[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En la discusión pública de estos días, el debate político es limitado, por no decir inexistente. Sólo se escucha a los que claman por mantener porciones de la renta y ganancia extraordinaria producida por la soja. Frente a otras experiencias donde el debate incluye temas relevantes, aquí está ausente la cuestión central: la crisis mundial del capitalismo y sus consecuencias sobre la Argentina y, sobre todo, sobre el trabajo. Si se repasan los medios gráficos, televisivos y radiales se podrán advertir extensos relatos sobre candidatos, sobre el pase de un partido político a otro de un dirigente notorio, y sobre la disputa de todos contra todos por figurar arriba en las listas. De la crisis, ni una sola palabra, excepto el lamento de los enriquecidos dueños de la tierra. En este debate preelectoral no se conoce qué piensan sobre el pasado, presente y futuro de la Argentina la mayoría de los postulantes a cargos electivos. Hay cuatro cuestiones centrales que se deberían discutir en profundidad:

1. El perfil productivo del futuro, o sea hacia dónde orientar el crecimiento de la actividad económica dados nuestros recursos naturales, los variados climas, las demandas internas y externas y las aptitudes empresariales y de la fuerza de trabajo.

2. La política de distribución del ingreso o, en otras palabras, el reparto de la torta del Ingreso Nacional.

3. La defensa del trabajo frente a la crisis mundial.

4. El rol regulador e interventor del Estado.

Estas cuatro dimensiones clave del quehacer económico-social están interrelacionadas y de su definición surge un modelo de acumulación que ilustra acerca del proceso de inclusión social, el peso de las experiencias de economía solidaria de fuerte carácter redistributivo y el rol del Estado al servicio de los intereses de las mayorías populares.

Si el futuro productivo implica seguir incrementando valor a los procesos de producción, con créditos subsidiados para las pyme en el marco de un programa de defensa de la industria nacional, con el auxilio de un tipo de cambio alto y competitivo y un sistema de control de las importaciones con dumping social, la legislación deberá seguir estas pautas y profundizar el camino escogido. En ese sentido, el singular impulso mediante planes estratégicos de aliento al asociacionismo y las experiencias solidarias en las producciones regionales (frutas, vino, algodón, yerba mate) deberán completarse con el resto de las actividades de la agricultura familiar extra pampeana. Esta, hoy, está alentada por la presencia, por primera vez, de organismos oficiales, instrumentos y políticas de apoyo a este segmento social, que es mayoritario en el campo argentino. Pero aún falta mucho en esta dirección y las normativas a seleccionar tendrán que avanzar consecuentemente. En cuanto a la producción pampeana, deberá alentarse su expansión en base a paquetes tecnológicos ambientalmente inocuos, que eviten la degradación del suelo y el daño a la salud de los habitantes, desterrando el modelo rentístico-financiero que prevaleció en los recientes años para sustituirlo por prácticas asociativas y sistemas de arrendamiento acordes con la sustentabilidad ecológica y social.

La política de redistribución progresiva del ingreso, estimulada por la elevación del salario real durante el último quinquenio, es un tema prioritario que exige la necesaria atención de los futuros legisladores.

Se debe seguir fortaleciendo el mercado interno con la extensión del salario familiar a todos los trabajadores y la creciente cobertura de los convenios colectivos, que acompañen las correcciones al alza del salario mínimo. El empleo decente es una consecuencia inmediata de la expansión productiva con agregación de valor. Si bien se lograron 4 millones de puestos de trabajo nuevos en estos últimos seis años, que llevaron la tasa de desempleo del 23,0 al 7,8 por ciento, es preciso seguir avanzando para llegar al pleno empleo y a la eliminación del trabajo precario e informal. Aquí se requieren leyes adecuadas de fortalecimiento de ingresos, capacitación, estímulo a empresas que aseguren contratación de fuerza de trabajo y decididos respaldos a la inclusión social mediante la expansión de las empresas de la economía social. En las actuales circunstancias, la defensa del trabajo nacional es fundamental y las medidas oficiales han dado sus frutos.

El rol regulador e interventor del Estado en las relaciones de mercado aparece como indispensable e insustituible. A futuro, la legislación social en resguardo de los derechos del trabajador es esencial. El fomento de sistemas productivos solidarios y que resguarden el medio ambiente y el tejido social y los programas de inversión para la expansión de la oferta de bienes públicos que, secundados por las empresas de la economía solidaria, aporten al crecimiento de la calidad de vida de la población de bajos ingresos son herramientas necesarias a ser instrumentadas desde los respectivos cuerpos deliberativos.

Este conjunto básico, aunque ampliable, de iniciativas descansa en la intensificación de las condiciones de funcionamiento exitoso de un modelo productivista con equidad social. Es lo que proponemos quienes aspiramos a acompañar decididamente el proceso de profundización de la actual política económica y social.

¿Qué se escucha desde el otro lado? Nada, absolutamente nada. Sus principales protagonistas auguran un retorno a la política del ajuste de los ‘90 con el regreso al FMI, que lleva a la destrucción de la industria nacional y los empleos, la caída del salario real y el debilitamiento de las regulaciones estatales.

Seguir adelante con las transformaciones, corrigiendo errores y acentuando el proceso de redistribución del ingreso, aparece como la mejor opción.

* Economista.