Las retenciones son un arancel, no un impuesto. La principal diferencia de los aranceles en relación con los impuestos reside en que, si bien comparten una contrapartida de ingresos, no persiguen objetivos recaudatorios, sino macroeconómicos, un argumento más que suficiente para desarmar, por ejemplo, todo lo que se escucha en materia de “inconstitucionalidad” y “confiscatoriedad”. Lo que estaría en juego entonces no es el cobro de un impuesto, sino la política económica.

Sin embargo, en respuesta a la insaciable protesta campera, el Gobierno introdujo una interminable secuencia de subsidios a los prósperos empresarios del campo que limitarán la contrapartida recaudatoria. Las concesiones se otorgaron bajo el políticamente correcto escudo de los “pequeños productores”, uno de los tantos mensajes confusos, y técnicamente erróneos, enviados a la parte más desprevenida de la sociedad durante la desigual puja por la renta sojera.

La primera fase de más de 100 días de extorsión del campo dio sus frutos. Aunque el Gobierno nunca abandonó el tono beligerante sí otorgó una seguidilla de concesiones, lo que justifica la prepotente retoma del apriete corporativo. Las concesiones transformaron el esquema inicial de retenciones móviles en otro de retenciones múltiples. El problema del nuevo esquema no reside en la pérdida de recaudación, que nunca fue el punto, sino en la licuación de los objetivos macroeconómicos del arancel.

Las concesiones sectoriales se produjeron en dos etapas. La primera fue por la Resolución 284 del pasado abril, que compensó a los productores de hasta 500 toneladas de soja y girasol con la diferencia entre la retención móvil y una del 35 por ciento. Luego, la Cámara de Diputados amplió la base de beneficiarios hasta las 1500 toneladas. El resultado final es que quienes produzcan hasta 300 toneladas serán compensados como si pagasen retenciones del 30 por ciento, quienes produzcan hasta 750, como si pagasen una del 35. Finalmente, quienes produzcan hasta 1500 toneladas recibirán compensaciones por las primeras 750 toneladas (al 35 por ciento). A ello se suman también, para quienes producen fuera de la zona núcleo (a la que Diputados dejó más reducida), las compensaciones por el transporte, que discriminan regionalmente, no por tamaño.

Si se toma la cotización del precio declarado promedio de exportación (FOB) del pasado 7 de julio para la soja, 573 dólares, se obtiene un esquema de retenciones múltiples de acuerdo con la siguiente escala: 30 por ciento para quienes producen hasta 300 toneladas, 35 para quien produce hasta 750, 41,4 para quien llega hasta 1500 y 47,8 por ciento para el resto.

Dicho de otra manera: la mejora conseguida por los “pequeños y medianos” productores luego de la resolución 125 oscila, siguiendo la reseña presentada en el último informe semanal del Ieral-Fundación Mediterránea, entre el 12,9 y el 35,9 por ciento.

El mantenimiento del esquema móvil, entonces, solo regirá ahora para quienes producen más de 1500 toneladas, es decir para quienes venden soja por cerca de medio millón de dólares (FAS, neto las retenciones). Puede comprenderse la necesidad política de neutralizar la medida de marzo sin dar marcha atrás en el tema de fondo. Más complicado es que los cambios afectan uno de los principales objetivos declarados de la suba del arancel: desalentar el cultivo de las oleaginosas en favor del resto de la producción agropecuaria, como cereales, ganadería y lechería; productos todos con problemas de oferta frente a una demanda creciente. Con los precios actuales un productor de maíz paga, cualquiera sea su tamaño, una retención del 33 por ciento; lo que para los “pequeños productores” significa un incentivo para plantar soja.

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