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A través de la utilización de las categorías macroeconómicas habituales (ahorro, consumo, inversión) quedan escondidas otras que resultan más relevantes para explicar el desarrollo de una sociedad. En tal sentido, uno de los principales referentes del análisis económico a partir de conceptos no convencionales fue Celso Furtado, quien, en su obra Prefacio a una Nueva Economía Política (1976), planteaba que la cuestión del subdesarrollo para las economías latinoamericanas versaba en torno de la relación entre el excedente, la distribución del ingreso y el tipo de acumulación (productiva o improductiva). Desde este enfoque, un país se de-sarrolla sólo si el crecimiento económico redunda en beneficios para los diversos sectores productivos, las distintas regiones y todos los estratos sociales. Esta definición plantea una clara distinción entre crecimiento y desarrollo, siendo el primero una condición necesaria pero no suficiente para el segundo. Por otro lado, la magnitud susceptible de ser acumulada para promover el desarrollo del país está determinada por el “excedente económico” que, según Celso Furtado, está determinado por la diferencia entre la producción social (PBI) y el costo de reproducción social (CRS) de la población. O, dicho de otra manera, el excedente es la masa de recursos susceptible de ser acumulada después de cubrir las necesidades de la población.

La acumulación de esos recursos se puede dividir en dos categorías: productiva e improductiva. La primera es aquella que permite la ampliación de la capacidad productiva de la economía: recursos destinados a la ampliación del stock de capital (IBIF), mejorar las capacidades de la población (educación) y generar avances tecnológicos (I y D). Por otro lado, se considera como acumulación improductiva cuando el excedente es destinado a fines que no amplían la capacidad productiva, esto es, básicamente, consumo suntuario y flujo de recursos fuera del sistema. La cuestión pasa, entonces, por analizar qué destino una sociedad le da al excedente: si es asignado dentro del sistema productivo, para que permita la expansión de las capacidades productivas, o termina “financiando” desigualdades en los niveles de consumo de la población o tenencia de riqueza fuera del sistema.

La determinación del excedente de la economía argentina se realizó a través de la diferencia entre el Producto Bruto Interno (PBI) a valores corrientes y el Costo de Reproducción Social (CRS) definido en un sentido amplio a los fines de garantizar las condiciones fundamentales de la vida, es decir, alimentación, vestimenta, vivienda, educación, cultura, salud y ocio (ver estudio completo en www.ciepyc.unlp.edu.ar). De forma simplificada, aquí diremos que, valorando estas necesidades para una familia tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) en 4000 pesos, a precios actuales, el CRS de la población ronda el 45 por ciento del PBI, por lo tanto la economía argentina genera un excedente de aproximadamente 55 por ciento del PBI.

En el período 1993-2001 se registra un importante nivel de ahorro externo que se suma al ahorro nacional público y privado. Este nivel de ahorro externo que promedió el 3 por ciento del PBI es la contracara del endeudamiento externo de la Argentina para ese lapso. El mejor año de ese lapso (1998) arroja un nivel de acumulación productiva del orden de 24,3 por ciento del PBI compuesto de la siguiente manera: IBIF (19,9 por ciento), educación (4,16) e investigación y desarrollo (0,23). Ese 24,3 por ciento fue financiado con endeudamiento externo por un 4,6 por ciento del PBI: 14.465 millones de dólares.

En 2003 se instauró un nuevo modelo macroeconómico compuesto por un conjunto de políticas económicas. Se destacan: sostenimiento de un tipo de cambio real competitivo para proteger el mercado interno y la industria; tipo de cambio diferenciado (vía retenciones) ante la existencia de ventajas relativas en favor del sector agropecuario; respaldo a las convenciones colectivas de trabajo; priorización de la integración regional; recuperación de la situación fiscal a través de una mayor presión tributaria que, entre 1998 y 2007, aumentó 8 puntos porcentuales del PBI; una nueva Ley de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo que garantiza destinar 6 por ciento del PBI para el financiamiento de la educación, la ciencia y la tecnología a alcanzar en 2010 y la Ley de Educación Técnica que recupera este perfil derogado en 1993; la rejerarquización del Conicet, el programa Raíces para facilitar el retorno de los científicos argentinos y la creación en 2007 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

En el subperíodo 2003-2007 la acumulación productiva registra un continuo aumento hasta alcanzar un máximo en 2007. Esta mejora respecto de 1998 responde a un conjunto de factores. Por un lado se verificó una caída en la participación en el ingreso del estrato “A” (alto) de por lo menos 2,7 por ciento del PBI (Trim. I 2007 vs. Trim. I 2004). Asimismo, el ahorro público ganó cinco puntos del PBI a partir de una mayor presión tributaria que no afectó al 40 por ciento de menores ingresos (estrato “B” –bajo–), con lo cual la distribución del ingreso “secundaria” (esto es, después de la intervención del sector público) mejoró aún más.

Se puede sostener entonces que la mejora en el nivel de acumulación productiva de 5,4 por ciento del PBI entre 2007 y 1998 se realizó a costa de una reducción del consumo suntuario o acumulación improductiva. Durante la década de 1990, cuando la asignación del excedente quedó librada al mercado, Argentina ahorró poco y se endeudó mucho, privilegiando la acumulación improductiva en detrimento de la productiva. Por el contrario, el modelo macroeconómico actual ha generado una mejora en la distribución del ingreso y un importante aumento de la acumulación productiva en detrimento del gasto suntuario

* Licenciados en Economía integrantes del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación. Universidad Nacional de La Plata.