Los indicadores más utilizados para medir el grado de equidad y/o desigualdad social son el Indice Gini y la distribución funcional del ingreso. Ese indice –creación de un estadístico italiano– calcula un coeficiente que varía entre cero y uno. El valor cero (0) representa la perfecta igualdad y el coeficiente uno (1) refleja una desigualdad extrema. Se suele hablar de situaciones de desigualdad cuando los valores oscilan entre 0,40 y 0,60. Por encima de 0,60, el índice expresa una distribución gravemente inequitativa. A mediados de los ‘80, la Argentina tenía un Gini cercano a 0,40. En el 2003, las sucesivas crisis económicas elevaron el indicador hasta 0,537. Actualmente, las últimas mediciones oficiales lo ubican en 0,49.

En cambio, la distribución funcional del ingreso representa la participación de la masa salarial en el PIB. En 2002, de acuerdo a datos oficiales, los trabajadores se apropiaban el 34,6 por ciento de la torta. En la actualidad, los registros señalan que el porcentaje subió al 41,3.

Tanto el Indice Gini como la distribución funcional del ingreso son datos relevantes para evaluar el grado de cohesión social. Algunas veces, los dirigentes políticos utilizan indistintamente uno u otro indicador para aludir a los resultados distributivos del crecimiento económico. La realidad es que no sólo miden cosas distintas, sino que además pueden no ir de la mano. Es decir, la mejora de uno no necesariamente se refleja en la evolución del otro.

En el blog de economía “Datos Duros”, el blogger se pregunta sobre la relación existente entre ambos indicadores. En ese sentido realiza un interesante repaso de cómo fueron evolucionando las cifras en los últimos 13 años. Por ejemplo, se puntualiza que entre 1994 y 1996 disminuye sustancialmente la participación de los trabajadores en la apropiación de la renta y, simultáneamente, la desigualdad desciende levemente. En cambio, el período 1996-2001 se caracteriza por el aumento de la participación de los trabajadores y un fuerte aumento de la desigualdad. Entre 2001 y 2002, la porción de la torta se achica violentamente y la desigualdad se profundiza. Es decir, la idea de que una mayor participación de los asalariados en el PBI se traduce necesariamente en una menor desigualdad de ingresos no se corresponde con la realidad. Como se señala en el trabajo: “Podemos tener una alta participación de la masa salarial en el PBI, pero muy desigualmente repartida al interior de los trabajadores”.

En ese interesante blog se sostiene que “el ciclo económico que se inicia luego de la devaluación, y a partir de la gestión Kirchner, evidencia una fuerte asociación que registra la disminución de la desigualdad junto al aumento del peso en el PBI de la remuneración al trabajo asalariado, revelando un impacto en el mercado de trabajo y en la dinámica de los ingresos que se diferencia notoriamente de ciclos anteriores”. No todos coinciden con esta mirada. En lo que respecta a la evolución de la distribución funcional del ingreso, el diputado Claudio Lozano relativiza los números oficiales.

En un reciente trabajo, preparado en ocasión del encuentro entre la CTA y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lozano sostiene que “los datos del Indec sobre distribución funcional del ingreso no son comparables con las series históricas. Cualquier intento de decir que la participación del 41 por ciento es comparable con la vigente en el primer peronismo (50 por ciento) falta a la verdad. Una de las claves de las diferencias es el modo en que se mide el PBI. Si se lo presenta a precios corrientes, la participación de los asalariados es del 23 por ciento para el año 2007. Año en el que, al igual que con la pobreza, el empleo y los salarios, se observa una tendencia a la ‘esterilización’ de los efectos positivos que el crecimiento podría tener sobre los ingresos. Por ende, la participación en los ingresos que venía subiendo desde el 2004, desciende respecto al 2006”.

En síntesis, más allá de las diferentes miradas sobre las tendencias redistributivas del modelo actual, la dirigencia oficialista y opositora coincide en el diagnóstico: la necesidad de seguir avanzando para construir una sociedad más equitativa. Los acuerdos se diluyen cuando se discute cuáles deberían ser las estrategias para cambiar esa realidad.

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