En diciembre del 2001, 2,7 millones de personas se pronunciaron a favor de la creación de un seguro de desempleo, una asignación universal por hijo y otra para los jubilados carentes de cobertura. El éxito de la consulta popular, realizada por Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), instaló en ese momento esos temas en la agenda política. Desde entonces, el contexto social ha sufrido cambios. Por caso, la mejor situación económica desplazó a un segundo plano esas demandas sociales.

Un reciente informe de Ernesto Kritz, de SEL Consultores, señala que el desempleo ha dejado de ser un desequilibrio grave. Aunque la desocupación continúa siendo un problema, la creación de más de tres millones de puestos de trabajo en los últimos cuatro años modificó sustancialmente el escenario laboral. Por ese motivo, el tema del empleo ha dejado de ser la principal preocupación en los sondeos de opinión. En ese marco, la creación de un seguro de desempleo universal fue desplazada de la agenda. Asimismo, la implementación del Plan de Inclusión Previsional (jubilación anticipada y moratoria previsional) ha producido un sustancial incremento de la tasa de cobertura. Actualmente, el 85 por ciento de los adultos mayores tiene alguna prestación previsional.

La mejora en la situación económica ha relativizado –aunque no eliminado– la necesidad de implementar dos de las medidas propuestas por el Frenapo (amplio seguro de desempleo y cobertura previsional universal).

La otra iniciativa (asignación universal por hijo) continúa siendo reclamada por un arco muy variado de organizaciones políticas y sociales. La vigencia de esa demanda social se debe a la insuficiente respuesta que brinda el sistema de asignaciones familiares.

En el trabajo El ingreso ciudadano en la agenda de políticas públicas de la Argentina, Alberto Barbeito y Rubén Lo Vuolo señalan que “la universalización de la protección social se concebía como una sumatoria de cuerpos autónomos de seguros sociales, identificados con la organización de los diferentes grupos laborales. El empleo formal y la pertenencia a una organización sindical, eran la vía natural de acceso a la cobertura pública de las diferentes contingencias sociales”. Hoy, la realidad es diferente. Si bien la desocupación registró un auspicioso retroceso, el desempleo continúa siendo preocupante. Por otra parte, el porcentaje de trabajadores informales sigue siendo extremadamente alto. En ese marco, el sistema de asignaciones familiares tiene un alcance muy limitado porque las prestaciones solamente se abonan a los trabajadores registrados. Incluso, no todos los asalariados formales están en condiciones de acceder a los beneficios. En 1996, se excluyó del cobro de las asignaciones familiares a aquellos trabajadores que cobraran un salario superior a determinada suma.

Sin alteraciones sustanciales en el diseño normativo, el gobierno de Kirchner incrementó periódicamente tanto el monto de las asignaciones como el tope salarial. Si bien esa estrategia benefició a los empleados registrados, tuvo nulo impacto sobre trabajadores informales y desocupados. De esa manera, el sistema sigue dejando sin cobertura a cerca del 60 por ciento de los menores. Al respecto, los defensores de la asignación universal por hijo rescatan la idoneidad de esta herramienta para recuperar el equilibrio social y eliminar políticas asistenciales clientelistas. Una asignación otorgada a todos quienes cumplan las condiciones fijadas (menores de 18 años) termina con la discriminación arbitraria de los beneficiarios, sostienen los impulsores de la propuesta. La asignación universal también permite darle progresividad a la política social, ya que el promedio de chicos sube en los hogares más humildes. En la totalidad de los hogares argentinos, el promedio alcanza a 1,1 menores por hogar. En cambio, los hogares más pobres tienen en promedio 2,6 menores por hogar y los indigentes, 3 menores. Bárbara Perrot y Soledad Villafañe sostienen en su trabajo Reducción de la pobreza y Mercado de Trabajo en Argentina Post-Convertibilidad que ocuparse de esos hogares “resulta de extrema importancia por cuanto, tal como muestran diferentes estudios para el mundo desarrollado y también para Argentina, existen numerosos mecanismos que hacen que la situación de pobreza en la infancia persista en el tiempo configurando una crítica situación de transmisión intergeneracional de desventajas entre padres e hijos”. Estudios realizados por la CTA fijan el costo fiscal de la iniciativa en 11.000 millones de pesos anuales.

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