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El conflicto político que disparó el affaire Martín Redrado y la creación del Fondo del Bicentenario tiene una arista que escapa a la visión escandalizada de algunos miembros de la oposición en relación con el uso de las reservas del Banco Central y las formas con las que procedió el Gobierno para encarar el tema. Uno de los temas de fondo que resucitó un debate casi olvidado tiene que ver con la deuda externa, su (i)legalidad o (i)legitimidad y las posibilidades que tendría el Estado para encarar una auditoría con el fin de obtener una radiografía precisa de cómo fue el proceso de endeudamiento en los últimos 35 años y quiénes son los acreedores del país, ya sean estados, organismos multilaterales, bancos, empresas, inversores, instituciones, pequeños ahorristas o fondos buitre. Todo esto con el objetivo de determinar responsabilidades en los casos donde se encuentren irregularidades y a su vez construir una herramienta cultural que sirva para clarificar decisiones de política económica ante la sociedad. Sin embargo, no hay soluciones mágicas. Para avanzar en el tema, Cash consultó a legisladores de la oposición y del oficialismo sobre las posibilidades de concretar una auditoría de la deuda en moneda dura.

Ya existen casos interesantes que podrían servir de base: la causa Olmos, con un fallo firme del juez Jorge Ballesteros sobre la deuda de la última dictadura militar, cuyos expedientes duermen en el sótano del Congreso; la causa del Megacanje, donde está procesado el ex secretario de Finanzas de la Alianza, Daniel Marx, irónicamente ahora uno de los voceros mediáticos para criticar la conformación del Fondo del Bicentenario. Y en el plano internacional existen las auditorías realizadas por Ecuador y Costa Rica, que se sometieron al Tribunal Internacional de la Haya, y una investigación que está iniciando Brasil sobre su deuda. Por lo tanto, cabe hacerse la pregunta: ¿puede hablarse de deuda legítima e ilegítima? Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner era un tema que, en todo caso, debió tratarse en 1983.

La deuda en debate

Según la causa Olmos, en 1975 la deuda externa tanto pública como privada era de 8085 millones de dólares, mientras que en 1983 ya ascendía a 45.087 millones de dólares y dos años después, ya en período democrático, rondaba los 49.000 millones de dólares. En las conclusiones del fallo, el juez Ballesteros determinó: “La deuda externa de la Nación ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado”.

Durante el primer gobierno post dictadura, Raúl Alfonsín intentó dar el debate sobre la ilegalidad de la deuda externa pero sucumbió rápidamente ante las presiones del establishment. Después, Menem lo hizo. En el marco del Plan Brady, la banca acreedora –el Bank of America, el Banco de la Sociedad Financiera Europea, la Unión de Bancos Suizos, el Boston y el Lloyds Bank, entre otros– consiguió cambiar una deuda bancaria por bonos del Estado que luego se vendieron anónimamente en el mercado.

Fue un canje que alcanzó un total de 29.000 millones de dólares, impulsado por Domingo Cavallo, el abogado Horacio Liendo –ahora patrocinante del gobierno de San Luis contra el Fondo del Bicentenario– y –también– Daniel Marx. Desde la Reserva Federal, los implicados fueron Terrence Checki y el ex subsecretario del Tesoro, David Mulford, también implicado en la causa del megacanje de la Alianza.

“Los Brady fueron los famosos bonos que luego se utilizaron para comprar las empresas públicas. De la mano de la deuda de la dictadura, más las renegociaciones del alfonsinismo, la estafa de las privatizaciones, el endeudamiento de toda la década menemista, más el megacanje, que le costó al país un incremento de la deuda externa en 50.000 millones de dólares, llegamos a la crisis de 2001”, señaló a Cash el economista Andrés Asiain, integrante de la Cátedra nacional de Economía “Arturo Jauretche”.

La negociación del canje de 2005 representó una quita de 63.000 millones de dólares, mayor al aumento de la deuda ocasionado por el megacanje. Si bien es verdad que el actual nivel de endeudamiento en relación con el PIB es mucho menor que en 2003 –cuando llegaba al 138 por ciento–, existen argumentos jurídicos que avalarían la pregunta sobre la posibilidad de estudiar la deuda externa aun después de que los gobiernos democráticos la hayan convalidado a través de sucesivas renegociaciones y en los presupuestos nacionales.

Para Mario Cafiero, el concepto jurídico de “deuda odiosa” está vigente y fue utilizado por el gobierno de George Bush para suspender la deuda en Irak contraída por Saddam Hussein. Pero sin ir tan lejos, la propia Constitución nacional tendría salvaguardas para analizar el endeudamiento externo. El artículo 36 de la carta magna establece que los actos hechos por un usurpante del poder –como fue la dictadura militar– son nulos de nulidad absoluta. “Hay que promover una acción judicial internacional que examine si realmente somos deudores. Costa Rica se sometió ante el Tribunal Internacional de La Haya y logró que la mayor parte de su deuda contraída bajo un gobierno de facto sea anulada. Allí se aplicó el concepto de deuda odiosa”, explicó a Cash el constitucionalista Eduardo Barcesat.

En este sentido, el propio Héctor Timerman, embajador argentino en Estados Unidos, señaló esta semana en su carta al Congreso norteamericano que la actual deuda argentina –y el proceso de canje que quiere reiniciar el Gobierno– está relacionada con la última dictadura militar. Por lo tanto, existen elementos jurídicos y políticos –tanto locales como internacionales– que avalarían una auditoría de la deuda externa. El problema es cómo llevarla adelante después de que cambió tantas veces de mano con las sucesivas reestructuraciones.

La deuda en el Parlamento

Para el diputado Claudio Lozano, integrante de Proyecto Sur junto a Pino Solanas, debería crearse una comisión bicameral que recupere algunas causas judiciales vigentes y otros casos emblemáticos: el caso Olmos, el megacanje, los bonos por la pesificación asimétrica de 2002 y la reestructuración de la deuda de 2005. Además de la Bicameral, se debería convocar –según el legislador– al Tribunal Internacional de la Haya para que actúe como contralor. Otros legisladores, como Carlos Heller, ahora en el espacio que lidera Martín Sabbatella pero afín al Gobierno, e incluso el radical Daniel Katz, uno de los principales operadores políticos del vicepresidente Julio Cobos, también se muestran a favor de una comisión investigadora, pero se diferencian en puntos centrales.

Según explicó Lozano a Cash, el Estado debería frenar el pago de toda la deuda investigada que tenga algún trámite judicial iniciado –como el megacanje– como así también los bonos originados en esa deuda por más que luego hayan sido canjeados nuevamente en 2005. “En donde no haya un juicio iniciado, hay que revisar todo, suspender el pago de capital y seguir abonando los intereses, hasta que termine la investigación”, agregó el legislador a este suplemento. Eso implica suspender el pago del grueso de la deuda actual.

En relación con los Boden 2012, que son títulos emitidos para compensar a los ahorristas que quedaron atrapados en el corralito, Lozano afirmó que también debería estudiarse la transferencia de esos títulos, porque “sirven más para remunerar a los bancos que a los ahorristas”, según su tesis. Esto es porque los bancos fueron comprando esos bonos en el mercado. “Si hubo alguna ilegalidad en estos títulos, habría que forzar a los bancos para que compensen al Estado”, agregó el diputados de la CTA y Proyecto Sur.

“Imaginate si se le dijera a algún ahorrista o jubilado que vamos a suspender el pago de los Boden 2012, sería un escándalo”, reflexionó Carlos Heller. Para el también banquero, la postura más sensata sería iniciar una revisión parlamentaria pero sin suspender los procesos vigentes de desendeudamiento. “El momento fue luego de la dictadura, después hubo innumerables cambios de mano, hubo tomadores de buena fe. No se puede ir siempre para atrás, si no estaría todo sujeto a revisión. Sí creo que es necesaria una investigación para delimitar responsabilidades. Brasil también lo está haciendo”, indicó Heller.

El momento político parece ser una buena vidriera para que todos los integrantes de la oposición se sumen a la discusión por la deuda externa. “Se tendrían que suspender los pagos hasta tanto se termine la investigación”, señaló con vehemencia el diputado cobista Daniel Katz.

–¿Usted ve a Cobos y al radicalismo declarando un default para encontrar a los responsables de la deuda externa? –le preguntó Cash.

–Yo no soy la totalidad del radicalismo, habría que debatirlo profundamente. Los mercados y el mundo reaccionan frente a un país en función de la seriedad con que planteen los temas. Puede ser serio pagar como no pagar, depende de cómo se haga –respondió.

La deuda pendiente

En el oficialismo, tanto altas fuentes del Ministerio de Economía como desde la conducción del bloque oficialista en Diputados consideran que éste no es el mejor momento para hacer un estudio de la deuda externa. De hecho, el objetivo principal es concretar el nuevo canje para salir a los mercados financieros. Por lo bajo, los funcionarios del Ejecutivo reconocen que luego de 25 años es muy difícil investigar la deuda, aunque señalan que un argumento favorable para los que impulsan una investigación de estas características sería relacionar la deuda externa con un hecho de lesa humanidad e iniciar acciones legales para su investigación bajo el amparo de los derechos humanos.

Para el economista Asiain, una auditoría de la deuda serviría mucho desde el punto de vista cultural. “Hay una gran mentira de que los argentinos vivimos de lo que nos dieron los extranjeros, nos viven diciendo que debemos honrar las deudas. La sociedad tiene que saber de dónde vino esa deuda. Es un tema relevante para el presente y para el futuro de país”, señaló el economista.

El mecanismo de la deuda externa fue similar en muchos países latinoamericanos. El plan Brady se aplicó, además de Argentina, en Ecuador, Bolivia, México, Brasil, Perú y Filipinas. Por eso, desde los espacios de poder dentro de Latinoamérica, como la Unasur, se plantea la posibilidad de impulsar tribunales regionales que sean los responsables de estudiar todos estos procesos, por más que hayan pasado varias décadas.

“Hay que investigar y reforzar el poder internacional para decidir en conjunto. A las finanzas internacionales no les importa cuándo se contrajo la deuda. Hay que finalizar este proceso de otra manera, a partir de la unidad latinoamericana, donde todos los países puedan expresar una opinión común frente a los grandes acreedores internacionales que viven de hacer juicios a los Estados”, aseveró el historiador y ensayista Norberto Galasso.