Una prolongada recesión, un nivel de desempleo record y dudas crecientes sobre la capacidad de repago de la abultada deuda con el exterior. Un sistema financiero doméstico que, tras los años del boom en los que contribuyó a financiar una enorme burbuja de especulación y consumo, se encuentra al borde del abismo. Un presidente errático y desgastado políticamente que habiendo asumido con una agenda de recambio respecto del gobierno neoliberal de los años previos terminó aplicando en plena crisis recortes inéditos, como la rebaja de los salarios nominales a los empleados públicos. Una tensión creciente con los gobiernos subnacionales, a los que se presiona desde el poder central para que achiquen cada vez más el gasto. Un contexto institucional externo inflexible, obsesionado con imponer al país medidas adicionales de austeridad como condición de acceso a nuevos fondos frescos. Todo esto en una economía que renunció hace años a la autonomía monetaria y que asiste impotente a los graves efectos que provoca un tipo de cambio sobrevaluado en su tejido productivo. Parecería imposible equivocarse si se cree estar leyendo una descripción de la Argentina de hace diez años. Pero no es el caso: se trata de España 2011.

El sábado 2 de abril, en una aceptación implícita de que el derrumbe de su popularidad era ya irreversible, el presidente español renunció a la posibilidad de presentarse a un nuevo mandato. Rodríguez Zapatero se vio obligado a pagar el precio de la agenda de ajustes que el PSOE parece haberle robado al Partido Popular, la tradicional expresión política del neoliberalismo español que, según todos los sondeos, es favorita para las presidenciales de 2012. El socialismo español se inclinó por imponer una batería de recortes sociales internos, lejos de utilizar el grave contexto de la crisis como oportunidad para renegociar con firmeza política los términos en los cuales España (vale lo mismo para Grecia, Irlanda y Portugal) se inserta en la Zona del Euro que comanda Alemania con puño de hierro.

Desde la segunda mitad de 2010, con la economía aún en recesión, el gobierno español avanzó en una seguidilla de medidas de austeridad, tal como gusta denominarlas Zapatero. Dispuso un inédito tijeretazo del 5 por ciento en los salarios nominales de los empleados públicos y su congelamiento –al igual que el de las jubilaciones– en 2011, eliminó las prestaciones por nacimiento (el llamado “cheque bebé”) y limitó otras ayudas sociales. Adicionalmente, avanzó en una reforma laboral que amplía el margen empresarial para modificar condiciones de trabajo y abarata el costo de despido, y promulgó una reforma jubilatoria que eleva los años de aporte obligatorios. Por otra parte, dispuso un recorte de 6000 millones de euros en inversión pública y exigió a los gobiernos subnacionales (autonómicos) una poda adicional cercana a los 1200 millones.

Previsiblemente, este enérgico despliegue de “keynesianismo al revés” no ha dado muestra de reactivación alguna y, en consecuencia, el círculo del ajuste recesivo español parece no tener fin. De hecho, el Banco de España publicó a fines de marzo un informe donde sostiene que, sin repunte de la actividad a la vista y con un alza de la desocupación esperada para 2011, la recaudación fiscal será menor a la proyectada por el gobierno y las erogaciones por desempleo mayores. Lejos de cuestionar el rumbo, el banco oficial clama por “más medicina”, advirtiendo que “el objetivo de recorte del gasto que queda por realizar no tiene precedente histórico ni en su tamaño ni en su extensión” y reclama redoblar los esfuerzos para evitar “riesgos de desviaciones”. Crisis, ajuste, mayor crisis, mayor ajuste. Un guión muy conocido que recuerda, una vez más, la trama final del régimen macroeconómico argentino de los años ’90.

Al igual que sucedía por aquel entonces en nuestro país, pocos en España se atreven a referirse abiertamente a la enorme restricción que representa el hecho de carecer de autonomía monetaria y cambiaria. Sin embargo, los problemas que genera la ligazón a un euro completamente sobrevaluado en función de las capacidades del sector productivo español resultan evidentes. El desempleo, como se dijo, bate records. La producción industrial se desploma, habiendo cerrado 2010 con una caída acumulada de casi el 22 por ciento respecto del nivel previo a la crisis y situándose hoy en el punto más bajo de los últimos 15 años. Por su parte, los desajustes crónicos de las cuentas externas daban ya señales claras de un desequilibrio estructural: el déficit de cuenta corriente en la última década promedió un alarmante 6 por ciento del PIB, rozando el 10 en los años más expansivos del período. Además, la adopción del euro planchó los tipos de interés en España y estimuló el festín de endeudamiento que alimentó durante años la gigantesca burbuja inmobiliaria.

Para completar el cuadro, la presión externa que enfrenta España para profundizar los ajustes es enorme y se acrecienta aún más a partir de la reciente caída de Portugal. La canciller de Alemania, Angela Merkel (secundada por el presidente francés Nicolas Sarkozy y por el presidente del Banco Central Europeo, el ultraconservador Jean-Claude Trichet), comanda una verdadera cruzada para imponer “mayores compromisos” por parte de los países del euro. Ya en Davos, a fines de enero, Merkel había proclamado la necesidad de profundizar el camino de austeridad en Europa, chocando con la posición del secretario del Tesoro de EE.UU., quien sostuvo que no era aún razonable reducir los déficit públicos. En las reuniones del Consejo Europeo de los últimos dos meses, la nueva “Dama de Hierro” europea concretó esas exigencias presionando por la adopción de un paquete de reformas fiscales y laborales que buscan, entre otros ajustes, eliminar la indexación automática de los salarios a partir de la inflación e incluir en las constituciones nacionales cláusulas que limiten el déficit público. Diez años atrás, ni siquiera la implacable Anne Krueger, por entonces subdirectora del FMI, había llegado tan lejos con las exigencias de condicionalidad y sumisión política que buscaba imponer a la Argentina para otorgar nuevas líneas de financiamiento.

“La solidaridad no puede ser a costo cero”, advirtió Merkel recientemente, dejando claro cuál era el precio que ponía Alemania a su decisión de abrir finalmente la mano para ampliar el fondo de rescate europeo. Y vaya que no lo es

* Economista UBA y vicepresidenta de AEDA.

** Economista UNQ y AEDA.