Las necesidades de financiamiento para 2009 parecen estar cubiertas.

Pero la eventual disminución del superávit comercial y la fuga de divisas apresuraron los intentos del gobierno para mejorar sus posibilidades de conseguir crédito. Por eso en el Ministerio de Economía esperan que el reciente, y ampliamente aceptado, canje de los préstamos garantizados, y la posible reapertura del canje con los tenedores de bonos que rechazaron la oferta de 2005, le permita “recuperar la confianza del mercado internacional y habilite al país para emitir deuda para financiar inversiones”. Este proceso de “normalización” cuenta con la aprobación del establishment financiero, que ahora propone volver a pedirle al Fondo Monetario Internacional. Pero la historia económica del país y un amplio grupo de especialistas advierten sobre los peligros de regresar a un escenario de especulación y fragilidad financiera.

El argumento del gobierno es que a medida que se profundice la crisis, las dificultades para refinanciar la deuda serán mayores y como el riesgo país seguirá subiendo (ronda los 1500 puntos) las tasas a pagar serán cada vez altas. El canje de los prestamos garantizados le permitió aliviar cerca de 5400 millones de pesos de concepto de intereses y amortizaciones para el período 2009-2010. Pero el primer paso de la “lavada de cara” no fue gratis y el gobierno terminó canjeando bonos que ajustaban a la inflación oficial por títulos que pagarán tasas superiores al 15 por ciento.

La posible regularización de la situación con los holdouts a través de la propuesta que presentaron el Deustche Bank, Barclays y Citi busca “mostrar responsabilidad, que uno tiene voluntad de cumplir y al mismo tiempo despeja dudas sobre un posible cese de pagos; además, nos saca de encima los embargos del juez Thomas Griesa”, señalan desde el sector financiero privado.

Luego de anunciar la alta adhesión al canje del tramo local de los préstamos garantizados, el jefe de Gabinete Sergio Massa deslizó la posibilidad de volver a emitir deuda este año. Pese a la intención del Ejecutivo, fuentes del Banco Central reconocieron que “realizar una emisión hoy, o en el corto plazo, para financiar obra pública es muy difícil y costoso. Y, si eso no se puede llevar adelante, lo único que queda son los organismos internacionales”. Pese a la creciente presión del establishment para que el país acuda nuevamente al FMI y demuestre su buena voluntad, las entidades multilaterales a las que se recurriría serían el BID y el BM. Precisamente estos dos organismos habrían sido determinantes para que el gobierno anunciara el pago de los 6700 millones de dólares al Club de París a mediados del año pasado. “El FMI no se presenta como una posibilidad, aunque si se lleva adelante algún tipo de reforma en la estructura de poder del Fondo en favor de los países emergentes cambiarían las cosas”, señalaron sin mucha esperanza desde el Central.

Para algunos economistas los intentos del gobierno de “regularizar” su situación con los acreedores es un arma de doble filo que entraña el riesgo de volver a un escenario de especulación financiera. También recuerdan que la relación deuda/producto se encuentra por debajo del 55 por ciento y que el intento de seducir a los mercados con un arreglo con los holdouts podría terminar aumentando el peso de la deuda –ya que se reconocerían pasivos que ahora no figuran en la contabilidad pública– y abriendo otra vez la puerta al esquema de tener que dar “señales” a los financistas para que acerquen capital. Además, la entrada de capitales puede llevar a un atraso del tipo de cambio que potencie la erosión del resultado comercial. En definitiva, se estarían afectando las bases del modelo.