El Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos (Gepcyd), conformado por quince investigadores del Instituto Gino Germani (UBA), estudia la problemática del mundo rural. A través de distintas investigaciones pueden dar cuenta de cambios en esta disputa que se expresa en la posesión de la tierra y en modelos agropecuarios. Por un lado, la dinámica del agronegocio y, por el otro, la producción para el mercado interno.

Durante 2006/7 el equipo del Gepcyd estudió lo que había ocurrido con la producción agrícola en la zona de San Pedro, tradicionalmente dedicada a la pequeña producción frutihortícola, sobre todo para el consumo interno. Encontraron un fenómeno de “territorialidad excluyente vehiculizada por el agronegocio como nueva configuración de la ruralidad”, como describen el proceso por el que se cambia la relación que tienen los productores con sus propias tierras. Como explican esos investigadores, “lo que ocurre en San Pedro es sintomático. Durante los ’90 se va destruyendo un andamiaje institucional, sobre todo gracias a la desregulación, que permitía el desarrollo de una producción orientada al mercado interno. En el 2003, con el precio más bajo para la soja en dos décadas, se inicia un proceso muy distinto, de tipo agrícola-industrial, que se realiza con grandes inversiones y maquinaria. Pero no fue exclusivamente una decisión racional del homo economicus sino que tuvo que ver con decisiones político-institucionales desde el Estado. Se instala un sistema agroalimentario donde se ponen la tecnología, las tierras, la mano de obra en función de la producción de bienes para el mercado internacional y se desmonta un circuito que tiene que ver con la producción de bienes de consumo interno”. A partir de allí los pequeños productores no encuentran lugar en la cadena productiva agrícola y en general arriendan o venden sus tierras. En algunos pocos casos consiguen otras tierras para hacer producción a escala y abandonar los frutales con los que proveían al mercado de Rosario o Buenos Aires. Los peones, por su lado, quedan directamente sin trabajo porque el paquete agroindustrial prácticamente no necesita mano de obra.

Los efectos colaterales de este modelo pueden verse en San Pedro. Además de la mencionada desocupación o la desaparición de frutales, la forma particular con la que se produce la soja transgénica, con grandes cantidades de agrotóxicos, daña el medio ambiente y, por ejemplo, mata las abejas de la zona. “Lo extraño de todo esto es que los apicultores no se resistieron: veían la situación como una fatalidad y pensaban en cambiar de actividad o irse a otra parte”, lo que habla de lo profundo que caló el discurso neoliberal aun entre los perdedores del modelo.

Hasta la ganadería de la zona se vio desplazada hacia las islas en un comienzo, hasta que allí también comenzó a plantarse soja transportando las maquinarias con balsas. Parte de los incendios del 2008, cuyo humo llegó a la ciudad de Buenos Aires, fueron para desmontar esas islas.

Los investigadores también encontraron un fenómeno particular dentro del nuevo modelo de agronegocios al que denominan “supermercadismo”, que se caracteriza por la intervención directa de las grandes cadenas en todos los eslabones que llevan a la venta, incluida la producción.

En el Chaco

En 2007 al Gepcyd inició otra investigación en el Chaco (que continúa hasta hoy) y que les permitió ver cómo el fenómeno percibido en San Pedro tenía similitudes y diferencias con lo que ocurre en otros puntos del país. El avance agroindustrial continúa en la actualidad gracias al fortalecimiento de un paquete tecnológico que ahora permite llegar a suelos menos ricos que anteriormente se consideraban, al menos desde ese modelo, como improductivos. Es por eso que la frontera productiva de los pooles de siembra avanza junto con intereses económicos muy fuertes que, obviamente, permean a los poderes políticos. Es que ningún gobierno regional resigna fácilmente los ingresos que pueden generar commodities con precios elevados.

“En el Chaco pasó algo particular”, explican desde el colectivo de investigadores. En el Chaco hay organizaciones campesinas que dijeron: “No, ése no es el único camino, tenemos que pensar no cómo nos integramos sino cuál es nuestro camino”, lo que llevó a una disputa por la tierra. Estas organizaciones provienen de los años ’80 y ’90, cuando los campesinos que se dedicaban mayoritariamente a la producción de algodón tuvieron que reconvertirse en pequeños ganaderos por la caída del precio de sus productos. Para ellos necesitaron avanzar sobre otras tierras. Varias ONG capacitaron a los campesinos en esa transición, lo que permitió, entre otras cosas, una producción que no hiciera necesario el desmonte, por lo que se preservaba el medio ambiente local. Con estos campesinos organizados, que además producían alimentos para los locales y ellos mismos, chocó la lógica agroindustrial en una disputa que tuvo muchas batallas.

“El caso del Chaco es distinto al de San Pedro, porque allí los campesinos no se resignaron a ser un excedente de población e irse a las ciudades, sino que lucharon para preservar sus formas de vida.” En los últimos años la Unión de Pequeños Productores de Chaco logró que el gobierno provincial diera a esos campesinos la posesión de la tierra bajos diferentes figuras que trajeron tranquilidad a los productores. Se logró la figura de Reservas Campesinas, una suerte de tenencia comunitaria que permite recibir tierras del gobierno en comodato. Bajo estas modalidades en 2010 los campesinos habían recuperado su derecho sobre más de 20.000 hectáreas.

En resumen lo que está en disputa son dos modelos: uno volcado al mercado externo, fundamentado en la rentabilidad y la productividad a base de tecnología y capital intensivo, que genera divisas y cuyo costo es la expulsión de campesinos a las ciudades, la reducción de la cantidad, calidad y diversidad de los alimentos, la destrucción del ecosistema. Por el otro lado hay un modelo regional de pequeños productores autosustentables que ocupan a la población, que mantiene la biodiversidad, y que desconcentra la producción, pero que no genera divisas.

El Estado parece debatirse entre estos dos modelos: por un lado, se creó en 2008 la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, pero por el otro depende de las divisas de la producción sojera