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La distribución de la recaudación tributaria siempre fue motivo de controversias entre la Nación y las provincias. Se cuestiona una creciente centralización de los recursos en desmedro de las administraciones provinciales. Esa disputa incluso se trasladó a los estrados judiciales cuando el gobernador santafesino demandó al Estado Nacional la restitución del 15 por ciento de la masa coparticipable destinada a financiar el sistema de seguridad social. Tanto esa detracción, como otras menores que le siguieron, fueron implementadas durante las administraciones de Menem, De la Rúa y Duhalde. No existió ninguna disminución adicional implementada por el gobierno nacional del 2003 a la fecha. Por el contrario, el Decreto de Necesidad y Urgencia 206/09 constituyó un “Fondo Federal Solidario” a través del cual se remiten a las provincias recursos no coparticipables: el 30 por ciento de la recaudación de los derechos a la exportación de soja y sus derivados. Además, se produjo un sustancial incremento de transferencias presupuestarias destinadas a financiar planes sociales, obras públicas, construcción de viviendas y se diseñaron distintos programas tendientes a aliviar las cuentas fiscales provinciales. Así, “los recursos que el Sector Público Nacional remesa a las provincias, se mantuvieron alrededor del 6 por ciento del PIB en todos los años de la década de los ‘90 y empezaron a crecer desde el 2004 para ubicarse por encima del 8 por ciento desde 2005 hasta 2008. En 2009, un nuevo incremento, en este caso exclusivamente en las transferencias presupuestarias, llevó esta relación a casi el 9 por ciento del PBI y en 2010 se produjo una nueva alza para llevar las remesas a provincias al 9,4 por ciento del PBI”, explican los economistas Alfredo Iñíguez y Ramiro Manzanal en el documento Entre los dichos y los hechos en la relación Nación-Provincias publicado en la revista Entrelíneas de la Política Económica.

Aunque la oposición cuestiona el incremento observado en las transferencias discrecionales, también se registra un fuerte aumento de la coparticipación federal. Entre 1993 y 2010, las transferencias automáticas se elevaron del 3,4 al 5,6 por ciento del PIB. En ese último porcentaje no se incluyen los montos acreditados por el “Fondo Soja”. Los cuestionamientos también apuntan a que el incremento de los montos coparticipados resultó inferior al crecimiento de la recaudación tributaria nacional. Manzanal e Iñíguez refutan ese argumento sosteniendo que “la ostensible expansión de la recaudación tributaria en los últimos años tiene varias causas, dos de las cuales se explican por medidas de política que afectaron a dos fuentes de recursos que no son estrictamente impuestos y que por definición no corresponde que se compartan con los gobiernos subnacionales: las cargas para la Seguridad Social y los Derechos de Exportación. Las cargas no son impuestos sino, como su nombre lo indica, aportes y contribuciones que tienen como destino el financiamiento del sistema de seguridad social. Estos recursos crecieron en los últimos tiempos por tres razones: la recuperación del salario real de los trabajadores formales; el aumento de los puestos de trabajo formales y por la eliminación del régimen privado de capitalización individual. Los Derechos de Exportación, junto al resto de los gravámenes que recaen sobre el Comercio exterior, son, por origen en cuanto a la conformación del Estado Nación, recursos destinados a financiar las actividades del propio Estado Nacional”.

En esa línea, Iñíguez y Manzanal recalculan la evolución de las transferencias de recursos nacionales a las provincias, excluyendo las cifras correspondientes a las cargas sociales y a los gravámenes al comercio exterior. Los resultados revelan un fuerte crecimiento de los montos transferidos durante los últimos años. Los fondos coparticipados representaban cerca del 30 por ciento de los impuestos nacionales durante la primera mitad de la década pasada. Esa proporción se fue retrayendo progresivamente hasta alcanzar el 23,6 por ciento en 2002. A partir del 2003 se retomó una tendencia ascendente hasta llegar al 31 por ciento actual

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