La incertidumbre sobre la economía norteamericana y el futuro del dólar, la crisis europea y los conflictos armados en Africa del Norte y Medio Oriente plantean un escenario que invita a la carrera en busca de un seguro y redituable refugio para el capital. Como anticipando la jugada, el sistema financiero internacional incluyó, en 2002, al oro en el grupo de commodities con fondos de inversión propios. Ligados al índice del precio internacional de este metal, la creciente inversión en estos fondos disparó, junto con la demanda de monedas y barras, la cotización aurífera. A partir de allí, la inversión financiera y el precio iniciaron juntos el sendero del crecimiento sostenido. En efecto, mientras que la demanda de la industria joyera (concentrada básicamente en India) presenta una evolución decreciente durante la primera década del siglo XXI, y las necesidades de la industria tecnológica se mantuvieron relativamente estables, la demanda de oro para inversión creció un 273,4 por ciento, acompañando el histórico derrotero del precio internacional

En este contexto, las reformas al marco normativo del sector, aplicadas en la Argentina durante la década de 1990, despertaron el interés de las principales transnacionales mineras. No es para menos, la actividad goza de estabilidad fiscal por 30 años, se encuentra beneficiada por la exención impositiva para la importación de bienes de capital, insumos, y equipos, y cuenta con un régimen de amortización acelerada tanto para las inversiones en exploración, como para las de capital destinadas a nuevos proyectos o a la ampliación de la capacidad productiva. La libre disponibilidad de las divisas y el establecimiento de un máximo de 3 por ciento (sobre el valor boca mina) para el cobro de regalías, terminaron de componer el paquete neoliberal sancionado en 1993 (Ley Nº 24.196).

Sobre la base de una importante reserva aurífera, la producción argentina de oro se disparó durante la última década. Hacia 2002, Minera Alumbrera, en primer lugar, y Cerro Vanguardia, exportaron alrededor de 1,04 millones de onzas troy; en tanto que en 2010 la producción local alcanzó los 2,8 millones de onzas troy, presentando un incremento de 172 por ciento respecto de los valores de 2002. En el camino, se incorporaron importantes proyectos: en 2006 se inauguró el proyecto Veladero (Barrick Gold), mientras que en 2007 se inauguró el proyecto San José (Hochschild), y en 2009 los proyectos Manantial Espejo (Pan American Silver) y Gualcamayo (Yamana Gold).

Como resultado de la fuerte desregulación de la actividad, las regalías provinciales constituyen en la actualidad el único instrumento legal de relevancia que garantiza la participación del Estado en los beneficios sectoriales y, sobre todo, en la renta generada. Debido al entramado judicial que envuelve el establecimiento de retenciones para las exportaciones metalíferas, es difícil determinar qué empresas efectivamente pagan este impuesto.

Las exportaciones auríferas crecieron acompañando el sendero de la producción y potenciadas por el precio internacional. Obviando los distintos regímenes provinciales de promoción, y suponiendo que los erarios locales cobran el máximo porcentaje de regalías permitido, los resultados son deprimentes. Subsidiadas directa e indirectamente, las distintas transnacionales mineras exportaron oro, entre 2001 y 2005, por 613 millones de dólares, garantizando un total de 18,4 millones en concepto de regalías. En tanto, entre 2006 y 2010 las exportaciones auríferas ascendieron a un total de 4887 millones de dólares, mientras que las regalías garantizaron a las provincias ingresos, sin descontar los pasivos ambientales generados, por 146,6 millones. Estos ingresos representan sólo el 12 por ciento de los ingresos corrientes, en 2010, de la provincia de San Juan.

En un contexto en el que los bancos centrales del mundo dejaron de vender oro para pasar a comprarlo, la creciente producción aurífera nacional se inserta en la escalada global de especulación financiera, garantizando extraordinarias ganancias a las transnacionales mineras. En este sentido, una reforma del esquema normativo neoliberal heredado debería apuntar a reafirmar la soberanía sobre los recursos naturales no renovables desactivando el complejo de incentivos fiscales sancionado y profundizando el control federal sobre la actividad

* Sociólogo, Flacso/Conicet