El conflicto agrario que comenzó en 2008 y que sigue inconcluso contribuyó a que gran parte de la opinión pública tomara conciencia de muchos aspectos vinculados con la problemática del sector agropecuario. Sin embargo, quedó en el tintero una cuestión fundamental que no siempre fue debatida en profundidad: el modelo sojero. Este modelo cobra impulso en los años ‘70 y constituye una de las manifestaciones más palpables del sistema de los agronegocios. Si bien el modelo tiene sus defensores debido a la alta rentabilidad que genera para algunos sectores, ya que redunda en beneficio de exportadores, grandes productores, rentistas y proveedores de los insumos involucrados en la producción sojera, se tiende a soslayar los múltiples costos involucrados en esa producción. Costos sociales, económicos, ambientales e incluso en la salud pública. Costos que los economistas eufemísticamente denominan “deseconomías externas” o “externalidades”, o sea, costos “externos a la empresa”, generalmente soportados por agricultores, peones rurales, pobladores de las ciudades del interior. Costos que no son contabilizados en los debates sobre el modelo.

Ninguna de las partes del conflicto agrario que involucró al Gobierno y al campo (en realidad, una parte del campo, puesto que ni el sector campesino ni las comunidades indígenas ni tampoco gran parte de la agricultura familiar participaron en forma directa en esa puja) impulsó un debate en torno de las implicaciones del modelo sojero. El “campo” no lo hizo porque se trataba de un cultivo muy “rentable”. Pero tampoco al Gobierno le interesaba poner en jaque a ese modelo porque gran parte de sus ingresos fiscales así como el superávit de la balanza comercial dependían de él. En este sentido el Gobierno actuó, en lo esencial, como socio de los sojeros. Los defensores del modelo señalan su alta rentabilidad debido, en parte, al paquete tecnológico que se utiliza. La semilla transgénica es resistente al glifosato. Esto le permite al productor adoptar el sistema de siembra directa, un sistema productivo que no requiere el laboreo tradicional en el campo, o sea, el arado que desde hace siglos se realiza para preparar la tierra para la siembra. Sin embargo, como la siembra directa deja intacta la maleza, se utiliza masivamente el glifosato juntamente con otros agrotóxicos para eliminarla. El glifosato mata la maleza aunque no la semilla. También mata gran parte de la fauna y flora existente en su entorno y tiene efectos nocivos sobre la salud humana. Lo único que queda en el campo después de la utilización masiva de glifosato y de otros agrotóxicos es la semilla, o planta de soja transgénica. El modelo sojero impulsa la utilización masiva del glifosato. En la actualidad se utilizan entre 160 y 180 millones de litros de glifosato por año equivalentes a 600 millones de dólares.

En esferas oficiales y entre las organizaciones del campo se afirma que el glifosato es un herbicida esencialmente inocuo, o bien, más inocuo que otras herbicidas. Para el Senasa se trata de un producto que “normalmente no ofrece peligro”. No se conocen estudios que avalen fehacientemente estas y otras apreciaciones referidas a la inocuidad del glifosato. Cabe destacar que la semilla de la soja transgénica fue liberada al mercado en 1996 sin que fuesen presentados estudios científicos serios que avalaran su presunta inocuidad. ¿Cuánto perjuicio genera la utilización masiva del glifosato? Los defensores del modelo tratan con horror la posibilidad de que el glifosato y otros agrotóxicos sean prohibidos. No mencionan los costos de su utilización. Señalan con horror los presuntos perjuicios que puede acarrear la prohibición del uso del glifosato en la producción agropecuaria. No sería la primera vez que se prohíbe un agrotóxico.

Cabe destacar que la “rentabilidad” individual no es necesariamente equiparable a “bienestar general”: de allí la necesidad de regulaciones y controles necesarios en la agricultura. Un alto valor de cambio que significa una alta rentabilidad empresarial no implica necesariamente un alto valor de uso, y menos aún un valor social importante conducente al bienestar general.

¿Cuál sería el mayor peligro para la evolución futura de nuestra agricultura? Según las organizaciones ligadas al campo y la producción sojera, prohibir el glifosato sería “retroceder diez años en los logros obtenidos”. Estas afirmaciones encubren la multiplicidad de efectos o costos sociales negativos involucrados en el mantenimiento del modelo sojero. La gran rentabilidad de la soja es apropiada por determinados sectores que son los principales beneficiarios del modelo. Pero, ¿cuánta gente padece el modelo sojero? ¿Cuántos productores de alimentos básicos de consumo popular han sido desplazados por la soja? Si se tomaran en consideración los costos se vislumbraría que la soja no es tan “rentable” como se cree y que sus efectos de largo plazo no necesariamente promueven el “desarrollo” en el país.

* Economista, profesor de la UBA e investigador del Conicet.