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¿Minería sí o minería no? El exponencial crecimiento en la cantidad de proyectos mineros a cielo abierto, de sólo 18 en 2002 a 614 el año pasado según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, la intención del Gobierno de promocionar la actividad modificando algunos aspectos como la compra de insumos nacionales, la liquidación de divisas o suspensión del giro de utilidades, el espectacular alza en el precio de los metales y el apoyo de una parte del pueblo de las provincias mineras a raíz de los puestos de trabajo generados y el aporte al presupuesto provincial, debería correr el eje de la discusión. La pregunta que surge entonces es qué tipo de minería se hace en Argentina y en qué medida aporta al desarrollo económico. Cash visitó el mayor yacimiento de cobre del país, Bajo de la Alumbrera, y consultó a expertos para dilucidar esta cuestión.

En Argentina, y en general en América latina, se experimenta un boom minero. En 2010, la región explicó el 27 por ciento del presupuesto exploratorio mundial, y Argentina entró en la lista de los 10 países con mayor proyección en la materia. Ese ranking lo encabezan Canadá, Australia y Estados Unidos. Según datos del Banco Central, el stock de inversión extranjera directa en minería en el país creció un 40 por ciento entre 2009 y 2010, y es el cuarto más importante de la economía nacional, detrás del petróleo, la industria química, la automotriz y las comunicaciones. La minería es el cuarto complejo exportador más grande, con ventas por casi 4 mil millones de dólares el año pasado.

Ese sostenido avance responde a varios factores. Por un lado, la industria china requiere creciente cantidad de minerales como materia prima. Además, el proceso de financierización del mercado de commodities hizo que el precio del oro subiera de algo más de 300 dólares en 2002 a 1600 dólares la onza, y el cobre pasara de 2000 dólares a 7800 dólares la tonelada. Sin embargo, el origen del boom de la megaminería es previo a la burbuja de precios y se remonta a las transformaciones en la tecnología de extracción y los cambios regulatorios en los países poseedores de los recursos.

La legislación

En la década del 90 el Banco Mundial impulsó modificaciones en unas cien legislaciones nacionales, códigos mineros y regímenes de inversión en los países periféricos, a través de las recomendaciones surgidas de su reporte de 1996 “Una estrategia minera para América latina y el Caribe”. La Argentina en la década del 90 modificó el marco legal de la actividad, con uno de los puntos salientes en la reforma del Código Minero en 1997.

A partir de la legislación de los ’90, la actividad minera goza de estabilidad fiscal por 30 años, es decir que las empresas pueden recurrir al Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial) ante la modificación de alguno de los parámetros tributarios. También deducen del impuesto a las ganancias la totalidad del monto invertido en determinar la factibilidad de un proyecto y la amortización de sus inversiones en infraestructura. La importación de maquinaria está exenta de impuestos, las mineras no pagan ganancia mínima presunta ni aranceles de importación y tienen un régimen privilegiado en relación al impuesto al cheque.

Recién a fines de año pasado el Gobierno obligó a las firmas a que liquidaran las divisas por sus exportaciones en el mercado local, y quitó el subsidio a la electricidad, agua y gas. Las empresas aseguran que requieren de la estabilidad fiscal para programar sus enormes proyectos de inversión. Es un beneficio inédito entre todas las actividades económicas.

¿Cuánto sacan y cuánto dejan?

Según datos de un reciente estudio de la consultora Abeceb.com que encargó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la presión fiscal nacional sobre la minería está en el orden del 39 por ciento del producto bruto sectorial, por debajo del complejo automotor (40 por ciento) y el agroindustrial (50 por ciento), aunque por encima de la mayor parte de las otras actividades productivas. En 2010 el aporte fiscal al Estado nacional fue de 4340 millones de pesos. El único tributo relativamente específico son las retenciones, introducidas por el ex presidente Néstor Kirchner en 2007, que permitieron recaudar 1180 millones de pesos en 2010. Las provincias, por su parte, recibieron 550 millones de pesos en regalías y otros tributos, y 710 millones en otros aportes. En tanto, la tasa de rentabilidad, según el mismo estudio, fue del 30 por ciento de las ventas, un margen mucho más alto que el promedio de la economía.

En relación a la presión fiscal en otros países, el estudio citado indica que Argentina está por encima de Chile y Canadá. En “Estudio comparativo de tributación minera”, James Otto, en el año 2000, indicó que Argentina era el quinto país en el mundo con menor presión fiscal, detrás de Suecia, Australia y Chile, entre otros, países con empresas mineras estatales, donde las mayores utilidades van directo al fisco. Si bien ese trabajo se realizó en forma previa a la aplicación de retenciones, hubo en los últimos años una tendencia mundial al incremento en la carga fiscal al sector. Ejemplos de ello se verifican en Perú, Chile, Brasil, Australia, Zambia, Estados Unidos y en algunas provincias de Canadá.

Según datos del Banco Central, la rentabilidad de la actividad minera en 2010 fue del 40 por ciento sobre el patrimonio neto, más del doble que el promedio de la economía, que fue del 18,8 por ciento. Las mineras estuvieron muy por encima del sector de comunicaciones (27 por ciento), petróleo (26,6), bancos (26,1), alimentos y bebidas (19,6), industria química (15,3) y automotor (8,6 por ciento).

Los datos muestran que la rentabilidad minera, incluso con una carga tributaria algo superior al promedio de la economía, es extraordinaria. Más todavía, esas ganancias corren riesgo de ser subestimadas. El investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Nicolás Gutman, en “Desafíos de la minería en la Argentina”, un extenso trabajo que se publicará próximamente, subraya la importancia de las acciones de manipulación de precios de transferencia que realizan las empresas, que consiste en “aumentar de manera ficticia, por ejemplo, el valor de los insumos, equipos y maquinarias importados necesarios para los proyectos, ya que este tipo de bienes no pagan impuestos de ningún tipo y pueden ser descontados del pago del impuesto a las ganancias”.

José Sbattella, actual titular de la UIF, explicó a este diario que según un trabajo del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) en cooperación con la Unctad, el Estado se apropió en 2008 del 45 por ciento de la renta de oro, y del 62 por ciento en el caso del cobre. “La minería produce fuerte deterioro ambiental, genera poco empleo y bajos encadenamientos productivos. Es necesario avanzar en nuevos modelos de explotación”, concluye el informe.

Cuestión de peso

“El principal cambio a realizar en la minería de Argentina es que la fiscalización impositiva y ambiental debe llevarse al ámbito nacional, sin perjuicio de que los fondos son y lleguen directamente a las provincias, así como de que estas también participen en la fiscalización”, indica Gutman. El ejemplo que propone seguir es el de Brasil, donde el Estado Federal negocia con las empresas extranjeras y lleva a cabo la regulación sobre las actividades, mientras que las provincias obtienen todos los fondos que les corresponden por ser dueñas de los recursos.

El argumento para justificar una mayor presencia del Estado nacional es el peso relativo. La empresa operadora de Bajo de la Alumbrera, la angloaustraliana Xstrata, por ejemplo, se fusionó recientemente con el grupo Glencore, para crear una compañía de un valor de mercado de 90 mil millones de dólares. Es la tercera firma del sector, detrás de la británica BHP Biliton (que opera en las islas Malvinas y tiene un valor de 202 mil millones de dólares), la brasileña Vale (139 mil millones) y la angloaustraliana Río Tinto (123 mil millones). Esas firmas multiplican por diez el producto geográfico de las provincias mineras. “No me disgustaría que se conformara una mesa de negociación tripartita –empresas, provincias y Nación– para lograr mejores condiciones”, admitió a Cash Eduardo Bustelo, diputado provincial en San Juan y colaborador del gobernador José Luis Gioja.

Avances

“Nosotros negociamos la mina de Veladero con un valor de 300 dólares la onza. Ahora creo que efectivamente habría que rediscutir las condiciones, para que la seguridad jurídica no se transforme en impunidad. El Congreso Nacional debe discutir qué herramientas utilizar para mejorar la captación de la renta minera”, manifestó Bustelo.

“La nacionalización de YPF proporciona un ejemplo sobre cómo puede articular el Estado nacional con las provincias un modelo de intervención. Es necesario que el sector público no sólo concesione sino que sea un socio activo en la explotación”, indicó a este suplemento Roberto Adaro, investigador del sector minero. También propone incrementar las regalías, que son un tributo por el derecho a explotar el patrimonio público. Otros expertos indican que además de las regalías es necesario cobrar un impuesto específico sobre la renta económica de las empresas.

Por otro lado, el Gobierno pretende mejorar la vinculación entre la minería y el entramado industrial nacional. Según datos del Ministerio de Industria, se podrían llegar a sustituir mil millones de dólares de importaciones en los próximos cinco años, mientras que en el sector de bienes de capital se podrían reemplazar compras al exterior por 200 millones en el primer año. Una cuenta pendiente que industriales señalan es contar con una refinadora en el país, que permita vender el producto con mayor valor agregado.