cuenta que en el año anterior ha sido bastante pálido el saldo para esos sensibles indicadores socioeconómicos, sólo revela el objetivo del sector empresario de congelar una pauta distributiva que aún sigue siendo muy desigual. Estrategia que se impone en un panorama donde el excedente se encuentra en niveles elevados, y ya por varios períodos seguidos. Como en los últimos dos años las ganancias no han sido extraordinarias –aunque siguieron en ratios muy altos– por aumentos de ciertos costos (servicios, energéticos), el salario pasa a ser una de las principales variables a contener.

En esa puja distributiva, los aumentos de precios son el arma de los empresarios para defender su posición privilegiada, artillería que ha sido utilizada con evidente éxito frente a los acuerdos fantasma que firma el secretario de Comercio. Mientras, el ingreso de los trabajadores queda a la defensiva por el discurso que lo señala como responsable de una eventual espiral inflacionaria. El economista de la CTA Claudio Lozano señala que así “se reedita el comportamiento especulativo del capital más concentrado que demanda el retorno a las ganancias extraordinarias del 2002 con el objeto de realizar las inversiones que no efectuara durante el período 2002-2007 pese a los espectaculares beneficios realizados”. En un reciente documento expone los importantes incrementos de productividad laboral durante el último año que no se reflejaron en mejoras en los salarios, y sí en la cuenta de resultados de las compañías. En números gruesos, Lozano señala que el PIB creció 8,7 por ciento mientras el total de ocupados lo hizo un 2,3 por ciento, avanzando entonces el Producto 3,7 veces más que la cantidad de trabajadores. Para el 2006, esa misma relación fue de 2,1 veces. De ese modo, la productividad laboral del conjunto de los ocupados creció 6,2 por ciento, siendo el más elevado desde que se inició el actual ciclo de crecimiento económico. “Es en los momentos de expansión del excedente en que se pueden practicar con mayor facilidad las reasignaciones que corresponde”, sugiere Lozano.

Si bien es cierto que existen realidades diferentes según el sector económico, con algunos servicios con un margen de utilidad más estrecho y, por lo tanto, el traslado a precios de un aumento de costos es automático, el comportamiento generalizado es el de ajustar al alza sin importar las ganancias por productividad. El Estado, y no el mercado librado a las fuerzas de la oferta y la demanda, es el que puede y debe intervenir para orientar el proceso de redistribución de ingresos. Para ello se requiere contar con pericia técnica y política para instrumentar una estrategia antiinflacionaria que se proponga como objetivo frenar la remarcación abusiva de precios, en especial los de la canasta básica de alimentos, y no que tenga como aspecto fundamental la contención del salario.

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