El enfrentamiento del nuevo bloque agroexportador con la actual administración del Estado presenta algunas anomalías. Tres son las más llamativas.

La primera reside en la dificultad de homologar a los actores. El reinicio del lockout habilita a hablar de dos momentos, el del choque y el de la negociación. A la hora del choque el líder mediático indiscutido es Alfredo De Angeli, dirigente formal de Federación Agraria, entidad a la que por inercia de catalogación continúa considerándose ala progresista de un sector social reaccionario por naturaleza. Pero De Angeli representa otra cosa. Es la cara mediática de un nuevo eufemismo alusivo a formas de democracia directa denominado “las bases”. En términos analíticos de las clases medias urbanas sería algo así como el D’Elía del campo. En el imaginario funciona como la amenaza de la fuerza, de la acción directa, de la incongruencia de que una minoría intensa de 50 personas sea capaz de disparar el desabastecimiento y acelerar la inflación. La amenaza de la fuerza de choque es crucial para el momento siguiente, la negociación. La anomalía reside en ubicar a esta fuerza de choque en el mismo nivel que un gobierno democrático, en particular, en que se la asuma como interlocutor de igual jerarquía.

La segunda anomalía es la mezcla, el batido, del discurso sustentado por los contrincantes. Cada vez queda más claro que lo único que el bloque de poder económico campero discute son las retenciones móviles. Precisamente el punto que el Gobierno asegura que no se negocia. Como reducir las demandas a este punto le quitaría legitimidad social al lockout, el aparato ideológico del nuevo bloque mezcla todo. El procedimiento consiste en juntar todos los puntos débiles de la actual administración en materia agropecuaria, que existen y no son pocos, y asociarlos con el reclamo por las retenciones. Desde los anuncios del 11 de marzo comenzó a hablarse, cada vez más, de la distribución desigual del ingreso al interior de los complejos agropecuarios, de los problemas de infraestructura del interior del país y del carácter unitario del actual sistema tributario, con la consecuente necesidad de mejorar la coparticipación federal. Nunca la preocupación social de los dirigentes del agro y sus adláteres fue tan intensa y progresista. La anomalía es que una simple suma algebraica de problemas con un signo igual al final, tras el que se escribe “retenciones”, se presente sin que existan mayores argumentos que validen el presunto silogismo. El Gobierno, a la vez, realiza una operación inversa. Legitima las retenciones desde un discurso progresista, pero sin haber atacado hasta ahora muchos de los puntos pendientes que se le señalan, lo que representa su punto más débil y da lugar a la jugada.

La tercera anomalía es la aceptación pasiva, generalizada, de mecanismos de protesta ilegales, que atentan contra el pacto social que, se supone, sustenta cualquier sociedad democrática. El punto ya fue señalado durante el anterior lockout y se relaciona con la primera anomalía. La máxima constitucional señala que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Una minoría organizada no puede imponerle la política económica a un gobierno democrático elegido por la mayoría. Una cosa es peticionar ante las autoridades y otra muy distinta es recurrir a mecanismos de protesta ilícitos, como los cortes de ruta y el desabastecimiento. La anomalía se completa con la pasividad de quienes deberían impedir que dichos ilícitos se concretaran. Bloquear el paso del transporte en una ruta nacional es un delito federal en el que los jueces deberían, con celeridad, intervenir de oficio y generar resultados.

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