Reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, correspondiente al 25/06/08.

Sr. Presidente (Cantero Gutiérrez).-Tiene la palabra el señor Jorge Gaggero, también integrante del Plan Fénix.

Sr. Gaggero: –Señor presidente: A mí me toca decir algunas palabras acerca de la cuestión fiscal, que es mi especialidad. Pero quisiera empezar resumiendo, brevemente, la última posición que el colectivo Plan Fénix tuvo a propósito de este conflicto, de abril de 2008, bajo el título de: “El país que queremos. Crisis y oportunidad para la definición de una política nacional agroindustrial”. El eje principal del discurso tuvo que ver con lo que acaba de exponer Aldo, con lo central de esta cuestión que es el tema del modelo de país que está en discusión. Por eso, lo titulamos “El país que queremos”. El doctor Ferrer ha sido suficientemente explícito acerca de esto. Entonces, debo señalar además –lo decimos en la declaración– que el debate surgió como consecuencia de la superación de la “emergencia económica” –ésta es, por lo menos, la visión que todo el mundo podía compartir al inicio del presente conflicto– tras un largo período de exigentes desafíos durante el cual la economía se recuperó, en buena medida, de la abismal crisis previa. Por lo tanto, uno de los problemas político-institucionales que está rondando es esta cuestión de la “emergencia”. En nuestra humilde opinión, hay desafíos externos fuertes y con nuestras disidencias los argentinos hemos “comprado” un conflicto mucho más serio que el que deberíamos soportar, si supiéramos procesar nuestras diferencias de un modo más civilizado. A pesar de estas últimas circunstancias –que a algunos pueden hacerlos dudar acerca de si salimos o no de la “emergencia económica” posterior a la caída de la convertibilidad– es opinión del Grupo Fénix que sería sano, institucionalmente, salir formalmente de la “emergencia económica” y recuperar para el Congreso Nacional sus facultades en la fijación y reforma de los impuestos nacionales. Que hoy está retomando, a propósito de la fijación de un nuevo nivel para las denominadas “retenciones” sobre las exportaciones, como consecuencia de una saludable decisión del Poder Ejecutivo, cuando hay interpretaciones constitucionales muy serias –que nosotros analizamos y evaluamos– acerca de que no era su obligación, en términos estrictamente legales, dado el incumplimiento por parte del Congreso de su deber de avanzar en varios planos, incluido el que involucra a sus atribuciones tributarias, para dar pleno cumplimiento a estipulaciones centrales de la Constitución reformada en 1994.

En este contexto de déficit de institucionalidad, que se debe en parte al propio Parlamento (no hablo sólo del actual sino de todos los que se han sucedido desde 1994 hasta el presente), el Poder Ejecutivo parecía tener atribuciones para tomar decisiones del tipo de la instrumentada mediante la Resolución 125. Enhorabuena, de todos modos, que la propia decisión posterior del PEN haya traído hasta aquí la definición final de la cuestión. Este debería ser el punto de partida para que comiencen a adoptarse cursos de acción acerca de las cuestiones tributarias en el Congreso Nacional. Desde el punto de vista del Grupo Fénix, el Parlamento debería reparar lo antes posible las omisiones del pasado, ya que eso es lo que permitiría superar las viejas estipulaciones del Código Aduanero y, por lo tanto, el modo en que estos temas se han resuelto hasta ahora. Como contraparte, la salida institucional de la “emergencia” permitiría al Congreso hacerse plenamente responsable acerca del gasto público. Porque debo decir –estoy obligado a señalar lo que nos enseñan la historia y la doctrina y lo que son, además, mis convicciones– que no se termina de legitimar ningún nivel de imposición si previamente no se legitima también el nivel y la estructura del gasto. Esto implica una secuencia virtuosa que comienza por la decisión, vale decir, que el Parlamento debe ser plenamente responsable de las decisiones presupuestarias, siguiendo por una ejecución debidamente controlada por parte de este cuerpo (y sus organismos satélites), que tiene la responsabilidad de hacerlo. Y, esto es obvio, con la vigilancia acerca de la necesaria transparencia que debe tener la ejecución del gasto por parte del PEN, del mencionado control y de la operación de todos los mecanismos constitucionales cuyo adecuado funcionamiento permite, en teoría, que los desvíos sean cuestionados y oportunamente corregidos.

Lo importante ahora es que esta institución, el Congreso Nacional, debería actuar consecuentemente, inspirada por la obligación de atender a este vínculo inseparable entre la necesaria legitimación de los impuestos y el indispensable consenso social acerca del nivel y la composición del gasto público nacional. Para ser claro y honesto, en este detalle acerca del ideal proceder estoy expresando un juicio personal, enmarcado en una declaración del Fénix. Repito entonces: con fervor, estoy a favor del fin de la “emergencia económica” y la más rápida recuperación por parte del Congreso Nacional de sus plenos poderes constitucionales.

Con respecto al impacto tributario de las “retenciones”, que considero un tema menor al lado de los hasta aquí expuestos, debe aclararse primero que éstas inciden sobre una compleja mezcla de “superrentas” derivadas de una situación internacional excepcional, que fue mencionada antes y que todos conocen, y de ganancias extraordinarias asociadas a un tipo de cambio real alto, derivado de una política económica que Aldo Ferrer reseñó.

En el Grupo Fénix estamos convencidos de que esta política debe ser sostenida con más vigor que hoy, porque está claro que todo retraso “estructural” del tipo de cambio atenta contra ella, toda inflación desmedida resulta en un inevitable “retraso” del tipo de cambio y toda desatención sustancial de la meta antiinflacionaria, de la necesidad de encarar una política antiinflacionaria eficaz, resulta muy disruptiva respecto del mantenimiento de las bondades de este “modelo económico” (y de la propia supervivencia del “modelo”, si estos procesos se acentuaran). Entonces diría, para poner en su contexto el tema de las “retenciones” y coincidiendo con Ferrer, que son –centralmente– un instrumento de política económica irremplazable en este contexto y en este rumbo que ha tomado la economía argentina. Constituyen, además, un menos importante instrumento “propiamente fiscal”, o sea recaudatorio. Menos importante, en particular, si se lo juzga en el contexto de los desafíos reales que está sufriendo hoy la economía argentina. Pondría en primer lugar, sin duda, al desafío que nos plantea la inflación.

Ahora bien, para decir algo más en términos “propiamente fiscales”, no resulta menor –por cierto– el aporte que se espera del total de las “retenciones” a recaudar, dado que en las circunstancias presentes, con mercados internacionales financieros internacionales “cerrados”, el mejor seguro que puede tener el país es su solvencia fiscal y externa. La política más apta desde el punto de vista de la estabilidad necesaria del proceso de crecimiento, la mejor apuesta que se puede hacer a favor de la estabilidad del rumbo macroeconómico y la redistribución de los ingresos, es, paradójicamente, sostener hoy un excedente fiscal primario muy alto. Porque si no hay financiamiento externo asequible a tasas razonables, entonces hay que apelar al excedente fiscal para pagar la deuda y no caer nuevamente en default. Sólo los intereses que hay que pagar en 2008 son del orden de 2,6 puntos del PBI. Si no hubiera opción alguna de refinanciamiento para todos los vencimientos de capital –un caso extremo que difícilmente se va a dar– y no hubiera tampoco fuente alguna accesible –hay fuentes alternativas menores, Banco Central y otras locales no fiscales, están los bonos venezolanos que cabe suponer que en alguna medida seguirán “dando una mano”– en el límite habría vencimientos externos totales a cubrir durante este año, por capital e intereses, del orden de los 4,7 puntos del PBI (el año próximo serán 5,2 puntos, excluyendo las deudas internas del sector público).

No resulta para nada desatinado, entonces, apuntar a recomponer un excedente fiscal muy importante. Insisto, por una doble razón: para asegurar la sustentabilidad de la economía y para mantener los niveles de equidad (aún muy insatisfactorios) alcanzados en estos últimos años. ¿Por qué esto último? Porque no hay procesos más inequitativos que los que se desencadenan con las crisis súbitas y profundas.

Lo que, históricamente, ha multiplicado más fuertemente y de modo más duradero la pobreza y la indigencia en nuestro país ha sido la volatilidad económica. Entonces, no hay que volver a caer en las crisis recurrentes del pasado, eso es lo central.

La redistribución por la vía fiscal es necesaria, debe complementar lo que puede proveer un rumbo macroeconómico adecuado. Yo la ubicaría en un segundo nivel de importancia hoy, pero no debe ser olvidada –de ningún modo– porque está visto que la redistribución “secundaria” –la que se hace con el financiamiento que proveen los ingresos públicos, entre ellos las “retenciones”– tiene que ser mejorada, y mucho.

En el Fénix hemos discutido acerca de la situación actual y las perspectivas del gasto público y hay problemas: se mantienen subsidios a las clases media y alta que deberían ser superados aun al costo inflacionario de sincerar tarifas para los que puedan pagarlas; se verifican también “filtraciones” en la inversión pública; claramente, hay también “filtraciones” en el modo de administrar subsidios que se destinan a agentes privados de un modo poco transparente, al sector del transporte y en beneficio de otras áreas de la actividad privada.

Sr. Presidente (Cantero Gutiérrez): –Pido un poco de silencio para seguir escuchando con atención a nuestro visitante.

Sr. Gaggero: –Entonces, es clave que el Congreso retome lo más rápido posible su responsabilidad respecto de estas cuestiones, en una perspectiva de corto y también de mediano y largo plazo.

Sr. Presidente (Cantero Gutiérrez): –Nuevamente solicito silencio a los colegas.

Sr. Gaggero: –Creo que hay tres cosas más que tengo para decir en el plano institucional. Lo resumo brevemente. Primero y obvio: ninguna decisión de política pública puede ser contestada, en democracia, fuera de los canales institucionales aptos para definirlas. En el momento en que lo dije, se trataba principalmente de asegurar el respeto de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional; ahora están implicadas tanto las del Poder Ejecutivo como las propias del Congreso Nacional. En consecuencia, el Congreso Nacional no debe ceder a la tentación del “facilismo” ni del “cortoplacismo” para decidir de modo adecuado problemas tan complejos como estos que estamos discutiendo, que tienen además un “arrastre” de mediano y largo plazo. Parece obvio recordar los “horrores” que se verifican cuando se cede a tales tentaciones y se cae en el “seguidismo”; veamos si no el caso de algunas normas penales establecidas bajo la presión de Blumberg y sus seguidores de entonces.

En segundo lugar, mencioné el corte de rutas como fenómeno de extorsión que vulnera un derecho constitucional que aún no ha sido restablecido, después de seis años de lo peor de la crisis que nos dejó la convertibilidad. Se trata de un mecanismo que fue legítimo y aceptable para el conjunto de la sociedad cuando ayudaba a “tornar visibles” a quienes la sociedad no quería ver, la gente que no tenía qué comer en 2001-2002. Hoy la situación es muy distinta, y así como están dadas las condiciones objetivas para salir de la “emergencia económica”, se han dado las circunstancias que permitieron que un recurso extremo de los más débiles –el de la “extorsión legítima”– haya sido apropiado por sectores concentrados de interés que lo usan con muy distinto propósito: el de extorsionar al conjunto de la sociedad y al Estado (y no me estoy refiriendo a los pequeños productores, con intereses legítimos a defender). Me estoy refiriendo, insisto, a intereses concentrados...

Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Gaggero: –Déjenme hablar, si quieren que termine mi exposición. Estoy exponiendo ideas que pueden ser debatidas, pero no abucheadas. Esto no es la cancha de Boca...

Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Cantero Gutiérrez): –La presidencia solicita que se guarde silencio y se respete el uso de la palabra de todos los visitantes, personas e instituciones que hemos invitado y que van a estar exponiendo en el día de la fecha. Es imprescindible ese respeto. Continúa en el uso de la palabra el señor Gaggero.

Sr. Gaggero: –Quiero cerrar esta segunda idea diciendo que el caso límite de extorsión es el uso de la violencia y creo que la historia argentina nos ha hecho más conscientes acerca de a quiénes ha beneficiado la violencia. Yo he aportado a esa experiencia y he hecho mi autocrítica –que es pública– en relación con los resultados que brinda el ejercicio de la extorsión límite, el de la violencia cuando es aplicada por los sectores de poder. Siempre han ganado en la historia de Argentina los sectores de poder usando la violencia. Y tendrían chances de ganar esos sectores, una vez más, si persistiese un clima de extorsión sin límite, y los cortes de rutas nacionales recomenzasen sin acción eficaz de los poderes constitucionales.

El tercer punto al que quiero referirme también lo hemos discutido en el Grupo Fénix. Se trata de la cuestión de la legalidad de la aplicación de las “retenciones”. Constitucionalmente, creemos que el Poder Ejecutivo estaba habilitado a hacerlo en los niveles estipulados, pero bienvenido sea que el Congreso Nacional se ocupe de esta cuestión. A propósito de una pregunta que me hizo un diputado nacional al principio de esta sesión, quiero aclarar algo ante todos. El señor diputado presuponía que quien les habla y el Grupo Fénix veníamos aquí, sencillamente, a dar una aprobación a libro cerrado al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso. Lejos de nuestra intención está el venir aquí a hacer eso. Solicitamos a los señores diputados que no prejuzguen acerca de nuestro grado de acuerdo para con la medida, tal cual ha sido enviada por el PEN al Congreso. Pueden equivocarse. El Grupo Fénix es un colectivo plural donde están presentes, a través de las alineaciones de algunos de sus integrantes, todas las posiciones políticas del país. Pervive como expresión plural y a pesar (o, quizás, como consecuencia) de esa pluralidad puede elaborar las posiciones colectivas que hemos expuesto.

(...)

(Aplausos.)