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A partir de 2002 se dieron dos quiebres fundamentales que marcaron a fuego el devenir económico del país: por un lado, la devaluación del peso, y por otro, el mejoramiento continuo de los términos de intercambio. En función de estos dos elementos, la realidad económica tuvo un giro de 180 grados, reemplazando caracteres como recesión y déficit estructural por crecimiento y superávit gemelos.

Estudiando un poco las estadísticas y realizando algunas pruebas econométricas (las cuales están a disposición), encontramos que la balanza comercial superavitaria se vio determinada en primer lugar por el mantenimiento de un tipo de cambio multilateral competitivo, relegando a un segundo plano el famoso “viento de cola” que trajo la mejora de los términos de intercambio.

Dado este superávit comercial y su consecuente acumulación de reservas, y sumado a la política de saneamiento del sistema financiero nacional llevada a cabo por el Banco Central, el Estado ha logrado dejar atrás aquellos viejos fantasmas (aún invocados por algunos “economistas”) de la devaluación y el default, manejando de una forma efectiva cualquier indicio de corrida bancaria o cambiaria.

Por otro lado, dicho superávit comercial ha permitido llevar a cabo una política de desendeudamiento del sector público (en términos relativos al Producto Bruto Interno), y, vía superávit fiscal, generar un aumento progresivo de los fondos públicos en cuentas del Banco Central.

Este escenario macroeconómicamente ha sido acompañado hasta el 2007 por grandes mejoras en el campo social en relación con la generación de empleo, la mejora en la distribución del ingreso y los niveles de pobreza e indigencia. Llegado el 2008, con el Indice de Precios al Consumidor en decadencia, las operaciones mediáticas y el conflicto agrario, la inflación aceleró el ascenso experimentado entre el 2003 y el 2007. Y el aumento de precios comenzó a ganarle terreno al alza salarial, generando así un divorcio de aquella senda progresista recorrida durante los cinco años previos. Por si fuera poco, a fines del 2008 la crisis mundial comenzó su ataque, provocando una significativa caída del empleo. Aunque ese descenso fue inmensamente menor que los sufridos en otras crisis bajo otras condiciones macroeconómicas.

Hoy, ya con los “brotes verdes” madurando, y la concientización por parte de los Estados nacionales de su obligación en la intervención y regulación de la economía, se comienzan a generar expectativas de reactivación económica a nivel mundial. Y Argentina no es la excepción. Combinando estos factores internacionales con los internos, como el reconocimiento gubernamental de las dificultades sociales existentes (plasmadas en políticas activas), el recambio legislativo y la politización mediática, se espera para el 2010 un fuerte debate sobre el modelo de acumulación de cara al futuro. Obviamente, este debate potenciará la discusión que ha venido realizándose hasta ahora. Esta consiste en la tensión que va desde un capitalismo “nacional y popular”, basado en la expansión salarial para fomento del mercado interno, con un Estado presente y redistributivo, hasta un capitalismo agroexportador con un crecimiento “hacia afuera” que minimiza el componente salarial interno, y pregona un Estado prácticamente inexistente, fundamentado en la teoría del derrame.

La cuestión de aquí en más es: ¿qué nos depara Argentina de cara al futuro?

Desde nuestra óptica, y haciendo un breve aporte al debate sobre el modelo de acumulación, bajo el precepto de que todo crecimiento económico es estéril si no mejora la situación social de los habitantes, sostenemos que para lograr el famoso combo de “crecimiento más desarrollo” es necesario actuar en tres ámbitos fundamentales:

1. El ámbito de la confianza. Es fundamental recuperar la credibilidad de las estadísticas oficiales para eliminar la disparidad de los índices distorsionados y tendenciosos generados tanto en el ámbito público como privado, con la finalidad de gestar una economía más previsible con una mayor capacidad de proyección y evaluación de las políticas estatales y empresariales. Como adicional, pero no menos importante, resulta necesario que a nivel gobierno, consensuado con todos los sectores económicos y sociales, se confeccione un plan estratégico (de carácter público y de largo plazo), se establezca como política de Estado, y, lo que es más importante, que desde el primer momento se cumpla.

2. El ámbito social. Ya contando con estadísticas confiables, será posible formar un consejo económico y social con la misión de generar un mejor acuerdo en torno a las negociaciones salariales y lograr una mejor distribución del ingreso. Por otro lado, dadas las políticas redistributivas actuales, como la universalización de las asignaciones familiares y la mejora progresiva de los haberes jubilatorios, es muy necesario apuntalar la sostenibilidad de dichas medidas sociales proyectando a futuro una reforma tributaria que, por un lado, mejore la capacidad financiera estatal y, por otro lado, distribuya más progresivamente el peso impositivo. Esto ayudará a no caer en los errores del pasado que marcaron un gasto social procíclico, cuando la lógica económica pide a gritos todo lo contrario.

3. El ámbito productivo. El principal punto a atacar es la cuestión del financiamiento de las inversiones. Dada la posibilidad de la reinserción del país en los mercados de crédito internacionales, se espera en el mediano plazo una reducción del riesgo país que producirá una baja en las tasas de interés domésticas. Esto dará el oxígeno necesario al país para el aumento de la capacidad instalada que en algunos sectores (por ejemplo, el energético) funciona como un cuello de botella y muchas veces es causante de inflación. Luego, será misión del Estado articular líneas de créditos productivos orientados a proyectos industrializadores que mejoren los salarios reales de la población y aumenten el poder de compra para lograr el “salto cuántico” de la demanda interna

* Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora. Asesor económico de la CGE Metropolitana.

** Economista graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora.