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Argentina es el único país entre los principales exportadores de cereales (los otros cinco son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Rusia, Australia) que no cuenta con mecanismos integrales de regulación del comercio de granos. Estos países han mantenido distintas formas directas o indirectas de intervención, con objetivos diversos. Las formas indirectas combinan transacciones realizadas por el sector privado con subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos. En Canadá y en Australia funcionaron Juntas de Granos sectoriales que centralizaron la comercialización interna y externa de cereales. Este es el caso de la Canadian Wheat Board (CWB) y la Australian Wheat Board (AWB). Mientras esta última fue reestructurada, en Canadá la Junta aún juega un rol clave en la comercialización interna y externa de trigo.

Estas modalidades de intervención, por un lado, evitan la variabilidad de ingresos y el abuso del poder monopsónico de la industria. Y, por el otro, permiten instrumentar procesos de “descommoditización” a partir de la diferenciación y segregación de granos. Si bien durante los últimos años la regulación cambió, particularmente en Australia, la intervención posibilitó la organización de mercados y el desarrollo de trayectorias agroindustriales basadas en la diferenciación según calidad de las materias primas.

En Argentina, si bien nunca llegó a consolidarse un esquema regulatorio similar, el conjunto de instrumentos que podrían haberlo posibilitado fue desmantelado en la década del ‘90. Entre otros, cabe destacar las juntas nacionales de granos creadas durante los años ‘30. Estas no operaron sistemáticamente en la comercialización, pero jugaron un rol importante en la organización del mercado. Sus funciones fueron gradualmente socavadas hasta que en los años ‘90, las juntas fueran desmanteladas. A medida que el Estado se fue retirando, avanzaron las grandes comercializadoras internacionales de granos en el control de la cadena, dejando al productor en una situación fuertemente subordinada.

En los últimos años, en un contexto de alta conflictividad, se han implementado iniciativas puntuales para asegurar el abastecimiento de la demanda interna y sostener el precio al productor. Sin embargo, el carácter no sistemático y tardío de las intervenciones muchas veces ha limitado la efectividad de las políticas. La posibilidad de superar el estancamiento en la producción de trigo está asociada en parte al establecimiento de un precio sostén que asegure al productor la obtención del precio FAS (Free Alongside Ship). Adicionalmente, sería necesario introducir mecanismos que permitan reducir las diferencias de rentabilidad con otros cultivos. Debería desarrollarse una estructura organizativa estable que actúe como comprador en el mercado y organice la diferenciación por clases de calidad. Según estudios del INTA, si la Argentina clasificara sus trigos, tendría la posibilidad de competir con trigos de alta calidad en el comercio mundial como el australiano y canadiense. La Argentina tiene trigos de muy buena calidad que luego se pierde al “mezclarse” en el circuito de comercialización, debiendo ofrecer al mercado internacional trigos commodities.

El resultado que este proceso de “mezcla” tiene sobre los precios que obtienen los productores se puede cuantificar comparando con los precios del trigo ofrecido por Canadá y Australia. Estos países producen, cada uno de ellos, al menos siete clases diferentes de trigo. Luego existen potencialidades para mejorar la competitividad del trigo a partir del establecimiento de un sistema de clasificación estable, asegurando un precio sostén al productor con pagos adicionales según la clase. La oferta de trigos diferenciados tendría un efecto sobre las rentabilidades de los productores, evitando la sojización y posibilitando la diversificación de la industria compradora. Para ello, resulta necesario, por parte del sector público, no solamente establecer el marco regulatorio correspondiente, sino también crear instituciones capaces de coordinar y fiscalizar el sistema

* Investigador del CEUR-Conicet y miembro del CIEPyC-UNLP.

** Licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires). Miembro de AEDA.