Islandia, el pequeño país de la Europa boreal, está sumido en una profunda crisis desde el 2008. Sus habitantes han logrado bloquear la salida neoliberal y conseguido conquistas importantes. Una sucesión de acontecimientos políticos impulsados por fuertes movilizaciones sociales ha forzado la renuncia en bloque del gobierno y el adelanto de las elecciones. La convocatoria a dos referéndum populares culminó con el voto masivo por el no pago de la deuda, el enjuiciamiento y encarcelamiento de los banqueros y funcionarios y la posibilidad de contar con una nueva Constitución Nacional. Sin embargo, solo las redes alternativas y algunos portales han hecho circular estas informaciones, que en su gran mayoría han sido ignoradas por los medios tradicionales.

Esta isla, rodeada de islas e islotes aún más pequeños, de conjunto alcanza una extensión de unos 103.000 km2 que albergan a 330.000 habitantes. Su economía dispone de importantes fuentes de energía hidráulica y geotérmica, pero depende mucho de la industria pesquera, que representa un 40 por ciento de sus ingresos y da empleo al 7 por ciento de la fuerza de trabajo. El Estado garantiza asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita a sus habitantes. La esperanza de vida está entre las más elevadas del mundo y la tasa de desocupación era insignificante.

En el 2007 ascendió al primer lugar en el índice de desarrollo humano del PNUD, muy por delante de países como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. En el 2009 fue calificado por la ONU como el tercer país más desarrollado del mundo, siendo rankeado su PBI “per cápita” entre los primeros diez. Sin embargo, a partir del 2003 –año en que se concreta la privatización de sus tres principales bancos (Kaupthing, Glitnir e Icesave)– el país ingresa de lleno en los flujos financieros internacionales. Se desenvuelve desde entonces una política de endeudamiento. Comienza a incubarse una crisis que estalla en el 2008, considerada la primera expresión de la crisis mundial que hoy tiene como epicentro la Eurozona.

Todo tuvo inicio cuando a partir de la privatización bancaria el gobierno impulsó una política de “vivienda propia”, que los bancos apoyaron con créditos hipotecarios de fácil acceso y cuyas cuotas estaban atadas a la evolución de los precios, pero no a la de los salarios. Al mismo tiempo, el consumo fue alentado con créditos de corto plazo. Cuando en 2008 el déficit de balanza comercial obligó a devaluar la moneda un 50 por ciento, la inflación se disparó y esas cuotas resultaron impagables. Para financiar ese festival crediticio, los bancos tomaron fondos en el mercado mundial, especialmente en Gran Bretaña y Holanda. Al momento del estallido, el endeudamiento bancario superaba en diez veces al PBI nacional. Resultado: más de la tercera parte de la población está sobreendeudada, 13.000 viviendas fueron embargadas y decenas de miles de familias ingresaron en la pobreza.

La resistencia de la población ha roto con la política de “lo posible” y ha conseguido logros significativos. La secuencia de estos hechos es por demás significativa:

- En 2009 las movilizaciones y manifestaciones callejeras, incluidos cacerolazos a lo argentino, rechazaron el plan de ajuste del FMI, hicieron renunciar al gobierno y obligaron a convocar elecciones anticipadas. El nuevo gobierno intentó por ley imponer una reestructuración de la deuda, que alcanza a los 3500 millones de euros, que implicaba que cada familia pagara 100 euros por mes durante 15 años.

- En 2010 la población nuevamente en las calles rechaza esta ley, el presidente decide entonces no ratificarla con su firma y convoca a un referéndum popular. El 93 por ciento de los votantes se expresa por el no pago de la deuda. En paralelo se desenvuelve una investigación sobre las responsabilidades de la crisis, que concluye con varios banqueros y funcionarios enjuiciados y presos, mientras otros huyen del país.

- En 2011, un nuevo referéndum ratificó el no pago por el 60 por ciento de los votos.

En numerosas oportunidades la sociedad islandesa se planteó reemplazar la Constitución Nacional vigente desde 1944, una copia de la dinamarquesa. La actual crisis financiera estimuló esta necesidad y abrió el debate político, por lo que el Parlamento resolvió la creación de la Asamblea Constituyente, para la cual fueron elegidos por el voto popular 25 representantes (10 mujeres y 15 hombres), entre los más de 500 que se postularon. Sin embargo, antes que se iniciaran las deliberaciones, la elección fue invalidada por el Tribunal Supremo por vicios procedimentales. La Asamblea fue transformada entonces en Consejo Constitucional, integrado por las mismas personas antes elegidas. Comenzaron a sesionar a principios de abril en tres grupos, las reuniones son públicas y se pueden consultar en un sitio web. Debe elevar sus propuestas y conclusiones a fines de julio próximo.

Más allá del resultado final de esta crisis, Islandia muestra que es posible pensar en salidas alternativas, que no es imprescindible salvar a los bancos como paso previo a cualquier otra medida. Que es posible romper con el posibilismo que impone el cerco neoliberal y hacer que los costos no los paguen los que siempre los pagan. Que hay otro camino, que implica decisiones no solo económicas sino fundamentalmente políticas y democráticas. La importancia económica no es en realidad significativa para el resto de Europa, pero sí su contenido político. En rigor un mal ejemplo. Tal vez esta resulte la principal razón de por qué tienen tan poca prensa los acontecimientos que desde hace más de dos años se desarrollan en Islandia

* Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).