Luego del fracaso de las negociaciones para impulsar un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Estados Unidos encontró en los tratados bilaterales la vía para profundizar la apertura comercial en la región. La Unión Europea tomó ese ejemplo y actualmente está promoviendo un Acuerdo de Asociación (AdA) con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que tiene en vilo a los movimientos sociales que en el pasado se opusieron al ALCA. Ese Acuerdo pretende ir más allá del comercio, incluyendo aspectos como migraciones, derechos humanos y cooperación para el desarrollo. Mientras las negociaciones avanzan, los países centroamericanos no encuentran articulaciones que les permitan negociar en base a posiciones comunes.

Uno de los objetivos de la Unión Europea es tener un acceso a infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos) que le facilite la comercialización con el Sur y con el Norte de América, ampliando así sus mercados en este continente. Además, le interesa profundizar su inversión en servicios públicos como agua, educación, salud, transportes y telecomunicaciones. Lo que el AdA pretende es fortalecer la presencia de las empresas europeas que actualmente operan en ese sector, demandado la apertura de los llamados “mercados de servicios”.

El caso del agua es paradigmático en este sentido y la campaña que están impulsando los movimientos sociales en Centroamérica denominada “Fuera el agua del Acuerdo de Asociación”, busca evitar que se profundice la existencia de una creciente industria asociada con este recurso. Sólo en 2007, las ganancias obtenidas por cuatro de las principales trasnacionales de origen europeo que comercializan agua –Veolia (Francia), Suez/Ondeo (Francia), RWE/Thames Water (Alemania e Inglaterra) y Bouygues/SAUR (Francia)– fue de aproximadamente 16.000 millones de dólares. Centroamérica ve transformase en commodities sus recursos naturales, en un proceso que se concreta de forma similar en Sudamérica.

El principal conflicto en las negociaciones se focaliza en cuál será la competitividad de las principales exportaciones de los países latinoamericanos en caso de concretarse el Acuerdo. En la cuarta ronda de negociaciones entre ambos bloques, celebrada en julio pasado en Bruselas, la Unión Europea presentó una propuesta para liberalizar cerca del 90 por ciento de las exportaciones de Centroamérica, que excluía productos agrícolas clave, lo que generó el rechazo de los negociadores de la región. El objetivo de los representantes centroamericanos es negociar el libre acceso para productos como la banana, el azúcar, el etanol, los camarones, entre otros bienes primarios que hoy encuentran dificultades para ingresar en los mercados europeos por no cumplir sus altos estándares sanitarios.

El comercio de la banana es uno de los más conflictivo debido a las hondas diferencias que existen entre la Unión Europea y los países productores en relación con el cobro de aranceles de importación. En julio pasado la Unión Europea acordó reducir esas tasas de 176 a 114 euros por tonelada exportada por Latinoamérica entre 2009 y 2014, pero echó marcha atrás y mantuvo su posición de defender los aranceles con el fin de beneficiar a los países ACP (Africa, Caribe y Pacífico) que venden bananas en los mercados europeos sin impuestos ni cuotas.

A comienzos del mes pasado, las delegaciones de Europa y Centroamérica realizaron la quinta ronda de negociaciones en la capital de Guatemala para intentar cerrar el acuerdo, pero todavía no lograron avanzar. El principal obstáculo se basa en las dificultades de los gobiernos centroamericanos para construir una contrapropuesta común. Nicaragua, por ejemplo, se opone a que se liberalice en la región el mercado de artesanías, ya que considera que las consecuencias de esa acción serían trágicas para el sector.

Mientras estas negociaciones se llevaban adelante, en la misma ciudad las organizaciones sociales se reunieron en el Foro Social de las Américas. Este espacio sostiene que la posible consolidación de un Acuerdo como el AdA en Centroamérica, junto a la actual vigencia de los Tratados de Libre Comercio, versiones aggiornadas del ALCA que no han hecho más que reeditar en versión bilateral algunos de sus puntos, podría derivar en consecuencias negativas para la población como ocurre en México, el país con mayor cantidad de TLC firmados a la actualidad, que hoy ve crecer la pobreza y la dependencia alimentaria. En contraposición, proponen avanzar con tratados regionales como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unasur.