La historia reciente y el actual episodio de la crisis de nuestro país sugieren múltiples paradojas. Elijo cinco para reflexionar acerca de la muy compleja trama implicada.

La primera es la que surge del contraste entre la imagen de violencia extrema y descontrolada que han transmitido al mundo los medios masivos y la sustancial “autocontención” que muestran las mayorías argentinas ante al derrumbe (y sus efectos sociales extremadamente asimétricos). Esta moderación tiene su explicación en la historia nacional –la generalizada conciencia popular acerca de las ventajas que la derecha ha obtenido, casi siempre, en las confrontaciones violentas– y también, sin duda, límites sociales y políticos (de no lograrse un pronto alivio en la situación).

Esta paradoja ha sido advertida por muy pocos observadores externos. “En varias visitas que realicé a la Argentina –destacó Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía– me sorprendí del largo tiempo que llevaban sufriendo sus habitantes; a mí no me resulta tan sorprendente que los alborotos callejeros hayan destituido al presidente como que esos disturbios hayan tardado tanto en producirse.”

La segunda paradoja resulta del contraste entre las consignas maximalistas de condena en bloque a la “clase política” (“que se vayan todos”, ha sido la dominante) y el mayoritario respaldo de los argentinos al sistema democrático. En una reciente encuesta realizada en Buenos Aires y sus alrededores (en febrero último) el 85 por ciento de los consultados lo consideró preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 74 por ciento, sin embargo, se mostró insatisfecho con su funcionamiento. Parece evidente, entonces, la presión que existe a favor del surgimiento de nuevos agrupamientos y liderazgos políticos y sociales. La resultante de este proceso de cuestionamiento de las representaciones resulta una de las incógnitas clave del futuro argentino.

La tercera paradoja se vincula con una circunstancia económica crucial pero poco abordada (dentro y fuera del país). Durante más de un cuarto de siglo (1976-2002) los gobiernos argentinos se han empecinado en aumentar el endeudamiento público externo mientras los activos de los argentinos mantenidos en el exterior alcanzaban un nivel que ha oscilado entre no menos del 80 por ciento y hasta el 120 por ciento de la deuda pública nacional acumulada (esta relación sería hoy de entre 85 por ciento y 120 por ciento de acuerdo con fuentes oficiales y externas, respectivamente). Se estima que cerca del 90 por ciento de estos activos se sustraen al control fiscal. Vale decir, resultan producto de la evasión tributaria, la fuga de capitales u otras actividades ilícitas (la fuga de capitales no lo ha sido hasta el establecimiento reciente del control de capitales, luego del estallido de la crisis).

¿Se referirá a esta circunstancia el secretario del Tesoro de los EE.UU. O’Neill, cuando menciona la necesidad de “tapar los agujeros” en Argentina antes de “llenar el balde”?

La cuarta remite al discurso de los organismos multilaterales y los países rectores (EE.UU. y la UE) que ha pasado –sin inmutarse– del lema del “mejor alumno” que dominó toda la década pasada al presente sonsonete del “sufrimiento necesario” y el “inevitable dolor” (a través de los cuales seríamos redimidos). Caído el mito de “la Argentina rumbo al Primer Mundo”, la performance de los ’90 aparece redefinida ahora como una larga fiesta local cuya demorada cuenta nuestras mayorías se negasen a pagar.

Esta flagrante inconsistencia intertemporal del discurso tiene, a mi juicio, múltiples raíces. Entre ellas: i) la elusión de la propia responsabilidad por parte de los actores centrales (los del “Primer Mundo”); ii) la crisis universal de las ideas económicas; iii) la hegemonía de los intereses financieros en el proceso de globalización (fueron los más beneficiados por las altísimas tasas de interés con seguro de cambio gratuito que se ofreció durante casi 11 años); iv) el esfuerzo para disimular la absoluta desnudez (conceptual y operativa) de los organismos multilaterales (FMI/BM/BID); v) las tendencias resultantes del “unilateralismo” y el discurso único (del “antiterrorismo”) del gobierno de los EE.UU., que han implicado graves retrocesos en el necesario proceso de reconocimiento (y reparación) de las asimetrías y daños que la globalización supone para los más débiles; y vi) la voluntad de castigar a Argentina por ser “responsable” del default más importante de las últimas décadas.

Puede sumarse, por último, una quinta paradoja. La que resulta del contraste entre la historia previa de la nación argentina (y su personalidad), y las serias amenazas que enfrenta la continuidad de su Estado-nación. Supimos construir un país relevante –diversificado y pujante, con una población instruida y laboriosa, bastante equitativo– con una personalidad reconocida; en especial por su cultura, música, literatura, cine y deportes y también por sus héroes/antihéroes (el general San Martín, Perón/Evita, el Che Guevara). En menos de dos siglos y sobre un territorio que era, en gran medida, un desierto. Argentina llegó a ser percibida como la contracara del “crisol de razas” norteamericano. Este último fue expansivo, cultor del individualismo y del “destino manifiesto”. Nuestro “crisol del Sur” fue, en contraste, muy autocentrado en un principio aunque terminó resultando sustancialmente abierto al mundo como consecuencia de sus tempranas fantasías liberadoras, de cooperación y solidaridad (“universalistas”, finalmente).

El Estado/nación argentino enfrenta hoy, sin embargo, los riesgos de su desaparición; podría constituir el primer caso –en un eventual deterioro del presente curso de los acontecimientos– entre los que parece preanunciar el rumbo globalizador.

Las amenazas no sólo proceden del campo económico y social: extrema desnacionalización; pobreza inexplicable; sangría creciente de sus recursos humanos más calificados; peso insostenible de una deuda externa que tiene como contracara –como ya vimos– la fuga de capitales de los argentinos privilegiados, que ven a su tierra como un “país-dormitorio”. También se expresan en la esfera político-institucional: a las severas consecuencia de la crisis política, se suma un previo y largo proceso de deterioro de la división de poderes y, en consecuencia, del entramado legal, el sistema de representaciones y la propia administración pública. También se ha resentido la articulación federal, al ponerse en cuestión las autonomías provinciales y municipales (y la propia viabilidad de sus administraciones).

Extremos condicionamientos adicionales resultan de las decisiones (u omisiones) del Tesoro de los EE.UU. y los gobiernos de la Unión Europea. También proceden, en muchos casos, de la oscura e irresponsable “intermediación” técnica del FMI y de la sustancial carencia de ideas consistentes que estos actores parecen mostrar. Estas circunstancias del “entorno global” plantean entonces serias amenazas para la existencia de nuestro Estado-nación.

La versión extrema de estas amenazas resulta de propuesto el economista Rudiger Dornbush: una intervención extranjera directa en nuestro gobierno con el fin de asegurar el control foráneo de cinco posiciones decisorias clave (entre ellas, la banca central, la recaudación tributaria, la administración del gasto y las relaciones con las provincias), a través de tecnócratas “offshore”. En rigor ya se ha avanzado mucho en esta dirección. En el período 1996/2000, en dos administraciones sucesivas, estuvo al frente de la gestión tributaria un funcionario del FMI que no tuvo éxito en su cometido de elevar la recaudación a contracorriente de la caída de la actividad económica (para asegurar el pago de nuestra deuda). Hace pocas semanas fue designado al frente del “autónomo” Banco Central un alto ex funcionario del Fondo que se ocupó de la crisis asiática junto con el actual “veedor” visitante en el país (el responsable de la flamante división de “Operaciones Especiales” del FMI que se ocupa de la crisis local). En cuanto a las relaciones con las provincias, los funcionarios del FMI ya han comenzado a tratar directamente con ellas, salteando la intervención del gobierno nacional, e imponen a este último –desde hace mucho tiempo– condicionamientos y decisiones incompatibles con el ordenamiento constitucional, acentuando su deterioro

* Economista.

Texto concluido el 02.04.02.