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Hace pocas semanas la Legislatura porteña votó la Ley 3230/09 que prorroga la aplicación de la ley del cupo de 5 por ciento para trabajadores con discapacidad desocupados. Esto constituye un cachetazo a miles de compañeros inscriptos en el registro de aspirantes y a otros miles y miles que ignoran ese derecho o que no pueden llegar hasta el registro. Agrede además a los que todavía no pudieron acceder al certificado de discapacidad. Es una medida brutal porque posterga a uno de los colectivos más necesitados y relegados por el sistema que exige políticas públicas activas. Pero como se ve, en vez de garantizar sus derechos, se lo prorroga.

Esta medida tiene tufo a corporación política sobreviviente y travestida del 2001. Repudiamos a quienes la impulsaron y a quienes votaron a favor, que fueron gobierno u oposición en los últimos años en la Capital Federal. Da bronca que los autoproclamados “progres” o de centroizquierda que dicen representar al pueblo hayan votado alegremente junto a la derecha más recalcitrante esta medida proscriptiva con los discapacitados. Estaban conscientes de lo que hacían. Sabían lo falaz de los argumentos esgrimidos y la carencia ética y moral del proyecto que sigue castigando a la población de trabajadores discapacitados.

Hay que ser claros: no es contra los discapacitados especialmente. Esta ley se enmarca en una política de ajuste que se comprueba en el Presupuesto 2010 presentado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A esta ley nosotros la vemos desde una perspectiva política. Estamos en un sistema en cuya matriz está la exclusión, la expulsión hacia los márgenes de la sociedad de aquellos a los que se considera no productivos. Es decir, los viejos, los niños, las personas con discapacidad, los migrantes, entre otros. A los que les quebrantaron la salud por superexplotación, por las condiciones laborales o porque manipulan agrotóxicos.

En consecuencia entendemos que esta lucha debe llevarse adelante junto al resto de la clase trabajadora y de las organizaciones sociales.

Debemos mostrarnos y robustecer el espacio que la CTA abrió hace años para trazar una política de la problemática de discapacidad, con el objetivo de accionar por los derechos de los trabajadores discapacitados, cualquiera sea su condición laboral (contratado, precarizado) junto al resto de la clase. Y convocar y articular con las ONG tradicionales de discapacidad.

En suma, después de la insólita decisión de la Legislatura respecto de no resolver la responsabilidad del Estado en la contratación de trabajadores con discapacidad, exigimos el veto del jefe de Gobierno porteño a esta ley vergonzosa

* Director del Area de Discapacidad de la CTA.