Si bien las reformas neoliberales que se implementaron en la industria petrolera argentina durante los ’90 compartieron características generales con las demás experiencias latinoamericanas, éstas adquirieron algunas características específicas.

En Argentina, se privatizó íntegramente la empresa estatal, YPF. Se desregularon los mecanismos de asignación de la producción y de fijación de precios, permitiendo que al 2010 un oligopolio privado controle el sector: cuatro firmas extraen el 66 por ciento del petróleo (Repsol-YPF, Pan American Energy, Chevron y Petrobras), cuatro el 75 por ciento del gas (Repsol-YPF, Total Austral, Pan American Energy y Petrobras) y tres explican el 80 por ciento de los productos refinados (Repsol-YPF, Shell y Esso), como se muestra en el documento “20 años de la privatización de YFP. Balance y perspectivas” que publicamos con Ignacio Sabbatella en la edición de octubre de Voces en el Plan Fénix. Incluso, permitieron una apertura comercial sin precedentes, habilitando la libre exportación del crudo extraído sin ningún tipo de impuestos hasta las retenciones sancionadas en 2002, que fueron ampliándose durante la última década.

Por el contrario, las reformas efectuadas en el resto de Latinoamérica no replicaron la profundidad del caso argentino, ya que las petroleras públicas más grandes continuaron siendo de propiedad estatal lo que les permitió mantener su control estratégico.

-Brasil. En 1995, luego de cuatro décadas de monopolio estatal a través de Petrobras, se generó cierta apertura del sector al aprobarse en el Parlamento la llamada “Enmienda Constitucional Nº 9”, que permitió el ingreso de inversiones privadas a las actividades de los hidrocarburos. A mediados de 1997, se sancione la Ley 9478 (“Ley del Petróleo”), que inició la desregulación y la apertura comercial tanto para el capital nacional como para el trasnacional. Sin embargo, el gobierno federal conservó la mayoría de las acciones ordinarias de Petrobras, que son las que le aseguran tener control político sobre las decisiones de la empresa. Incluso, aunque se implementaron rondas de licitaciones de yacimientos estatales, el Estado nacional protegió el rol protagónico de su petrolera en la llamada “Ronda Cero”, al ratificar en agosto de 1998 los derechos de Petrobras sobre una gran porción de los yacimientos en las zonas de mayores reservas certificadas.

- Venezuela. Luego de la nacionalización petrolera de 1975 y de la creación, un año más tarde, de Pdvsa, las transformaciones de los ’90 buscaron relajar el monopolio estatal. En articulación con el Plan Corporativo de Largo Plazo de Pdvsa, en 1991 el Parlamento autorizó en la región más fértil del país, la Faja del Orinoco, la entrada del capital privado a las actividades de exploración y extracción de crudo mediante tres tipos de asociaciones. La primera, de explotación de campos marginales (1992). La segunda, reglada en 1993 por el Congreso y llevada a cabo a partir de 1995, de asociación estratégica de explotación entre el capital privado y Pdvsa. Finalmente, a partir de 1996, los contratos de exploración de nuevos yacimientos permitieron, luego de veinte años, el ingreso de inversiones extrajeras en exploración. Sin embargo, a pesar de la desregulación, Pdvsa es una empresa del Estado cuyo capital social es propiedad en un 100 por ciento de la República Bolivariana de Venezuela, y mantiene a través de su empresa una posición dominante en todos los segmentos de la industria.

- México. Tentado por el aluvión privatizador y aun teniendo gobiernos pro-reformas de mercado, el Estado mexicano logró mantener el dominio sobre el petróleo, en base a las disposiciones constitucionales que establecen el total monopolio estatal sobre toda la cadena productiva del sector y el control de la totalidad accionaria sobre Pemex. No obstante, a causa del endeudamiento crónico de Pemex durante los ’80 (similar al de YPF), durante los ’90 se fueron abriendo algunos pocos segmentos de la industria para la participación del capital privado. Así fue que en 1989 se desreguló una parte de la petroquímica, habilitando la inversión privada en sólo 14 productos básicos y en 734 de 800 productos secundarios, pasando a representar la inversión privada en petroquímica secundaria el 75 por ciento de la inversión total. Finalmente, en 1995 se modificó el artículo 27 de la Constitución para permitirle al capital privado la comercialización del gas natural.

El paso del neoliberalismo por la industria petrolera de la región ha dejado su huella. Pero en ninguno de los tres mayores productores fueron tan profundas como para que los Estados perdieran el control estratégico sobre la industria ni sobre sus empresas. Ya sea como mecanismo de financiamiento estatal, como insumo para mantener el abastecimiento o como palanca para dinamizar los procesos de reindustrialización, las petroleras estatales son instrumentos centrales en las ecuaciones económicas de las grandes potencias industriales de la región.

Luego del evidente fracaso del modelo de gestión privada, Argentina está nuevamente frente a un doble desafío: primero, lograr el autoabastecimiento energético para sostener la demanda industrial y aliviar la balanza comercial; y segundo, disciplinar a las empresas privadas que empujaron un sistema de subexploración y sobreexplotación. La reversión de concesiones hechas por los gobiernos provinciales en la última semana es un primer paso. A tono con la región, se plantea el desafío de si el Estado nacional volverá a tener control estratégico sobre esta industria.

La oportunidad se presenta una vez más, con el acompañamiento de las provincias. La necesidad de recuperar el control estatal para reorientar la industria. Queda ver la correlación de fuerzas sociales existentes, y la formación interna de capital, hasta donde permite avanzar

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Becario doctoral (Idaes - Conicet). Docente de la Unsam y de la UBA.