ECONOMíA SOLIDARIA, MICROCRéDITOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Fabio Sánchez, secretario adjunto de Economía Social del Ministerio de Trabajo del gobierno de Lula, expone la experiencia brasileña con microemprendimientos. El desafío del financiamiento y de la expansión de la actividad.
› Por Walter Isaia y Natalia Aruguete
Los movimientos sociales y el gobierno de Lula da Silva acordaron durante su primer mandato la creación de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Trabajo. En su paso por Buenos Aires, para participar del Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito y Economía Social, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fabio Sánchez, secretario adjunto de Economía Social del Brasil, dialogó con Cash sobre los ejes y programas de trabajo del área.
¿Por qué la Secretaría de Economía Social se creó dentro del Ministerio de Trabajo?
–Porque es fruto de una reivindicación de los movimientos sociales de la economía solidaria, que el presidente Lula en 2002 aceptó de inmediato. Los movimientos pidieron que fuera dentro del Ministerio de Trabajo porque la economía solidaria es otra forma de organizar la actividad económica y organizar el trabajo.
¿Cuáles son los programas más destacados?
–Trabajamos sobre cuatro ejes. Primero, que los emprendimientos tengan formación, tecnologías producidas en los centros de investigación y asesoría técnica para incrementar productivamente los emprendimientos con financiamiento del Estado. Segundo, trabajamos para articularlos, constituir redes productivas y hacer que los emprendimientos accedan al mercado. Tercero, propiciamos que los emprendimientos de economía solidaria tengan acceso a créditos, fortaleciendo principalmente a los financieros: los fondos solidarios, los bancos comunitarios, las fundaciones sociales de microcréditos. La cuarta línea es hacer cambios legales para dar apoyo a las economías solidarias. Estamos discutiendo la construcción de un sistema público de economía solidaria, que ponga en relación a los municipios, los gobiernos de Estado y el gobierno federal.
¿El Estado genera fondos para que estas organizaciones presten?
–Estamos trabajando integradamente con los bancos públicos que abren líneas de financiamiento. Acabamos de lanzar un programa de apoyo a finanzas solidarias con base en los bancos comunitarios de fondos compartidos, junto con el Banco Central de Brasil.
¿Cómo se articula esa Secretaría con programas de desarrollo social, como Bolsa Familia?
–Con Bolsa Familia estamos trabajando hace algunos años, pensando junto con su público beneficiario formas de microemprendimientos económicos solidarios. Parte de ese trabajo se da también con el Ministerio de Desarrollo Agrario que tiene a cargo la política de agricultura familiar. Buscamos organizar el desarrollo territorial en base a la formación de microemprendimientos solidarios.
¿Qué estrategias tiene la economía solidaria frente a la desocupación?
–Hemos mapeado 22 mil emprendimientos (4 millones de trabajadores). Hay más, pero hemos llegado a la mitad de los municipios. En términos de la población económicamente activa es una cifra muy pequeña, menos del 5 por ciento del total. Las economías en proceso de desarrollo, en Brasil, tienen una parte de la población no integrada al trabajo formal y la economía solidaria es un elemento de organización de esos trabajadores.
¿Cómo caracterizaría este momento de la economía solidaria en Brasil y en la región?
–En Brasil creció mucho en los últimos 15 años. Yo no creo que sea un proceso sólo en Brasil sino en toda la región, donde la concebimos como una estrategia de desarrollo socioeconómico más pleno.
¿Cuál fue la política de la Secretaría en las favelas?
–Las favelas son muy diversas y requieren diferentes tipos de trabajos. Hemos trabajado con los movimientos de vivienda para crear estrategias de económica solidaria.
¿Cuáles son los desafíos?
–Ampliar las finanzas solidarias y consolidar las políticas públicas de la economía solidaria, creando un marco legal más fuerte, para formalizar los emprendimientos y hacerlos más accesibles a las políticas públicas
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