En los últimos meses se ha escuchado una acusación al Gobierno relacionada con su falta de espíritu federal y su excesiva vocación recaudadora. La justeza de una acusación de este tipo debe relacionarse con el origen y motivo de la conducta que se cuestiona y con el contexto en que se realiza además del proceso histórico que la incluye.

El último intento serio de asegurar el federalismo fiscal data de 1973, es decir, durante un gobierno peronista y hace ya 35 años. Fue a través de la promulgación de la ley 20.221 que fijó una distribución de recursos igual entre Nación y provincias de la masa coparticipable (de la cual están excluidos por decisión constitucional los impuestos al comercio exterior): 48,5 por ciento para cada uno de los dos niveles y el 3 por ciento restante para un Fondo de Desarrollo Regional.

La distribución entre las provincias (la llamada distribución secundaria) respondía a una fórmula en la que cobran importancia los criterios distributivos (tratando de achicar las brechas de desigualdad entre las provincias) frente a los criterios devolutivos que son los que sugieren que a cada provincia se le debe transferir en proporción a lo que se ha recaudado en su territorio en concepto de impuestos nacionales.

La dictadura de 1976 modificó a su antojo esta ley como consecuencia, entre otras, de que se transfirieron a las provincias los servicios educativos del nivel primario así como los establecimientos de salud (hospitales) cuya provisión no era uniforme en todo el territorio nacional.

Con la llegada de la democracia se hizo necesario rever la situación, pero el gobierno alfonsinista sólo consiguió aprobar una ley transitoria en la que se establecieron coeficientes fijos de reparto para cada provincia, con base en la porción que cada una tenía y en la capacidad de presión que los gobernadores provinciales tenían sobre el gobierno nacional. Un verdadero acuerdo de “toma y daca” y que contrariaba cualquier modelo de federalismo fiscal, todos basados en fórmulas de reparto en base a indicadores cuyos resultados evolucionan en el tiempo según la evolución real de cada provincia y nunca basados en coeficientes fijos para cada territorio.

Durante el otro acuerdo institucional de “toma y daca” que se realizó durante la década de los ‘90 y en el que Alfonsín entregó la reelección presidencial y Menem el tercer senador en cada provincia y como uno de los resultados de la Constituyente de 1994 se definió un mandato expreso para que, en dos años, el Congreso nacional promulgara una nueva ley de federalismo fiscal (coparticipación federal). Pasados 14 años ese mandato no se ha cumplido. Ni el propio Menem ni el gobierno de la Alianza ni el de Néstor Kirchner quisieron o pudieron avanzar en ese objetivo.

Es decir que nuestro país se ha movido en este tema a partir de 1976, entre las decisiones arbitrarias de la dictadura, los acuerdos de “toma y daca” de la ley de 1987, la discrecionalidad absoluta del poder nacional a través de la utilización de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) o los sucesivos parches y contramarches que han configurado un sistema incomprensible denominado por distintos autores como “el laberinto de la coparticipación”.

Adjudicar al gobierno actual la responsabilidad de esta verdadera falta de calidad institucional es, a todas luces, desmesurado e injusto. Reclamar que, en un contexto de crecimiento de los ingresos del Estado nacional, se avance en la elaboración de una imprescindible Ley de Coparticipación Federal que a partir del consenso parlamentario distribuya racionalmente y con sentido estratégico de conjunto los recursos fiscales sí es una propuesta mucho más conducente a la verdadera calidad institucional. Sin duda, éste puede ser uno de los más importantes pilares del acuerdo del bicentenario.

* Investigador docente, Universidad Nacional de General Sarmiento.