La ciudad es un hecho y un derecho. Es una de las consumaciones más notorias de la producción material y simbólica, en un proceso de transformación y socialización permanente. No se reduce al mero espacio físico de aglomeración, sino que adquiere valores, identidades e imaginarios construidos históricamente. Por lo tanto, no sólo se vive en la ciudad sino que se vive la ciudad. Y parte de ese vivir significa producirla, gozarla, sufrirla, reivindicarla y lucharla.

La ciudad también implica una cuestión de derecho que, por las mismas razones, trasciende su mera realidad como espacio físico y adquiere valor de uso concreto y público. Si se la define como parte del sistema de servicios y consumos colectivos concentrados que hacen posible la producción y reproducción de la vida social, la cuestión del derecho aparece nítida cuando se detecta que hay quienes quedan “al margen” del efecto de los satisfactores de esos consumos necesarios. ¿Cuáles son los derechos de la ciudad? Precisamente los que se derivan del hecho de vivir en ella, produciéndola y consumiéndola, cuyo valor asociado es el ejercicio de la ciudadanía: el derecho a la vivienda, a una vida digna, a usar los servicios que la ciudad brinda o debe brindar para todos, como ámbito público socializado de la producción humana.

Como esto no se da, ese derecho es reivindicado y se lucha por él, en términos de legitimar hasta acciones que son ilegales, como la usurpación del espacio público o privado desocupado, pero que en el fondo implica una lucha por el derecho al uso de la ciudad misma. Estas situaciones se dan de hecho, en principio por la relación de dominio que implica la apropiación del excedente urbano, cuando éste se distribuye por el valor de cambio de la ciudad, transformada en mercancía. Es así que la máxima socialización pública de la producción cultural humana deviene en apropiación privada, cuyo indicador es la fragmentación y segregación urbana, sobre la base del valor del espacio.

Según el flamante censo, hay en nuestro país una vivienda cada tres habitantes. Lo que implica pensar que quien no tiene acceso a ella es porque ha sido despojado del derecho a tenerla, ni más ni menos. Y esto tiene raíces estructurales en el surgimiento histórico de lo urbano y de la ciudad.

En la amurallada ciudad de la Antigüedad, la protección y la pertenencia eran garantizadas materialmente por las castas de guerreros, sacerdotes y burócratas, y concebidas como algo dado desde la autoridad sagrada estatal y emanaban como un don del templo central y del palacio, pero no para todos por igual. Los esclavos no eran concebidos como ciudadanos, a pesar de ser quienes habían construido la ciudad y sus muros. Tampoco en la ciudad medieval se concebía que esos sectores estuvieran al margen del goce del derecho a la ciudad misma, pues su situación de subordinación se consideraba parte del orden natural.

Es la ciudad de la Modernidad la que universalizó el derecho de todos los ciudadanos a hacer uso de ella, trascendiendo su acotamiento amurallado, y es recién a partir de esta premisa que el “quedar al margen” se pudo convertir en un problema a resolver institucionalmente por el Estado. A su vez, es el interés dominante el que necesita estructuralmente de una fuerza de trabajo migrante, a la que –paradójicamente– los imaginarios hegemónicos tardarán en considerar (o no considerarán nunca) legítimos destinatarios de la ciudad misma, o sea, ciudadanos al fin.

Así que la lucha continuará y el papel del Estado seguirá siendo crucial en función de los intereses que ampare. Seguirá áspera, compleja, con atajos ideológicos enlodados de discriminación y racismo, de ocultamientos y manipulaciones, con contradicciones e impurezas, para quien pretenda idealizar un equilibrio que, en todo caso, será siempre un estado provisorio del conflicto

* Antropólogo, investigador del Conicet.