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Por Claudio Lozano
Economista de la CTA, director del Instituto de Estudiosy Formación (IEF-CTA)

Hasta junio de este año ingresaban a la pobreza 27.964 personas por día.
En diciembre del 2001 se asignaban alrededor de 350 mil subsidios a desempleados. Hoy, la cifra es cercana a los 2 millones. ¿Cuál es la diferencia entre un momento y otro? Existe un sistema que garantiza una cobertura asistencial a los desocupados. ¿Por qué? La participación popular en el marco de una Consulta que promovió el Frenapo instaló una propuesta concreta de resolución de la crisis a través del combate a la pobreza y la desocupación.
La masiva participación popular obligó, en el marco de la crisis de diciembre, a esa respuesta gubernamental. En este sentido, es conveniente recordar que hoy existe un extendido sistema asistencial, casualmente porque hubo participación popular. No obstante, la respuesta oficial se restringió a tomar uno solo de los instrumentos propuestos (el seguro), devaluando sustantivamente el monto exigido. Las consecuencias de la operación oficial no han sido menores. En la práctica transformó lo que era una “salida distributiva” frente a la crisis en un plan de contención social que actúa como paliativo frente a la estrategia de “violencia económica” que supuso la “salida devaluacionista” de la convertibilidad.
El Gobierno ha confundido también el significado y el valor de los instrumentos. Además de haber mutilado los efectos distributivos, promovió un plan que lleva implícitas ineficacias e injusticias. El seguro sobre el jefe de hogar desocupado no puede ni debe pensarse como el único mecanismo de provisión de ingresos a los pobres. En realidad, si bien aporta en esa dirección, su función principal (como era el objetivo del Frenapo) consiste en modificar la dinámica del mercado laboral estableciendo un piso más alto para el salario mínimo, tanto a nivel del sector público como del sector privado. Cuando se afirma que no se puede subir el monto de los subsidios porque esto supondría que trabajadores ocupados pasaran a ganar un importe menor, lo que en realidad se sostiene es que el valor del subsidio que se otorga viene a convalidar el nuevo salario mínimo de esta Argentina devaluada. Casualmente esto era lo que había que evitar, ya que la pobreza –y aquí radica la cuestión de la ineficacia– no se explica sólo por los desocupados sino por los efectos que en materia de caída de los ingresos tiene el desempleo sobre los ocupados. Como si esto fuera poco, a la ineficacia se le agrega la injusticia. Es obvio que carece de sentido darle los mismos 150 lecops a un jefe de hogar con un chico a su cargo que otro que tiene cinco hijos.
Por último, al mutilar los efectos distributivos, al incurrir en situaciones de “ineficacia” e “injusticia”, el plan oficial termina perdiendo “universalidad” y se ve obligado a discriminar al interior del flagelo de la pobreza. Así las cosas, y más allá de alquimias estadísticas, la indigencia y la pobreza siguen con nosotros.