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Después de siete años de virtual congelamiento, el gobierno nacional habilitó la aplicación de aumentos en las tarifas residenciales retroactivas al 1º de julio por parte de las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap, que prestan el servicio a 5 millones de usuarios en una cobertura que abarca Capital Federal, el conurbano y la ciudad de La Plata. Con esta recomposición provisoria, que alcanza a un millón de hogares, las empresas percibirán 300 millones de pesos anuales más, suma que les permitiría costear planes de inversión por 6 mil millones de pesos para los próximos diez años, según estimaciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Funcionarios y especialistas de diversas vertientes ideológicas consultados por Cash coincidieron en la necesidad de aplicar una reestructuración tarifaria estructural, aunque mostraron diferencias respecto de tres cuestiones clave:

1. Si las subas diferenciadas establecidas por el ENRE son efectivamente progresivas en términos de distribución del ingreso o si, en su defecto, en la instancia de revisión integral deben incorporarse factores que profundicen este objetivo.

2. Si tales aumentos constituyen una herramienta efectiva que ayude a lograr un mayor ahorro energético.

3. Si el nuevo esquema no supone alterar las disposiciones del marco regulatorio eléctrico, mediante las que se eliminaron los subsidios cruzados vigentes hasta la privatización del sector.

Aunque no se descarta algún otro ajuste, desde el oficialismo presentan esta medida como una disposición transitoria hasta concretar la demorada revisión integral, en febrero del año próximo. Según la ley de privatización del sistema eléctrico, tal revisión debía realizarse cada cinco años. Su reglamentación estableció, sin embargo, que la primera se haría a los diez años de iniciada la concesión, en 2002. Pero como ese año se sancionó la Ley de Emergencia Económica, tal revisión quedó subsumida a la renegociación del contrato.

El argumento del Ente es que esta recomposición apunta a “evitar la aplicación de nuevos subsidios al consumo”, y promover “una mejor distribución del ingreso y un uso racional de la energía”. También la Secretaría de Energía propuso segmentar las tarifas en vistas de “las diferentes capacidades de pago por parte de los usuarios”, tal como figura en la nota 858, enviada por el secretario Daniel Cameron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además de aplicar aumentos escalonados a partir de los consumos mayores a 650 kwh/bimestre, el ENRE propone que las distribuidoras contemplen los casos excepcionales que, por no tener gas natural u otros servicios, no puedan evitar un mayor consumo de electricidad. Pero el trámite para quedar exento de la suba queda librado a la propia iniciativa, un aspecto difícilmente practicable. Por lo general, los consumidores en esa situación no cuentan con la información necesaria o los trámites se les tornan engorrosos y desisten de iniciarlos. Américo García, del Centro de Investigación de la Regulación y el Derecho del Consumidor, opinó que “bajo consumo no es sinónimo de bajos ingresos o pobreza. A los sectores que no tienen gas natural les resulta más barato calefaccionarse con electricidad, por lo que sus consumos son elevados”.

Según el ENRE, los incrementos sólo alcanzan a “los usuarios de mayor consumo y poder adquisitivo”. Es decir, a un millón de hogares, que representan el 24 por ciento del total. El 76 por ciento restante quedará exceptuado, que representa la mitad del consumo eléctrico total.

Un cálculo detallado del impacto de estos aumentos muestra que el nuevo esquema sigue castigando a los que menos tienen. La investigadora Hilda Dubrovsky, de la Fundación Bariloche, comprobó que “el costo por kwh consumido sigue siendo decreciente con el aumento del consumo”. Por ejemplo, para un consumo de 295 kwh/bimestre, el costo/kwh (sin impuestos) es 55 por ciento mayor que el de un consumo de 2500 kwh/bimestre. Desde el punto de vista de los ingresos, una familia que gana 1200 pesos destina el uno por ciento de su ingreso para pagar la luz, mientras que en un hogar donde ingresan 8 mil pesos, el servicio representa un 0,8 por ciento.

“Que los aumentos sean mayores para los que consumen más energía eléctrica no necesariamente significa que estén haciendo mejor distribución del ingreso, porque puede ser que una casa consuma mucho porque viven muchas personas adentro y que otra consuma poco porque vive sólo una persona, aunque el consumo per capita sea mucho más alto”, opinó Carlos Tanides, experto de la Fundación Vida Silvestre. Por su parte, García agregó que “los aumentos diferenciados para el sector residencial en función de los niveles de consumo no rompen del todo con el esquema regresivo anterior y que el congelamiento para consumos inferiores a 650 kwh no reemplaza la falta de una tarifa social”.

Las distribuidoras no quieren evaluar el sistema hasta que se concrete la revisión integral en febrero próximo.

Equidad tarifaria

La crítica más directa apunta al esquema de tarifación implementado cuando se privatizó el sector eléctrico y, sobre todo, a que ese criterio no fue modificado por la actual gestión, ni con el congelamiento de las tarifas, ni con la reciente reestructuración provisoria.

El Marco Regulatorio Eléctrico modificó el sistema tarifario vigente durante la gestión pública en dos sentidos. Por un lado, eliminó los subsidios cruzados, sostenidos por principios de equidad social, acceso y bienestar en su sentido amplio. “Ello había posibilitado, muy particularmente en el caso de la electricidad, una muy amplia cobertura de la demanda de los sectores de menores recursos y/o de zonas alejadas de los centros urbanos, al favorecer la accesibilidad al servicio por parte de aquellos que, de no primar tales criterios de equidad social, difícilmente pudieran haber contado con el mismo”, afirma el estudio “Agua y Energía. Mapa de situación y problemáticas regulatorias de los servicios públicos en el interior del país”, realizado por el Area de Economía de la Flacso.

Por otro, la tarifa de los residenciales pasó a estructurarse en función de los costos marginales de prestación, es decir, cuanto más se consume menos se paga. Esta reestructuración, afirman los expertos, generó que los pobres subsidiaran a los grandes consumidores. De esta forma, los que menos consumen pagan más, dado que casi un 80 por ciento de la factura se compone de costos fijos y el resto, de costos variables. Además, los que usan más energía producen mayor gasto para el sistema en términos de potencia, es decir, capacidad instalada en transformadores, grosor de cables y generación eléctrica.

Desde el congelamiento de las tarifas en enero de 2002, los únicos aumentos concretados apuntaron a los grandes usuarios industriales y comerciales y fueron acompañados por los castigos implícitos en el Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (Puree). La medida, afirma el estudio de la Flacso, “implicó mayor accesibilidad para los usuarios de menores recursos y, naturalmente, un desmedido abaratamiento real del servicio para aquellos de más altos ingresos”.

En forma casi unánime, desde la ortodoxia y la heterodoxia se asume que es fundamental impulsar la demorada implementación tarifaria para garantizar la sostenibilidad del servicio, en varios sentidos. Por un lado, en el ENRE afirman que el crecimiento del consumo está provocando la saturación de algunas instalaciones de distribución. Por otro, las tarifas de Capital y Gran Buenos Aires son las más bajas del país: el costo de un consumo de 650 kwh/bimestre es de 59 pesos, frente a 110 pesos en Mendoza, 142 pesos en La Pampa, 159 en Córdoba y 174 en Santa Fe. Por último, los subsidios al consumo, costeados con fondos del Tesoro nacional, generaron que la deuda de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las generadoras se elevara a 14 mil millones de pesos.

Los técnicos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico señalaron a Cash que “la deuda de Cammesa se produce porque hay un desacople entre lo que pagan los residenciales y lo que debieran pagar para cubrir el costo real reconocido a nivel mayorista. Y como no se llega a cubrir lo que cuesta, se cubre con subsidios”. Dubrovsky explica que la revisión integral de las tarifas debe contemplar el estudio de componentes esenciales, como el precio, la calidad y la sustentabilidad presente y futura del servicio. “La ausencia de cualquiera de estas cuestiones no permite garantizar el abastecimiento eléctrico y conduce a una peligrosa pérdida de equilibrio fiscal”, afirmó la investigadora.

Marcos Rebasa, del Foro de los Servicios Públicos y el Petróleo, puntualizó que “se debiera seguir con un incremento que no esté dirigido a remunerar los gastos de distribución sino la parte de la tarifa que paga la generación. Ese es el destino más urgente”. En este sentido, una discusión clave que debería incluirse en la revisión integral es la del criterio de costo marginal del servicio. No sólo por sus implicancias regresivas sino además porque, dado que la generación eléctrica se asienta en recursos no renovables, la reciente recomposición tarifaria sigue desatendiendo los objetivos de conservación de la energía.