[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Nos proponemos presentar y discutir los contenidos básicos de los dos modelos económicos en pugna hoy en la Argentina.

En rigor, dos modelos vienen recorriendo los ejes de las políticas globales del proceso de acumulación de capital en nuestro país desde hace décadas. Pero con mucha mayor intensidad, desde el abandono del modelo de sustitución de importaciones, basado principalmente en la dinámica del mercado interno, en 1975, cuando la dictadura comienza a implantar el modelo que denominamos conservador o de Sociedad de Mercado.

La profunda transformación de la sociedad argentina, que entonces se plantea a punta de fusil, no culmina con la definitiva puesta en marcha de las estrategias contenidas en este modelo. De ello se encargará, a seis años de la vuelta a la democracia, el período menemista y su continuación durante el gobierno radical de Fernando de la Rúa.

Un nuevo escenario se abrió tras el derrumbe de la política económica basada en un tipo de cambio fijo atrasado para favorecer el desarrollo de una estrategia de pago viable de la deuda pública, de amparo a los capitales especulativos financieros y de apertura externa favorecedora de las importaciones sustitutivas de la producción y el trabajo nacional. A partir de 2003 y hasta nuestros días, se propone decididamente –con avances y retrocesos, aciertos y errores– desplegar una política económica y social basada en una sociedad de trabajo, inclusiva y con creciente redistribución progresiva del ingreso. Los logros están a la vista y las asignaturas pendientes no son pocas. Lo más destacado de este período, aún abierto, es la valorización del trabajo como eje central del proceso de recuperación de la economía que en 2002 sufrió el más importante retroceso desde 1930.

La traslación del efecto del ciclo acelerado de crecimiento económico entre 2003 y 2008 sobre el mundo del trabajo se verifica, de modo positivo, en la creación de más de cuatro millones de empleos, la mayoría de carácter formal, en la reconocida reducción de las situaciones de privación social de millones de argentinos y en las mejoras obtenidas en las remuneraciones básicas de los trabajadores activos y pasivos. Esta misma lógica de la política económica se traduce en la estrategia prioritaria actual para enfrentar el impacto altamente negativo de la crisis del capitalismo mundial que se desata, fuera de nuestras fronteras, en septiembre de 2008. La política de respuesta a esa crisis, que emana del gobierno nacional, consiste en la defensa irrestricta de las fuentes de trabajo en todo el territorio nacional.

Las decisiones que se han venido adoptando –como la más reciente referida a la empresa Massuh y las anteriores vinculadas con las automotrices– demuestran fehacientemente cuál es el perfil de la citada estrategia. No se ha verificado el cierre de ninguna fuente importante de trabajo. Este modelo contrasta con la persistente destrucción de puestos laborales que se verifica en otras economías, tanto de países periféricos como centrales. Diariamente, las noticias que llegan desde tales países ilustran sobre el recurrente proceso de cierre de empresas y de expulsión de centenares de miles de trabajadores.

El futuro sendero de nuestra política económica y social va a transitarse por una u otra de las opciones que se ilustran en la tabla que acompaña este artículo. Si se persiste en la defensa de una estrategia basada en la sociedad de trabajo, el esperado proceso de recuperación de nuestra actividad productiva –que ha sufrido un fuerte golpe en estos meses, pero que conserva vitalidad en amplios sectores– se puede aguardar un renovado proceso de desarrollo con equidad social. El otro modelo, ya experimentado por los argentinos en 1976 y en 1990, sólo depararía un fuerte retroceso de carácter regresivo con efectos altamente destructores del tejido productivo y social.

En los tiempos por venir no hay opciones. O seguir profundizando el modelo progresista de sociedad de trabajo, incorporando las rectificaciones que correspondan y agregando todas las medidas que los vayan perfeccionando, o recorrer el camino inverso con todos sus costos sociales, ya perfectamente conocidos. No hay espacio para la indiferencia, la neutralidad o la ausencia de compromiso. Simplemente, porque una actitud expectante no es viable en la realidad económico-social actual y debilita el esfuerzo de consolidar y ampliar el proyecto de transformación en marcha.

La profundización de la política “progresista” o de afianzamiento de la sociedad de trabajo, que más requiere atención presente y futura, es la de la redistribución del ingreso. En el amplio conjunto de iniciativas a adoptar figuran, en lugar destacado, decisiones relativas a la extensión de las difundidas y exitosas experiencias en emprendimientos de la economía social, solidarias y no atadas a fines de lucro, en el espacio de los sectores populares urbanos y rurales. Asimismo, renovadas estrategias de impulso a la formalización del empleo y a la extensión del salario familiar a todos los menores de edad –estén sus responsables en empleos formales o informales– tendrán que ocupar la agenda pública. Además, el fortalecimiento de las prácticas que desde el punto de vista social y ambiental constituyen el modo operativo tradicional de los agricultores familiares tendrán que asumir creciente presencia. Ello se torna más necesario en tanto tal modo de producción es absolutamente mayoritario en actores sociales en el agro argentino, lo que ha llevado al Estado nacional en épocas recientes a tomar plena conciencia de su importancia y significación con la creación de organismos adecuados y la cesión de recursos a tal fin.

Las necesarias modificaciones al sistema tributario, la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras y normas de control sobre los numerosos emprendimientos mineros así como la sanción de la nueva ley de Medios Audiovisuales forman, también, parte esencial de este proceso en marcha de profundización del modelo de sociedad de trabajo.

Por supuesto, la oposición al intento de acentuar un perfil progresista y de afirmación del proceso de redistribución progresiva del ingreso se expresará, se acentuará y se volverá más enconada. Pero quienes creemos que un proyecto progresista y de sociedad de trabajo es la única opción para asegurar una creciente equidad en el reparto del ingreso –y una mayor capacidad de los que menos tienen de acceder a educación salud, empleo, salario, seguridad– deberemos consolidar un espacio unitario en marcha para asegurar su prosecución y fortalecimiento.

* Economista.