Cuando Néstor Kirchner decidió incluir 2 millones de adultos mayores al Sistema Previsional Argentino, y Cristina Fernández de Kirchner dispuso la incorporación de 3.700.000 asignaciones universales por hijo a la seguridad social, marcaron un hito definitivo en nuestra historia. Es la opción por la inclusión social. Así, al principio de solidaridad definido con el retorno al sistema de reparto, se sumó el de universalidad, con una cobertura del 95 por ciento de la población por las redes de seguridad social, lo que con la tasa de sustitución próxima al 65 por ciento, nos ubica, lejos, como el mejor sistema previsional de América latina.

No hace falta ser un experto en seguridad social, ni un master en Economía, para reparar en que semejante inclusión postergaba la posibilidad de cumplir expectativas de reajustes mayores en los haberes de los jubilados de mayores ingresos, provenientes de 14 años de inmovilidad en sus prestaciones y hasta de una quita del 13 por ciento de sus haberes. Esta opción preferencial por los humildes y excluidos fue una constante en la gestión de Néstor y Cristina. Son una serie de actos de gobierno; todos en la misma dirección. Y todo plan implica, por definición, la determinación de prioridades. En principio, atendiendo a la mínima, con diez aumentos por decreto. Luego sancionamos una ley de movilidad, con lo cual se cumplimentó no sólo el fallo Badaro, sino un imperativo constitucional.

Con la derogación de las AFJP, el retorno al sistema de reparto y la creación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema de seguridad social, se produjo el hecho político con trascendencia económica más importante para el país, sólo comparable con la política de quita de capital de la deuda en default y desendeudamiento externo. Y con Cristina, incluimos en la red de seguridad social a los hijos de los trabajadores en negro y de los desocupados. Debemos seguir transitando este camino, siempre en el mismo sentido. Pero, cuando en nuestro actual sistema, y en muchos fallos judiciales, se determina que no debe haber topes en los haberes pero sí en los aportes, razonamos exactamente al revés. Ojalá esta composición de la Corte, o una futura composición, cambie este criterio.

Un sistema solidario requiere por el contrario que no haya topes en los aportes y que sí los haya en los haberes. En primer término, porque el sistema previsional de reparto no se rige por los principios de la justicia conmutativa, sino que se rige por la justicia distributiva: “A cada uno lo que necesita”. Y en segundo lugar porque lo que necesita cada adulto mayor es una prestación sustitutiva del salario, que tiene como objetivo principal un ingreso que lo acompañe hasta su muerte, y que, si bien debe determinarse en parte por la medida de los aportes, esto tiene como límite la función del consumo. Y ello, porque si alguien tuvo los aportes de los diez últimos años, o de toda su actividad laboral muy por encima del promedio nacional, seguramente, tendrá resueltos sus problemas centrales (casa, ahorros) y, por tanto, lo que el sistema le debe brindar es solamente el haber necesario para que mantenga el nivel de consumo al que estaba habituado, no el nivel de ahorro, o el nivel de ingresos excedentes a dicho consumo. La opción es clara: mayor inclusión social o caer en el error de fomentar privilegios

* Diputado de la Nación. Presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.