Una de las tantas cosas que dejaron las políticas de los ‘90 fue el traspaso de negocios de todo tipo al sector privado. La ideología antiEstado sirvió de excusa para la apropiación de todo aquello que permitía algún tipo de cobro, alguna forma de peaje del tipo que fuere. Algunos negocios resultaron más notables que otros, como las AFJP, que por años filtraron los ingresos de los trabajadores con comisiones insólitas o la creación de monopolios privados de servicios públicos. Las cartas de porte, en cambio, son una de esas típicas cosas que sólo conocen los empresarios del agro, de las que se quedan afuera todos los que no son del palo. A ello se agrega que tampoco representan mucho valor, unos 12 millones de pesos anuales a valores de hoy, con lo que el negocito no daba para levantar la perdiz. Era poca plata para el Estado, aunque un poco más para una organización gremial.

La Federación Agraria, junto con la Federación de Centros de Acopiadores, se había hecho en los ‘90 de este negocio. La contraprestación no era mucha, solamente vender los permisos que los camiones (o trenes) deben tener para el traslado de los granos, un documento en el que constan los datos básicos de la mercadería transportada, tales como volumen, nombre del productor, origen y destino; datos que sirven tanto con fines fiscales como estadísticos. El valor agregado, decían, era que al vender el formulario los mismos que debían llenarlo se conseguía “una mejor cobertura territorial”.

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que como surge hasta de su propio nombre parece el organismo público llamado a realizar esta tarea, una suerte de poder de policía sobre el movimiento de la producción desde origen a destino, decidió recuperarla para el Estado. Frente al golpe de caja, los dirigentes de FAA pusieron el grito en el cielo. Dijeron que al negocito se lo quitan “por venganza”. En un comunicado en el que explicaron para los legos que “la carta de porte es un formulario oficial de uso obligatorio por parte de los productores que certifica cada movimiento de granos que se realiza”, advirtieron contra un futuro “deficiente control por parte del Estado”. En cambio nada se dijo respecto de la eficiencia privada en la administración, la que dio lugar a una demanda judicial. Existe una denuncia de la Oncca contra FAA y la Federación de Acopiadores por la falta de registro de las cartas comercializadas, situación que, siempre según la oficina pública, facilitaría las operaciones en negro.

Si bien la relación entre el Gobierno y FAA quedó deteriorada por mutuos errores, la lucha contra las retenciones móviles fue una divisoria de aguas. Para algunos funcionarios, “un punto sin retorno”. Pero más allá de “la venganza” o, según los siempre ricos en calificativos comunicados de la Comisión de Enlace: “la persecución política, la discriminación, el hostigamiento y las represalias”, los argumentos a favor de conservar la caja son un poco más complicados.

Así como durante la lucha contra la 125 se llevó como bandera a “los pequeños productores”, en la pelea para no perder el negocio de las cartas se repite una lógica similar. Lo que estaría en peligro no sería sólo vil metal, sino los trabajadores empleados en la estructura burocrática montada para administrar. “Necesitamos que tanto Moyano (CGT) como Yasky (CTA), siendo ellos representantes de los trabajadores y respetados por sus pares, se introduzcan a fondo en esta situación, en un contexto internacional afectado por una gran crisis como la que se está viviendo”, demandó Eduardo Buzzi esta semana. Según el dirigente, que la tarea pase a la Oncca significaría “condenar a las personas que se encuentran formando parte del actual esquema de transporte a la desocupación y el desamparo”.

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