El análisis de la articulación del concepto de progresismo y consistencia económica es un interesante ejercicio para arrojar cierta luz sobre la discusión desatada en los últimos meses alrededor de la ley del 82 por ciento móvil. Ley que finalmente fuera vetada por el PE nacional, decisión apoyada en la racionalidad económica y la equidad distributiva.

Entre los cuestionamientos a la ley vetada, puede señalarse que disponía erogaciones sin indicar su fuente de financiamiento, en una clara violación del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, a la vez que estipulaba límites al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), combinación de factores que implicaba malvender activos, generando una pérdida estimada –en forma conservadora– del 20 por ciento.

Es necesario tener presente cuál es la razón de ser de un sistema previsional solidario y de la figura del FGS. Su existencia tiene por objeto garantizar a los jubilados y pensionados actuales y futuros una remuneración acorde, sujeta a la sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazo. Más aún, el mismo debiera ser entendido como un fondo que actúa en forma contracíclica, ahorrando en los momentos alcistas del ciclo económico para poder hacer frente a los bajistas, cuando, teniendo en cuenta la estructura de la pirámide poblacional, las obligaciones en relación con las contribuciones se incrementen.

El veto es además justificado en aras de la equidad social, ya que implicaba aplicar el 82 por ciento móvil para todos los haberes previsionales, sin seguir ningún criterio de redistribución progresiva que mejore el nivel de vida de los sectores más necesitados.

En términos analíticos, se podría trazar dos ejes delimitando cuatro cuadrantes en donde se ubiquen la ideología y la racionalidad de las medidas que han tomado diferentes gobiernos a lo largo del tiempo.

1. Conservadurismo Consistente.

Comenzando cronológicamente con los años ’30, se podría catalogar la Década Infame como un conservadurismo económico consistente, debido a que si bien el gobierno mantuvo un inadmisible statu quo en materia social, recurriendo sistemáticamente al “fraude patriótico” y signado por los escándalos de corrupción, fue consistente en la recuperación de los equilibrios macro y creó instituciones valiosas como las Juntas Reguladoras y el Banco Central.

2. Conservadurismo Inconsistente.

Por su parte, y manteniéndonos en el cuadrante del conservadurismo político y el liberalismo económico, podemos encontrar en la dictadura iniciada en 1976 y en la década de los ‘90 un conservadurismo inconsistente. En ambos casos se asistió a un modelo de apertura irrestricta, extranjerización de la economía, desindustrialización, desempleo, ajuste y endeudamiento que desembocó en ambos casos en gravísimas crisis fiscales, externas y financieras. Tanto la gestión económica de Martínez de Hoz como la de Cavallo en los noventa fallaron en establecer un modelo económico consistente en el tiempo, favoreciendo a un reducido y concentrado sector económico de la sociedad.

3. Progresismo Nacional y Popular Consistente.

En el cuadrante opuesto, es decir en el del progresismo consistente, se encuentra la gestión iniciada en 2003 hasta el presente. La Argentina se recuperó de la peor crisis de su historia económica con progresismo y racionalidad. Se experimentó un fuerte incremento en los niveles de actividad y de empleo, la inversión social pasó a ser una prioridad indiscutida, se consiguió la autonomía económica con una firme negociación con los acreedores, se promovió un tipo de cambio competitivo y se priorizó el desarrollo de un modelo de crecimiento endógeno. A diferencia del crecimiento espurio de los noventa, basado en el endeudamiento y el consumo suntuoso, el crecimiento de esta década fue sustentable, basado en la producción y el consumo popular, en el desendeudamiento, en la acumulación de reservas y en el mantenimiento de superávits gemelos. En ese marco fue posible sextuplicar las jubilaciones y pensiones mínimas congeladas en 150 pesos desde la convertibilidad.

4. Progresismo Inconsistente (o seudoprogresismo).

Existen diferentes procesos económicos-sociales en América latina y en Argentina que tuvieron una intencionalidad progresista pero descuidaron la consistencia económica o no pudieron lograr relaciones de fuerza que permitieran impedir la desestabilización de los sectores económicos concentrados. Bajo este marco, hay quienes de buena fe sostienen deseables consignas y quienes de mala fe sólo pretenden manipular las legítimas aspiraciones de los sectores pasivos. En este sentido, y en relación con la iniciativa del 82 por ciento móvil, se aprecia una convergencia de facto entre los sectores seudoprogresistas y los conservadores inconsistentes.

Muchos conservadores irracionales del cuadrante 2 y seudoprogresistas del 4 contrastan el “progresismo racional” de Chile, Uruguay o Brasil, países en donde a ningún legislador progresista o racional se le ocurriría proponer una ley inconsistente. Seguramente muchos conservadores “racionales” y los mismos conservadores irracionales y seudoprogresistas, además de ciertos sectores de prensa que siempre aplaudieron los ajustes, hubiesen aplaudido a rabiar, según el caso, un eventual veto de Lula, Bachelet, Piñera, Vázquez o Mujica ante un escenario similar.

Algunos de estos sectores congelaron y hasta recortaron las jubilaciones un 13 por ciento, posteriormente se opusieron a la gestión pública de la seguridad social y ahora buscan dinamitar los márgenes fiscales del actual gobierno, no percibiendo el flaco favor que le hacen a las generaciones actuales y venideras en su conjunto.

Por ende, para obtener logros sustentables de progreso económico y social, junto a reformas que permitan un cambio estructural, propiciando una redistribución más justa de la riqueza, es preciso avanzar sobre acciones que no sean promesas tanto vanas como efímeras. Lo expuesto requiere evitar los –muchas veces tentadores– atajos y llevar adelante políticas que concilien mejoras sociales con las condiciones económicas que las hagan profundas y duraderas

* Presidente de la Comisión Nacional de Valores y miembro del Plan Fénix.