La volatilidad externa de los mercados con la crisis financiera internacional potencia la compra de los denominados activos refugio, entre los que se destaca el oro. El metal precioso acumula desde 2002 una ganancia de casi 350 por ciento en dólares, y de 1800 por ciento en pesos. La onza rozó en la semana los 1425 dólares la onza troy –equivalente a 31,1 gramos–. En los últimos años se ensayaron varias alternativas para aprovechar ese boom, como los contratos a futuros, pero la elección de los ahorristas continúa siendo la compra de oro físico. La suba en los precios incrementó además la negociación de joyas. Si bien muchas de las operaciones se hacen bajo el marco legal, existe una cantidad importante de transacciones espurias que encubren operaciones de lavado de dinero. Por ese motivo, la Unidad de Información Financiera (UIF) inició una investigación sobre varias joyerías.

En los últimos meses comenzó a registrarse un incremento sostenido en los precios de los commodities. El caso más notable fue el oro, que marcó sucesivos records hasta finalizar el viernes por encima de los 1400 dólares la onza. El mercado local acompaña esa tendencia mundial. El gramo se ofrece al público a 177,20 pesos, según la cotización del Banco Ciudad. Por debajo de estos valores, las casas de compra y venta de joyas pagan unos 110 pesos el gramo de oro (para fundir). La diferencia es la ganancia que obtienen estos comerciantes por la operación. Los dueños de esos locales se quejan de que la rentabilidad cayó, pero es difícil conocer la realidad de su situación, porque muchas siguen trabajando con dinero negro.

La transformación en bienes de las ganancias obtenidas como resultado de la comisión de actividades ilegales constituye una de las maneras más conocidas y más simples de alejar esos beneficios de su origen. Esos clanes incrementan significativamente sus movimientos de dinero a través de medios no monetarios. En especial, el oro en todas sus formas –lingotes, monedas, joyas y hasta piezas dentales– cuenta con la ventaja de ser aceptado en todo el mundo como un valor estable y de gran liquidez. En el país, el antecedente más cercano fue la investigación por contrabando de oro a Uruguay realizado por joyeros de la calle Libertad, de la Capital Federal, en una operación ilegal que ascendía a 100 millones de dólares. Se descubrió que pasaban por la frontera unos 50 kilos por mes. El caso tuvo características similares con el modus operandi que utilizaba la mafia del oro en los noventa, donde se triangulaban negocios con empresas offshores que funcionan en paraísos fiscales.

En los últimos meses se descubrieron algunas operaciones de lavado de dinero de las joyerías. “Desde la Unidad se está investigando a remesadoras de fondos, transportadoras de caudales, joyerías y coleccionistas de cuadros”, explicó el titular de la UIF, José Sbatella. En julio último, ese funcionario envió una nota a la Cámara Argentina de Joyería, Relojería y Afines para requerir datos relativos al sector y comunicar que iniciaría controles in situ. Los supervisores de la entidad oficial notificaron a la conocida joyería Richiardi, de Recoleta, para que en un plazo de diez días ponga a disposición del organismo la documentación sobre los procedimientos implementados para la prevención del lavado de dinero proveniente de delitos de evasión. Lo mismo se realizó en Paul Baker, en avenida Alvear. Las notas se realizaron bajo apercibimiento de sanciones, luego de que días antes, ambos establecimientos impidieran la supervisión de la UIF. Finalmente, aceptaron ante la amenaza de que la entidad recurriera a la Justicia