En el actual contexto en el que parte de la sociedad intenta ver la situación campo-Gobierno como si sólo se tratase de una disputa entre dos actores tercos no dispuestos a ceder en sus posiciones, conviene abandonar el clima ficticio de supuesta zozobra anímica de la población que difunden algunos medios de comunicación para regresar al análisis económico, lo que es lo mismo que decir a la evaluación de las condiciones materiales del conflicto.

En este mismo suplemento se analiza el dato ya conocido de que en el país más de 3 millones de personas pasan hambre. Y continúan pasándola, en parte, por las mismas condiciones extraordinarias que benefician al campo, los altos precios de los alimentos. Extrañamente, la agenda pública sigue marcada desde hace casi tres meses por los reclamos de los sectores más acomodados de la sociedad, quienes se dicen dispuestos “a llegar hasta las últimas consecuencias” para evitar ceder una porción de la mayor rentabilidad que les viene de afuera. Sectores que pueden permitirse el lujo de permanecer ociosos durante meses a la vera de los caminos, mientras sus empleados trabajan en los campos, aportando su cuota al desabastecimiento y consecuente aumento de precios, situación que finalmente los beneficiará en la puja distributiva. Sus productos se venderán más caros, renta que obtendrán a costa de los sectores asalariados y que se repartirán con el capital comercial. Y todo ello en un marco en el que se presentan como víctimas de la situación, como mártires de un gobierno que busca apropiarse del fruto de su trabajo.

La capacidad de movilización y de daño social y político desplegada por la burguesía agroexportadora y sus clases auxiliares desde el 11 de marzo logró mucho más de lo que ella misma imaginaba al comienzo: poner al Gobierno a la defensiva. Pueden agregarse todos los elementos de agotamiento de estilos políticos que se quiera, pero lo que el campo discute no es política, sino dinero. Aunque tras el aglutinamiento de la parte controlable del heterogéneo universo denominado peronismo, el Gobierno trató de mostrarse en una posición de fuerza, repitiendo que no es contraparte de ningún sector, dato que debería ser obvio, finalmente concedió “unilateralmente” al campo compensaciones y relajamientos tributarios varios.

Previsiblemente, si se sigue la secuencia de los últimos meses, completamente inmerso en su micromundo exaltado en Rosario, los dirigentes agrarios rechazaron las concesiones. El sector no busca los diálogos reclamados, tampoco el funcionamiento virtuoso del mercado de futuros; no es cuestión de política agropecuaria ni de exportaciones de carne o precios de la leche, el punto es solamente que se dé marcha atrás con las decisiones de marzo, arrimar todo lo posible al precio externo pleno en el más prometedor de los escenarios internacionales.

La burguesía agroexportadora sabe, como todos los que miran de reojo o con la lupa la economía mundial, que se vienen largos tiempos de altos precios. La rentabilidad a futuro será fabulosa. No permitirán que ningún mecanismo tributario interfiera. Más allá de transitorias mayorías populares en las urnas, siempre gobernaron. Después de todo son los forjadores de la patria y los políticos populistas no les quitarán lo que les pertenece por derecho natural.

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