Existe cierta similitud entre la crisis del Indec y la del campo. En ambas se confunden aspectos técnicos, económicos, políticos y gremiales que reúnen características bastante parecidas. Se presentaron condiciones objetivas suficientemente sólidas para que el Gobierno intervenga en un caso para actualizar un índice de precios deficiente (Indec) y en otro para profundizar el desacople de los precios internos a los externos de los alimentos en un contexto de fuerte alza de los commodities agrarios (retenciones móviles). También existían factores consistentes que convocaban a revisar el funcionamiento de la estructura del Instituto, con áreas capturadas por lobbies de la city y de centros de estudios (Indec), como así también a proponer un freno al avance de la soja sobre otros cultivos y a capturar una porción de una renta extraordinaria (retenciones móviles). Pero también se expusieron factores que han puesto en cuestionamiento esa imprescindible injerencia en el campo técnico y económico del Estado por el modo político de querer implementar esos cambios, por un lado con un desembarco con rasgos autoritarios en la conducción del organismo (Indec), y por otro con la incapacidad de construir consensos con aliados y simpatizantes por el inherente estilo de desconfianza del kirchnerismo (retenciones móviles). Esta particularidad de la anterior y actual administración de gobierno provoca una reacción sorprendente, en algunos casos poco entendible en términos políticos, por la confluencia de diferentes corrientes de oposición, por izquierda y por derecha, gremial y política, que se unen contra una necesaria intervención estatal en un tema conflictivo (Indec y retenciones móviles).

En un clima de debate crispado, que gran parte de la prensa no colabora en apaciguar porque existen negocios millonarios en disputa, porque se discute la hegemonía política y porque “el conflicto vende”, cada parte interesada va destacando obviamente sólo el aspecto que lo hace más fuerte, enfatizando los frentes débiles del otro, que por cierto ambos los tienen. En el medio se han colado ciertas fuerzas de desestabilización económico-institucional que hacen aún más compleja la situación, lo que debería alertar a más de uno si no quieren ser utilizados por grupos que se supone están en la vereda de enfrente.

Como en el campo económico-político no se trata de cuidar modales, sino de elección de estrategias para conseguir el objetivo, no existen recetas únicas e infalibles. La versión oficial sostiene que, debido al poder de las corporaciones tradicionales construido por décadas, en cotos cerrados de la tecnoburocracia (Indec) o en la trama multinacional sojera (retenciones móviles) las intervenciones no se pueden hacer de otra forma que imponiendo autoridad golpeando fuerte. Frente a esa posición que busca la demostración permanente de fortaleza, que no es una cuestión menor dada la experiencia en el actual período democrático inaugurado en 1983, se contrapone el argumento de que el Gobierno tiene el suficiente poder político (mayoría parlamentaria y gran parte de la red de gobernadores propios y cercanos) para no necesitar esas manifestaciones de dureza.

En el caso del Indec, luego de la prolija presentación de los conceptos rectores para la construcción del nuevo índice de precios al consumidor, insumo básico para empezar a diseñar una política de control de las expectativas inflacionarias, se requiere un debate enriquecedor sobre ese indicador. La convocatoria a investigadores de universidades, organismos y centros de estudios de distintas orientaciones, principales usuarios de la información que preparan los trabajadores del Instituto, resulta fundamental para construir consensos sobre los cambios metodológicos. Esto no debería ser evaluado como un signo de debilidad, ni por las autoridades ni por la oposición, sino como el necesario recorrido para recuperar la confiabilidad en las estadísticas públicas. Cada uno podrá expresar sus reparos o sus coincidencias, pero con un acuerdo básico de que el Gobierno tiene el poder soberano para tomar la decisión final.

Tarea que no es para nada sencilla en el actual contexto político-mediático. Por un lado, se publican respuestas que nunca expresó el jefe de Gabinete sobre la evolución del nuevo IPC respecto del actual para desacreditar los cambios, y por otro se buscan solamente técnicos del exterior (España y Estados Unidos) para brindar el marco de confiabilidad al índice de inflación que debutará el mes próximo. Existe en áreas importantes del Gobierno una tendencia de desprecio a la opinión técnica de especialistas locales, que puede ser entendible en función del comportamiento vidrioso que muchos han tenido en momentos clave de la historia económica reciente. Pese a ello, esas opiniones deberían ser incorporadas, subordinadas a la decisión política no por encima de ella, para permitir la construcción de un horizonte de previsibilidad en un escenario económico que sigue siendo favorable pese al conflicto político del lockout agropecuario y la crisis financiera internacional.

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