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El problema de la inseguridad está instalado en la sociedad argentina. Aunque asentado en bases reales, los contratiempos cotidianos son amplificados diariamente por los medios de comunicación. Sin embargo, existen otros riesgos que están ausentes de la agenda mediática y ciudadana. Por ejemplo, más de 600.000 argentinos sufren anualmente algún accidente o enfermedad laboral.

El menemismo sostuvo que la creación de un Sistema de Riesgos del Trabajo (año 1996) reduciría esa siniestralidad. A tal fin, se creó un sistema de cobertura obligatoria de riesgos del trabajo que financiaría la prevención y reparación de los daños causados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Más allá de los nobles objetivos invocados, la reforma cumplía con las exigencias empresariales de eliminar la “industria del juicio” laboral. Con el nuevo marco legal, los conflictos por enfermedades o accidentes dejaban de dirimirse en los tribunales. Durante las discusiones previas a su sanción, los funcionarios afirmaban que la nueva legislación permitiría la reducción de los accidentes laborales. En definitiva, se les reservó a las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART) un rol esencial: informar y asesorar a los empleadores para cumplir con los niveles de seguridad exigidos legalmente. Además, las ART tienen la obligación de denunciar los incumplimientos de sus empresas afiliadas.

Contrariamente a lo declamado, los especialistas consultados por Cash coinciden en señalar que la mayoría de las empresas no tienen adecuadas políticas de prevención y que las ART no cumplen acabadamente con su función. En el mensuario Le Monde Diplomatique, Ricardo Cornaglia sostiene que “con la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, a partir de la afiliación a una ART, los empleadores argentinos consiguieron una licencia para actuar sin tener que soportar las consecuencias económicas de los daños que causan (...) al externalizar del sistema a los empleadores, reconociéndoles la condición de irresponsables, terminó incidiendo en la falta de inversión en prevención. El sistema vigente promueve así el infortunio”.

Durante 2006 (últimos datos disponibles), se produjeron 635.874 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Comparado con los accidentes denunciados durante el año anterior (570.824), el incremento fue del 11,4 por ciento. A pesar de eso, uno de los indicadores (Indice de Incidencia global) –que se utiliza a escala internacional– mejoró: pasó de 81,7 (trabajadores accidentados cada mil) en 2005, a 80,7 correspondientes a 2006.

El Indice de Incidencia expresa el resultado de un cociente que relaciona: cantidad de accidentados con baja laboral versus el total de los trabajadores. El resultado se expresa por cada 1000 trabajadores.

La causa que explica esta aparente paradoja (indicador que baja a pesar de que los accidentes suben) es que el denominador (cantidad de trabajadores) creció más que el numerador (cantidad de accidentados).

De todas maneras, la cuestión sigue siendo preocupante. Comparado con los niveles alcanzados por los países más avanzados (por ejemplo España tiene un índice de incidencia de 59), la siniestralidad laboral argentina sigue siendo muy elevada. Desglosado por actividad, la construcción se mantiene al tope de las actividades más riesgosas (índice: 193,2), seguido por la industria manufacturera (122,5) y el agro (116,2).

En la provincia de Santa Fe, el Poder Legislativo aprobó una iniciativa inédita que intenta enfrentar este desafío social. Motorizado por el gobierno socialista y apoyado por el opositor Frente para la Victoria, la nueva legislación obliga a la conformación de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo en aquellas empresas que cuenten con cincuenta o más trabajadores. Esos Comités son órganos bipartitos y paritarios constituidos por representantes de empleadores y de trabajadores destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos del trabajo.

Aunque el proyecto tuvo un amplio apoyo de la dirigencia política y gremial, cosechó reacciones negativas por parte de las entidades empresariales. Consultado por Cash, el diputado provincial del oficialista Frente Progresista y Social Antonio Riestra manifestó: “En los últimos años la economía provincial creció a tasas excepcionales y en paralelo la situación de la seguridad en las industrias está virtualmente colapsada. Nunca escuchamos la preocupación de los empresarios por los daños que sufren sus trabajadores. Por el contrario, descargan su responsabilidad en el nefasto sistema de las ART y se desligan de sus responsabilidades.

Pero saltaron cuando aparece un proyecto que puede servir para enderezar esta situación”.

Aunque no se doblegó la oposición empresarial, el proyecto oficial fue aprobado. En la práctica se verificará si lo que aparenta ser una herramienta válida para mejorar la calidad de vida laboral, cumple con ese cometido.

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