La situación nacional en materia de desendeudamiento fuerza un contraste notable con los números de algunas provincias. Mientras el nivel de deuda pública cerró el 2011 en un 37,8 por ciento del PBI (medido en dólares), algunas provincias han tenido que recurrir al Gobierno para refinanciar sus pasivos. En diciembre se anunció la prórroga por dos años de los vencimientos de las deudas provinciales con la Nación, lo que benefició a 17 de ellas. Así consiguieron esquivar el desembolso de 22.000 millones de pesos que estaban previstos para este año.

La situación financiera de algunos distritos ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Hay quienes entienden que ese anuncio es sólo una pantalla que esconde la peligrosa tendencia centralista de un Gobierno con vocación hegemónica, que ahoga las arcas provinciales y utiliza el sistema de premios y castigos para someter a las provincias no alineadas, beneficiando sólo a las que le responden políticamente. El problema de este tipo de enfoques es que poco dicen sobre las causas de esos pasivos, que llevaron a la implementación del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, en mayo de 2010.

La deuda total a septiembre de ese año, última fecha de la que se disponen datos, asciende a 100.746 millones de pesos. El principal acreedor de ese monto es el gobierno nacional (75.000 millones), como consecuencia de préstamos que otorgó la Nación y el rescate de las cuasimonedas que se realizó desde el gobierno nacional luego de la crisis de 2001. En el ranking de deudas, las provincias más comprometidas son Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Formosa, y en el otro extremo se ubican La Pampa, Santa Cruz y Chubut. Con ese programa, las provincias redujeron su pasivo con la Nación en 10.000 millones de pesos como consecuencia del giro de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) acumulados en los años previos.

Analizar las causas de algunos endeudamientos provinciales también requiere hacer foco en las propias administraciones locales. Algunas son reticentes a aumentar la presión fiscal con recursos propios para evitar deslegitimarse políticamente, y enuncian quejas permanentes al gobierno nacional reclamando por una mayor coparticipación de impuestos. Más allá de la importante discusión sobre la posibilidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación federal, algunas de esas provincias deberían reconsiderar su propia estructura tributaria como forma de incrementar sus ingresos, así como la manera en que distribuyen los recursos entre sus municipios, conocido como “distribución secundaria”.

Buenos Aires es un caso a destacar. Se trata de la provincia que reclama mayores recursos coparticipables pero al mismo tiempo es de las más atrasadas en la distribución a comunas, como publicaron en Cash los investigadores de la Universidad de General Sarmiento, Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Irene Grinberg y Martín Mangas. Los impuestos a los Ingresos Brutos, que son trasladables a los precios, aumentaron de 50 a 75 por ciento en los últimos años, mientras que otros progresivos, como el de patentes o el impuesto inmobiliario, hoy representan apenas 7 por ciento cada uno en el total de la recaudación bonaerense. Por lo tanto, un principio de solución para la provincia, que es por lejos la que registra el mayor nivel de endeudamiento (24.204,4 millones de pesos), sería revisar su propia estructura tributaria y aumentar sus recursos fiscales gravando sobre los que más tienen. Por la prórroga anunciada en 2012 y 2013, Buenos Aires evita pagar alrededor de 3000 millones de pesos, lo que representa el 2,6 por ciento de su presupuesto.

La prórroga que el gobierno nacional anunció para la cancelación de las deudas es otro intento por descomprimir las cuentas públicas provinciales y evitar, así, los efectos de la crisis financiera internacional. Supone, además, una medida a ser interpretada desde lo político antes que desde lo fiscal, teniendo en cuenta que la tasa de interés es de apenas el 6 por ciento anual. Esto sin dudas refuerza la independencia de las administraciones provinciales. Medidas complementarias como el Fondo Federal Solidario de coparticipación de los recursos de la soja, que distribuirá alrededor de 7000 millones de pesos este año, deben ser analizadas en igual sentido

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